Ley de memoria de la democracia

La reconstrucci¨®n de la Europa de posguerra se asent¨® sobre un pacto de Estado para conocer y asumir su pasado, empezando por reparar simb¨®lica y econ¨®micamente a las v¨ªctimas de la barbarie. Pacto que en Espa?a sigue siendo necesario para que la sociedad acepte la memoria como algo justo y necesario, no como algo pol¨ªtico y partidista. Una posici¨®n consensuada que en nuestra historia reciente se consigui¨® en la Transici¨®n, a pesar de la incertidumbre, la amenaza involucionista, el peso de la violencia y el terrorismo. Las primeras menciones a una ¡°transacci¨®n¡± pac¨ªfica y ordenada de poderes se dieron en los meses finales de la guerra civil, seguidas en parte del exilio, hubo que esperar a los a?os cincuenta para que se dieran las primeras r¨¦plicas al relato de la dictadura. En las protestas universitarias de 1956 apareci¨® el primer manifiesto que hablaba ya de ¡°guerra fratricida¡± y de ¡°tragedia colectiva¡±, borrando la l¨ªnea que separaba a los ¡°vencedores¡± de los ¡°vencidos¡±.

La historia reciente de Espa?a y la de su propia memoria colectiva ha tratado de seguir los pasos de una lenta recuperaci¨®n hasta llegar al consenso alcanzado al t¨¦rmino de la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo se produjo simb¨®licamente en la resoluci¨®n de 20 de noviembre de 2002, de condena del golpe de Estado del 18 de julio 1936. Ese d¨ªa se vot¨® en el Congreso a favor de reconocer a todas las personas que sufrieron la represi¨®n de la dictadura. Un punto de partida al que hay que volver, una y otra vez, para enmarcar la cuesti¨®n. La Ley de Memoria Democr¨¢tica actualiza e incorpora una serie de aspectos que las medidas anteriores no hab¨ªan recogido, o lo hab¨ªan hecho parcialmente, en l¨ªnea con los principios b¨¢sicos de los Derechos Humanos. El debate no invalida la cr¨ªtica sino, muy al contrario, muestra la complejidad que abarca y los conflictos a¨²n pendientes de regular y resolver, pero dif¨ªcilmente puede afirmarse que vulnere el esp¨ªritu de la Transici¨®n. En cierto sentido, la concluye, ya que supera el marco de reconciliaci¨®n impuesto por la dictadura ensalzando el consenso originario, la ra¨ªz democr¨¢tica de nuestro proceso de cambio con todas sus imperfecciones, reconociendo a todos aquellos que sufrieron represi¨®n o persecuci¨®n ideol¨®gica entre 1936 y 1978.

El marco cronol¨®gico de la ley empieza en el golpe de Estado y termina, por tanto, con la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n. Las primeras medidas democr¨¢ticas fueron encaminadas a devolver la libertad por delitos de ¡°oposici¨®n al r¨¦gimen¡±. La Ley de Amnist¨ªa, (46/1977) sac¨® de prisi¨®n a presos pol¨ªticos y sindicalistas, eliminando la responsabilidad del aparato de la dictadura ante cualquier delito cometido hasta diciembre de 1976. Tras esta ley se promulgaron otras ¡°niveladoras¡± para igualar en prestaciones a las v¨ªctimas de los vencidos con las de los vencedores: en la primera legislatura (1979-1982), se concedieron pensiones a viudas, mutilados y militares republicanos que no las hab¨ªan tenido nunca. Ya en la segunda legislatura, se aprob¨® la conocida como ley de ¡°militares de la Rep¨²blica¡± y la Ley 18/1984 que consideraba los a?os de c¨¢rcel como tiempo cotizado para prestaciones sociales. En la tercera legislatura (1986-1989) se concedieron indemnizaciones morales y econ¨®micas para los que sufrieron prisi¨®n en los supuestos contemplados por la Ley de Amnist¨ªa y se abord¨® por primera vez la devoluci¨®n de bienes a partidos, asociaciones pol¨ªticas y sindicales. Esta devoluci¨®n continu¨® en posteriores legislaturas a trav¨¦s de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La ley actual trata de salir de esa dicotom¨ªa que hab¨ªa llevado a un constante bloqueo pol¨ªtico bajo la amenaza de ser un texto revanchista, se sit¨²a en un sentido de Estado que asume su responsabilidad con los efectos de una ¨¦poca de violencia masiva. Tal y como se ha hecho en la mayor¨ªa de los pa¨ªses con procesos similares que han seguido implementando medidas para paliar los efectos de sus pasados traum¨¢ticos. Desde esa posici¨®n legislativa pasa a definir su objeto: las v¨ªctimas, ampliando significativamente su campo en varios sentidos. Reconoce, por primera vez, la existencia de una violencia espec¨ªfica sobre las mujeres. Enumera, al mismo tiempo, una tipolog¨ªa de la represi¨®n m¨¢s compleja de la que hasta el momento exist¨ªa (no solo violencia f¨ªsica, sino depuraci¨®n profesional, expropiaci¨®n de bienes y explotaci¨®n econ¨®mica) abarcando tambi¨¦n la ley de peligrosidad social. Esa diversidad de tipos represivos queda igualada en materia de reparaci¨®n con la declaraci¨®n de la nulidad de todas las resoluciones y sentencias que dictaron los consejos de guerra de la dictadura. Aspecto esencial pues hasta el momento, no se hab¨ªa revisado ni declarado nula ninguna de estas sentencias.

El otro gran aspecto que hay que tener en cuenta est¨¢ en los instrumentos que dispone para llevarla a cabo. Por un lado, actualiza el panorama de localizaci¨®n e identificaci¨®n, a menudo disperso, de todo lo anterior. Dispone un censo de v¨ªctimas y un banco nacional de ADN de v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Todo ello emplaza a la localizaci¨®n de las fosas comunes, la b¨²squeda e identificaci¨®n de los desaparecidos (plan cuatrienal de exhumaciones) y la elaboraci¨®n de un mapa de fosas integrado que abarque todo el territorio nacional. Por ¨²ltimo pero no menos importante, crea una Fiscal¨ªa de Sala de Memoria Democr¨¢tica y Derechos Humanos, necesaria para velar por el cumplimiento de todas las disposiciones en materia de exhumaci¨®n e identificaci¨®n de este per¨ªodo. La ley busca, textualmente, ¡°dignificar a las v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, reintegr¨¢ndolas al espacio p¨²blico a trav¨¦s de los valores de la democracia actual¡±, no busca la persecuci¨®n de colectivos sociales o pol¨ªticos, sino el reconocimiento de las v¨ªctimas: personas an¨®nimas que fueron tratadas como criminales. Muchas de ellas siguen desaparecidas y desde ning¨²n punto de vista se les puede negar la identificaci¨®n y sepultura tal y como deseen sus familiares. Ese retorno es la primera necesidad para sellar las fracturas, como sigue recomendando Naciones Unidas en la salida de todos los conflictos actuales. A pesar de todo, hay que corregir los aspectos que puedan ser considerados dudosos, nulos o insuficientes, queda mucho desterrar la desconfianza y el recelo acumulado que han sufrido estas medidas. El debate sobre la Historia de Espa?a es otra cuesti¨®n que debe mantenerse alejada de las cuestiones pol¨ªticas del presente.