Nueva ley de secretos

Cincuenta y cuatro a?os despu¨¦s de promulgada la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, en 1968, el Consejo de Ministros dio el lunes el paso m¨¢s relevante para terminar con ella. Durante seis a?os tanto el PSOE como el PP han bloqueado en el Congreso la tramitaci¨®n de dos proposiciones de ley del PNV en ese sentido. El cambio actual no es ajeno a las consecuencias del caso Pegasus ¡ªel propio S¨¢nchez anunci¨® la nueva ley en el pleno que el Congreso dedic¨® en mayo al espionaje e incidi¨® en ello en el reciente debate del estado de la naci¨®n¡ª, pero solo puede ser bienvenido para acabar con un bochornoso anacronismo que sobreprotege a los sucesivos gobiernos democr¨¢ticos.

El anteproyecto establece por primera vez la caducidad temporal de los secretos de Estado ¡ªentre un m¨ªnimo de cuatro a?os y un m¨¢ximo de 50 para los altos secretos, prorrogable en este caso 15 m¨¢s¡ª para acabar con el sinsentido de que la reserva de los documentos se pudiese prolongar de forma indefinida salvo que fueran expresamente desclasificados. A falta de conocer en detalle el anteproyecto, ese rango (ampliable) de medio siglo se antoja demasiado largo. Habr¨¢ de ser su futura tramitaci¨®n parlamentaria la que permita negociar primero dentro del Gobierno, y despu¨¦s fuera de ¨¦l, la revisi¨®n de unos plazos que hacen inviable a una generaci¨®n, o incluso a dos, conocer algo mejor su propio pasado. El mismo PSOE propon¨ªa en 2018 horquillas temporales notablemente m¨¢s cortas.

El Gobierno descarta una desclasificaci¨®n masiva de los documentos reservados previos a la entrada en vigor de la nueva norma, lo que aboca al riesgo de dejarlos en un limbo legal. Tiene que quedar muy claro el proceso y el calendario para que un ciudadano (sea un historiador, un periodista o un afectado) o un juez puedan acceder a un documento secreto, cuando a menudo se desconoce su misma existencia. Sobre el debate pesan los aspectos m¨¢s sombr¨ªos del final de la dictadura y la Transici¨®n, desde la guerra sucia contra ETA al 23-F. Es el momento de abordarlo con rigor, distancia y claridad, para que el pasado no siga sirviendo como munici¨®n en las batallas pol¨ªticas del presente. Dudas m¨¢s graves deja un r¨¦gimen sancionador de cuant¨ªas muy elevadas (de hasta tres millones de euros) contra la difusi¨®n ¡°por cualquier medio¡± de material clasificado, lo que incluir¨ªa con ese redactado a los medios de comunicaci¨®n.

Aunque baste con una mayor¨ªa simple, la aprobaci¨®n de la ley deber¨ªa lograr un amplio acuerdo parlamentario. El Gobierno ha asegurado que lo buscar¨¢, si bien ya ha chocado con las reticencias de sus aliados parlamentarios, especialmente por los dilatados plazos, y de la oposici¨®n. El tr¨¢mite que ahora comienza deber¨¢ servir para conciliar la protecci¨®n de la seguridad nacional con la imprescindible transparencia en la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos: mejorarla para el presente no exime de extenderla al pasado por razones estrictamente democr¨¢ticas.