C¨®mo gastar mejor los fondos p¨²blicos para la formaci¨®n

A lo largo de los ¨²ltimos cinco a?os, algo m¨¢s de 3.500 millones de euros de los presupuestos destinados a formaci¨®n profesional para el empleo, incluyendo los fondos transferidos para este fin a las comunidades aut¨®nomas, no se han ejecutado. Aunque se trata de una cifra que supera el 25% de lo presupuestado, no es infrecuente que por razones muy diversas pueda ocurrir que, excepcionalmente, se produzcan excedentes no gastados en cualquier rengl¨®n del presupuesto p¨²blico. Pero si ese excedente se produce en uno de los programas que es habitualmente subrayado como esencial para nuestro desarrollo social y econ¨®mico y adquiere a la vez la doble caracter¨ªstica de ser un fen¨®meno recurrente y de dimensiones extraordinarias, es obligaci¨®n de todos preguntarnos qu¨¦ est¨¢ detr¨¢s de esta preocupante situaci¨®n, cu¨¢les son sus causas y c¨®mo ponerles remedio.

El excedente de fondos no ejecutados comenz¨® a crecer desmesuradamente a partir del a?o 2015 tras la aprobaci¨®n de la Ley 30/2015 reguladora del Sistema de Formaci¨®n Profesional para el Empleo que, por desgracia, conten¨ªa m¨¢s buenos prop¨®sitos que adecuados dise?os para satisfacerlos. Adem¨¢s, la formaci¨®n de demanda desde las propias empresas no ha dejado de descender a lo largo de los ¨²ltimos a?os y, lo que es peor, cada vez se ha reducido m¨¢s el papel de aquellas que m¨¢s lo necesitan, que no son otras que las pymes.

El Gobierno ha anticipado la necesidad de abordar una reforma en profundidad del modelo de formaci¨®n profesional para el empleo, tras la reciente aprobaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n e Integraci¨®n de la Formaci¨®n Profesional. Adem¨¢s, es cierto que durante los ¨²ltimos a?os se nota una mejora evidente en la capacidad de gesti¨®n mostrada desde el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundaci¨®n Estatal para la Formaci¨®n en el Empleo (Fundae), dos instrumentos fundamentales en el desarrollo de la formaci¨®n profesional continua en Espa?a.

Respecto del dise?o de la nueva reforma, creo que resulta fundamental incrementar el nivel de participaci¨®n de los interlocutores sociales en la gobernanza del modelo y en el desarrollo y evaluaci¨®n de sus principales instrumentos de gesti¨®n, evitando, eso s¨ª, caer en el riesgo de privatizar estos instrumentos por el car¨¢cter p¨²blico de la cotizaci¨®n de la formaci¨®n profesional, obligatoria para todas las empresas y trabajadores. La reforma debe asegurar el mejor uso posible de los fondos y la vinculaci¨®n m¨¢xima de los interlocutores sociales, pero ello no debe abordarse sin fortalecer los requisitos de concurrencia competitiva y transparencia en el uso de los recursos adscritos a este fin.

Junto a ello, la ley deber¨ªa tambi¨¦n seguir reforzando el principio de garant¨ªa del derecho individual a la formaci¨®n de las personas trabajadoras y la posibilidad de que tambi¨¦n la formaci¨®n pueda llegar al ¨¢mbito de las peque?as y medianas empresas a trav¨¦s de un sistema de oferta formativa potente y adecuadamente dise?ada. Como muestra la experiencia del funcionamiento de otros modelos (en este caso el ejemplo dan¨¦s es seguramente el m¨¢s procedente), fortalecer los esquemas de formaci¨®n de oferta para todos los trabajadores es un complemento imprescindible del modelo de demanda pensado y dise?ado desde el ¨¢mbito de las grandes y medianas empresas. A estas alturas, es indiscutible que las empresas deben tener la posibilidad de organizar con amplio grado de autonom¨ªa en el marco de la negociaci¨®n colectiva sus propios programas, y as¨ª lo hacen las que por su tama?o pueden organizar sus propios servicios formativos, pero el sistema tiene que asegurar que en aquellos segmentos de nuestra econom¨ªa donde ello no es posible haya una oferta formativa eficiente y de calidad que asegure el acceso a ella de toda la poblaci¨®n ocupada.

Uno de los principios que deber¨ªan mantenerse en la futura ley es el de concurrencia competitiva entre entidades participantes en la formaci¨®n para el empleo, evitando la discrecionalidad y la intervenci¨®n de aquellas que no aportan valor a?adido real, salvo en condiciones muy tasadas y justificadas.

De hecho, la nueva ley deber¨ªa garantizar una convocatoria anual, siendo recomendable, como m¨ªnimo, convocatorias bienales, tal y como se hace ya en diferentes comunidades aut¨®nomas, de forma recurrente y estable para impulsar la eficiencia del sector prestador de servicios y permitir el mayor acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Los fondos anunciados por el Gobierno para dignificar la Formaci¨®n Profesional van a ayudar, sin duda, a dar m¨¢s visibilidad a uno de los ejes clave de las pol¨ªticas de empleo, pero no dejan de ser fondos que vienen a complementar los recaudados ya por la cuota de los trabajadores y que gestionan el SEPE y el Ministerio de Educaci¨®n junto con las comunidades aut¨®nomas. La clave es dise?ar un modelo eficiente en el que la participaci¨®n de todos (especialmente de los agentes sociales) asegure el buen uso de los fondos asignados a una pol¨ªtica clave para nuestro futuro.