Mitos y verdades de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco
Espa?a necesita una ley que integre las diversas memorias, pero solo a las v¨ªctimas de la represi¨®n franquista se les debe reparaci¨®n moral y reconocimiento despu¨¦s de tantos a?os de vergonzosa marginaci¨®n
Vivimos un proceso de invenci¨®n y apropiaci¨®n del pasado. Lo llaman historia, memoria, pero en realidad es una batalla en torno a qu¨¦ versi¨®n de los hechos deber¨ªa prevalecer. Y para elaborarla y difundirla puede recurrirse tanto al recuerdo como a la omisi¨®n, la distorsi¨®n o el falseamiento. Es la confrontaci¨®n entre la investigaci¨®n hist¨®rica, las memorias enfrentadas y las posiciones ideol¨®gicas que alimentan pasiones y mentiras.
La historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco contin¨²a persiguiendo nuestro presente. Franco muri¨® en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte nadie habl¨® de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de esos actos violentos.
La violencia estuvo inextricablemente unida al golpe de Estado de julio de 1936 y al desarrollo de la Guerra Civil. Simbolizada por las ¡°sacas¡±, ¡°paseos¡± y asesinatos masivos, sirvi¨® en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. Fue una parte integral del ¡°glorioso Movimiento Nacional¡±, de su asalto a la Rep¨²blica y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla. Se convirti¨® asimismo en un ingrediente b¨¢sico de la respuesta multiforme y desordenada que las organizaciones pol¨ªticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar. M¨¢s que una consecuencia de la guerra, como puede a veces creerse, esa violencia fue el resultado directo de una sublevaci¨®n militar que llev¨® con ella desde el primer instante el asesinato impune y el tiro de gracia. Un plan estrat¨¦gicamente dise?ado que, donde fall¨®, encontr¨® una r¨¦plica armada s¨²bita y feroz contra los principales protagonistas de la sublevaci¨®n y contra quienes se consideraba sus compa?eros materiales y espirituales de armas.
Quienes hab¨ªan provocado la guerra y gestionaron desde el nuevo Estado la victoria, asentaron la idea, imposible de contestar, de que los republicanos eran los responsables de todos los desastres y cr¨ªmenes que hab¨ªan ocurrido en Espa?a desde 1931. Proyectar la culpa exclusivamente sobre los republicanos vencidos liberaba a los vencedores de la m¨¢s m¨ªnima sospecha. El supuesto sufrimiento colectivo dejaba paso al castigo de solo una parte. Francisco Franco lo recordaba a menudo con el lenguaje religioso que le sirvi¨® en bandeja la Iglesia cat¨®lica: ¡°No es un capricho el sufrimiento de una naci¨®n en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia¡±.
La paz de Franco, que mantuvo el estado de guerra hasta abril de 1948, transform¨® la sociedad, destruy¨® familias enteras, rompiendo las b¨¢sicas redes de solidaridad social, e impregn¨® la vida diaria de miedo, de pr¨¢cticas coercitivas y de castigo. La amenaza de ser perseguido, humillado, la necesidad de disponer de avales y buenos informes para sobrevivir, pod¨ªa alcanzar a cualquiera que no acreditara una adhesi¨®n inquebrantable al Movimiento o un pasado limpio de pecado republicano.
La sociedad que sali¨® del franquismo y la que creci¨® en las dos primeras d¨¦cadas de la democracia mostr¨® ¨ªndices elevados de indiferencia hacia la causa de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, pese al esfuerzo de bastantes historiadores por analizar aquellos hechos para comprenderlos y transmitirlos a las generaciones futuras. Tras la Ley de Amnist¨ªa aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigaci¨®n judicial o a exigir responsabilidades contra ¡°los delitos cometidos por los funcionarios p¨²blicos contra el ejercicio de los derechos de las personas¡±.
La guerra fue interpretada como una especie de locura colectiva, con cr¨ªmenes reprobables en los dos bandos. Durante la Transici¨®n, y en la larga d¨¦cada posterior de gobiernos socialistas, no hubo pol¨ªticas de reparaci¨®n, jur¨ªdica y moral, de las v¨ªctimas de la guerra y de la dictadura. No s¨®lo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnist¨ªa, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las v¨ªctimas y encontrar sus restos.
Por eso no resulta sorprendente que cuando comenz¨® a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres d¨¦cadas despu¨¦s de la muerte de Franco, la necesidad de pol¨ªticas p¨²blicas de memoria, como se hab¨ªa hecho en otros pa¨ªses, apareciera un en¨¦rgico rechazo de quienes m¨¢s inc¨®modos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se pon¨ªan en peligro la convivencia y la reconciliaci¨®n. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de ¨¦l.
Si la pregunta ya no es qu¨¦ hacer con los verdugos, la cuesti¨®n apremiante es honrar de verdad y de forma definitiva a las v¨ªctimas. Y tambi¨¦n, ?c¨®mo debe gestionarse la memoria e historia de aquellos luctuosos a?os? Aqu¨ª la respuesta resulta mucho m¨¢s compleja. Vivimos en un pa¨ªs con notables desacuerdos y disputas pol¨ªticas, ideol¨®gicas, religiosas y regionales y son muchos quienes usan y abusan de la Historia para conformar o legitimar el presente a su gusto, para disputar cada palmo de territorio pol¨ªtico o geogr¨¢fico.
No hay, ni debe haber, una ¨²nica visi¨®n de la historia de la Segunda Rep¨²blica espa?ola, de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. La tarea de repensar continuamente esa historia la tenemos ah¨ª, demandada por muchos ciudadanos. E ilustrar libremente a los ciudadanos sobre su pasado puede traer importantes beneficios en el futuro, siempre y cuando esa educaci¨®n hist¨®rica no se base en la apolog¨ªa de la dictadura y del crimen organizado, como hacen todav¨ªa hoy conocidos periodistas, falsos historiadores y pol¨ªticos de la derecha.
La democracia espa?ola necesita una ley que integre las diversas memorias, pero que asuma que s¨®lo las v¨ªctimas de la represi¨®n de los militares sublevados contra la Rep¨²blica y de la violencia de la dictadura de Franco necesitan la reparaci¨®n moral y el reconocimiento jur¨ªdico y pol¨ªtico despu¨¦s de tantos a?os de vergonzosa marginaci¨®n. Quienes sufrieron la persecuci¨®n en la zona republicana, desde los excombatientes a los excautivos, pasando por los familiares de todos los asesinados, ya fueron compensados de forma permanente, durante d¨¦cadas, como vencedores de la guerra, por la legislaci¨®n franquista.
Una ley que condene a la dictadura y declare ileg¨ªtimos a sus ¨®rganos represores, desde el Tribunal de Responsabilidades Pol¨ªticas al Tribunal de Orden P¨²blico, y a las sentencias emanadas de ellos. No deber¨ªa haber ninguna duda en la ilegitimidad de origen de ese sistema de terror institucionalizado, investigado con rigor y detalle en los ¨²ltimos a?os por decenas de historiadores.
Las memorias cambian con el tiempo, conforme la sociedad y la pol¨ªtica evolucionan, y cambian tambi¨¦n sus formas de difusi¨®n en los medios de comunicaci¨®n. Como ocurre con el an¨¢lisis de la historia, la memoria invita a varias y controvertidas lecturas. Pero el futuro inmediato de la memoria pasa por transmitir esas experiencias de violencia pol¨ªtica y de violaci¨®n de los derechos humanos a nuestros j¨®venes, a quienes no formaron parte de esa historia. Cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica y de educaci¨®n democr¨¢tica.
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