Limitar la inviolabilidad

La Mesa del Congreso ha rechazado la tramitaci¨®n de una propuesta del PNV que buscaba limitar la inviolabilidad del Rey a trav¨¦s de la reforma de un art¨ªculo de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) y sin tocar la Constituci¨®n. El informe de oficio de los letrados de la C¨¢mara rechaz¨® limitar la inviolabilidad del Rey por inconstitucional y a ese informe no vinculante se acogen los dos partidos que vetaron la iniciativa, PSOE y PP (en ausencia del representante de Vox por covid). No es la primera vez que la Mesa del Congreso impide que llegue a la Junta de Portavoces el debate sobre este mismo asunto. La propuesta del PNV defend¨ªa la reforma del art¨ªculo 55.bis de la LOPJ con el fin de que las salas de lo Civil y de lo Penal del Supremo pudieran intervenir en acciones dirigidas contra el Rey o la Reina durante el ejercicio de su cargo ¡°en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relaci¨®n con las funciones institucionales de la jefatura del Estado¡±. Dicho de otra manera, con esta reforma las actuaciones en el ¨¢mbito privado del Rey y la Reina estar¨ªan sometidas a la ley y perder¨ªan un blindaje que se antoja de otra ¨¦poca.

La inviolabilidad universal del Monarca, tanto en el ¨¢mbito privado como en el ejercicio de su cargo, ha sido la doctrina asumida por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para el archivo de las distintas causas sobre el rey em¨¦rito. Si bien en el debate constituyente de 1978, como contaba ayer este peri¨®dico, el tema no plante¨® discusi¨®n alguna y se asumi¨® la configuraci¨®n hist¨®rica y tradicional de la inviolabilidad, esa prerrogativa resulta irreconciliable con un Estado democr¨¢tico de derecho basado en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Nada justifica la exclusi¨®n del Rey del sistema de sanciones civiles o penales ante la posible comisi¨®n de un hecho delictivo en el ¨¢mbito de su acci¨®n particular. El desajuste de esta posici¨®n con las exigencias de una democracia madura y solvente deber¨ªa hacer reconsiderar la posici¨®n a los dos partidos mayoritarios de la C¨¢mara: la sinton¨ªa con Vox en esta decisi¨®n no es solo t¨®xica, sino tambi¨¦n comprometedora. Ning¨²n c¨¢lculo partidista explica mantener ese anacronismo, y tarde o temprano habr¨¢ que encontrar el cauce legal para enmendarlo. La erosi¨®n que ha vivido la Monarqu¨ªa en los ¨²ltimos a?os, acabado el prolongad¨ªsimo periodo de gracia medi¨¢tica que vivi¨® Juan Carlos I, necesita para revertirse, adem¨¢s de las medidas de exigencia y transparencia adoptadas por Felipe VI, que la Corona se integre de forma plena en los moldes de un Estado de derecho al que no puede escapar el Rey en su actividad personal. La falta de ejemplaridad de la conducta del rey em¨¦rito es el mejor argumento para fortalecer a la Monarqu¨ªa, excluy¨¦ndola del limbo legal que le concede la inviolabilidad extendida m¨¢s all¨¢ de las funciones de su cargo. Nadie predice que Felipe VI vaya a saltarse un sem¨¢foro en rojo si conduce su propio coche, pero tampoco nadie hab¨ªa previsto ¡ªcomo no lo previeron los constituyentes¡ª que Juan Carlos I incurrir¨ªa en un multimillonario fraude fiscal que la Fiscal¨ªa archiv¨® invocando la inviolabilidad. Hurtar a la sociedad la posibilidad de esta reforma infantiliza el debate pol¨ªtico y no les hace el menor favor al Rey ni a la credibilidad democr¨¢tica de la instituci¨®n.