Ley de memoria: reflexi¨®n p¨®stuma

La historia proporciona los materiales para la construcci¨®n de la memoria colectiva, pero ello no significa que ¨¦sta sea el resultado del conocimiento de los procesos hist¨®ricos. La variedad de posibilidades es muy amplia. Veamos algunas. Resulta posible que un acontecimiento de suma gravedad determine por s¨ª mismo la formaci¨®n de una memoria cuya incidencia se imponga a los intentos de reelaboraci¨®n ideol¨®gica. Tambi¨¦n cabe que el referente quede borrado, bien porque la sociedad al cambiar se ha alejado del problema, bien porque una eficaz labor de propaganda desde el poder haya eliminado su visibilidad. Lo cual, por otra parte, no excluye que pueda renacer si respond¨ªa antes de su eclipse a demandas de suficiente fuerza por parte de un grupo social (como la resurrecci¨®n del Ku Klux-Klan tras El nacimiento de una naci¨®n).

Nada menos que desde el Egipto cl¨¢sico, el poder pol¨ªtico y religioso ha intervenido reiteradamente con el fin de construir o condenar la memoria colectiva. Esto no es irrelevante, ya que de sus resultados se derivan los comportamientos de los grupos sociales y la consolidaci¨®n o desgaste de la legitimidad para quienes ejercen o ejercieron el gobierno.

Sobran los ejemplos. En cuanto a la formaci¨®n espont¨¢nea de la memoria, tenemos el rechazo de los ciudadanos espa?oles a todo lo que pudiera propiciar el retorno a 1936, muy por encima de las ideolog¨ªas, que fue una de las causas del fracaso del PCE en las elecciones de 1977. En sentido contrario, destaca c¨®mo el mito de Napole¨®n, por encima de su derrota final, impuls¨® la restauraci¨®n bonapartista de su sobrino, hombre de escaso atractivo pol¨ªtico.

La damnatio memoriae operada desde el poder se inici¨® con los faraones al hacerse con la titularidad de los templos mediante la supresi¨®n del nombre del antecesor en los signos de identificaci¨®n. Alcanza l¨ªmites espectaculares en tiempos recientes, cuando todo vuelco en el sistema de poder se traduce en la eliminaci¨®n de cualquier s¨ªmbolo o recuerdo del r¨¦gimen anterior. De los zares por la Revoluci¨®n de Octubre o de los antecedentes liberales y republicanos por el franquismo. El caso l¨ªmite ser¨ªa la estrategia implacable de Fidel Castro para borrar la Rep¨²blica neocolonial que media entre 1898 y su victoria de 1959, depurando hasta el fondo centros documentales, e incluso los libros viejos que se vend¨ªan en la Plaza de Armas.

Nada tiene de extra?o que la construcci¨®n de la memoria en torno a la Guerra Civil haya sido un campo de batalla incesante, por haber supuesto el parteaguas, no solo militar entre los bandos, sino entre intereses pol¨ªticos, econ¨®micos y culturales opuestos, los cuales todav¨ªa no se han extinguido. Es obvio que tal pervivencia constituye un obst¨¢culo para que ver realizada la vieja propuesta del PCE en 1956, la reconciliaci¨®n nacional. El tema regresa a la actualidad con la nueva Ley de Memoria Democr¨¢tica, que va mucho m¨¢s all¨¢ de la ley de 2007 y por su campo de aplicaci¨®n tendr¨¢ seguramente m¨¢s consecuencias que aquella.

La primera objeci¨®n reside en que precisamente por el riesgo de sumisi¨®n a planteamientos ideol¨®gicos, casi siempre maniqueos, la elaboraci¨®n de una ley de la memoria debe partir de las demandas nacidas de la propia Historia, con may¨²scula, y no de conveniencias pol¨ªticas. Esta observaci¨®n en modo alguno niega la pertinencia de regular de una vez el tema de la imagen del franquismo. Alude a la forma en que ha sido abordada la ley.

As¨ª, en vez de colocar la carreta delante de los bueyes, con los objetivos pol¨ªticos determinando el contenido de la memoria, esta deber¨ªa dar respuesta a las exigencias que el an¨¢lisis hist¨®rico ha fijado previamente. La cosa no era complicada. De una vez por todas conviene cumplir la exigencia de atenci¨®n a los vencidos, desde su rehabilitaci¨®n al ¡°honor de los muertos¡±, en el marco de lo que signific¨® el proceso continuado que enlaza el golpe militar del 36 con la dictadura de Franco. La segunda cuesti¨®n se refiere al evidente l¨ªmite temporal de la recuperaci¨®n, el establecimiento del nuevo r¨¦gimen democr¨¢tico con la Constituci¨®n de 1978. En este punto, la enmienda de Bildu, prolongando en el fondo la continuidad dictatorial hasta 1983, abre la puerta a todo tipo de problemas.

Sin que pueda olvidarse qu¨¦ es Bildu y de donde procede: nunca ha pronunciado una autocr¨ªtica de su matriz ETA, lo cual la confirma en su condici¨®n de heredera suya y l¨®gicamente en su vinculaci¨®n con el terror. No se sostiene el argumento de que es un partido democr¨¢tico y en democracia. Menos que ETA desapareci¨®. En dichos, hechos y personas, Bildu perpetua su esp¨ªritu. Consecuencia: la sumisi¨®n a la enmienda de Bildu no deja de ser un impresentable aval para su intervenci¨®n, adem¨¢s muy significativa, en la visi¨®n institucional de un proceso hist¨®rico que le concierne. Un oportunismo siniestro. El Reagrupamiento Nacional de Le Pen est¨¢ en situaci¨®n similar, y sin muertos a la espalda, pero a nadie se le ocurrir¨ªa en Francia darle la iniciativa sobre los cr¨ªmenes cometidos en las guerras coloniales.

M¨¢s all¨¢ de la confusi¨®n suscitada por la pl¨¦tora de disposiciones normativas frente a la escueta definici¨®n del problema, lo preocupante es tambi¨¦n la damnatio memoriae de la otra cara de la realidad. El texto debiera partir abiertamente de la definici¨®n de la guerra como genocidio, con Lemkin en la mano, ya que el levantamiento militar es precedido por una conspiraci¨®n dirigida al exterminio de todo elemento republicano, incluidos sus antecedentes hist¨®ricos. Un aniquilamiento llevado a cabo durante la contienda y prolongado hasta los a?os 60 (con el asesinato de Juli¨¢n Grimau).

La memoria descansa aqu¨ª sobre bases s¨®lidas, pero tampoco es l¨ªcito olvidar el otro lado del espejo, si no queremos provocar una malformaci¨®n de la imagen del pasado. Frente al infierno no siempre estuvo el para¨ªso. El terror rojo o rojinegro fue algo real, siendo practicado por comunistas ¡ªchecas, Paracuellos, sacas, Andreu Nin¡ª, anarquistas ¡ªGarc¨ªa Oliver lo cont¨® satisfecho en El eco de los pasos¡ª, b¨¢rbaros actuantes a favor del caos inicial y grupos socialistas. Nunca fue auspiciado por la Rep¨²blica, pero existi¨®. El actual secretario general del PCE debiera leer a Manuel Aza?a y a Juan Peir¨®. Lo mismo que los redactores de la ley, si quer¨ªan formar una conciencia democr¨¢tica.

La enmienda de Bildu nos sit¨²a en otro terreno. Primero, ?por qu¨¦ 1983 como fecha l¨ªmite? Tal vez para que resulte olvidado el terrorismo de Estado socialista, los GAL. Segundo, al cometer el enorme y deliberado error de olvidarse de ETA, admitimos su impl¨ªcita inclusi¨®n entre las fuerzas democr¨¢ticas que sufrieron la represi¨®n de tipo franquista bajo Su¨¢rez. La Transici¨®n pasa entonces a ser inculpada, mediante esa amputaci¨®n del principal responsable de la crisis de la democracia y el aplastamiento de los derechos humanos: el terrorismo de ETA.

Bildu, ¡°partido de gobierno¡± feliz, como el PNV, olvidado en el Memorial de Vitoria. ¡°ETA ya no existe¡±, proclama Pedro S¨¢nchez. Happy end. Resultado, como hemos visto en Pamplona: las semillas del odio siguen dando frutos. La muerte de Miguel ?ngel Blanco no tuvo lugar para Bildu. Tampoco existen Hitler ni Mussolini, aunque s¨ª sus ideas y herederos. Ning¨²n dem¨®crata lo olvida en Alemania y en Italia. Tampoco debiera hacerlo aqu¨ª y ahora.