La b¨²squeda de justicia en Venezuela

Cuando el jugador de baloncesto y estudiante universitario venezolano de 20 a?os Juan Pablo Pernalete sali¨® de su casa para unirse a una marcha el 26 de abril de 2017, sus padres Jos¨¦ Pernalete y Elvira Llovera nunca pensaron que ser¨ªa el ¨²ltimo d¨ªa que hablar¨ªan con su hijo. Pocas horas despu¨¦s, muri¨® cuando un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana le dispar¨® una bomba lacrim¨®gena directamente al pecho. Cuando nosotros nos reunimos con los Pernalete el mes pasado en Caracas, se les llenaron los ojos de l¨¢grimas cuando describieron a su hijo como alguien brillante y lleno de bondad, como un amante de los animales.

Juan Pablo fue uno de los miles de j¨®venes que llenaron las calles despu¨¦s de que el Gobierno venezolano despojara a la Asamblea Nacional, elegida democr¨¢ticamente, de sus poderes legislativos, sumiendo al pa¨ªs a¨²n m¨¢s en el autoritarismo. Al menos otras 123 personas murieron en el marco de los disturbios y la represi¨®n durante las manifestaciones de ese a?o.

En los cinco a?os transcurridos desde entonces, la familia Pernalete se ha enfrentado a innumerables obst¨¢culos en su b¨²squeda de justicia. El Gobierno venezolano llev¨® a cabo una campa?a de desprestigio contra Juan Pablo y todos los j¨®venes que murieron en la ola de protestas de 2017, tach¨¢ndolos de criminales y a sus familias de oportunistas. Altos funcionarios de Nicol¨¢s Maduro fabricaron narrativas alternativas sobre la muerte de Juan Pablo, afirmando que hab¨ªa sido asesinado por hombres encapuchados con una pistola de perno cautivo.

Los autores de este y otros cr¨ªmenes ocurridos en el contexto de la represi¨®n y la violencia de los ¨²ltimos a?os han gozado de una impunidad generalizada dentro de Venezuela. Esto incluye las sistem¨¢ticas ejecuciones extrajudiciales de j¨®venes, en su mayor¨ªa pobres, cometidas por la polic¨ªa y las fuerzas de seguridad en barrios pobres, operaciones que equivalen a la criminalizaci¨®n de la pobreza. Miles de personas han sido asesinadas en los ¨²ltimos a?os por las fuerzas de seguridad en operaciones que carecen de toda supervisi¨®n y rendici¨®n de cuentas, dejando a las familias sin acceso a la reparaci¨®n.

Los llamamientos a la justicia en todos estos casos se han hecho m¨¢s fuertes en la comunidad internacional desde 2019. Ese a?o, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cre¨® la Misi¨®n internacional independiente de determinaci¨®n de los hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en ingl¨¦s), un grupo de tres personas que ha llevado a cabo la investigaci¨®n y documentaci¨®n de la realidad de los derechos humanos en el pa¨ªs. Para los Pernalete¡ªjunto con otras innumerables familias y v¨ªctimas venezolanas¡ªla FFM ha servido como una forma de mostrar al mundo la verdad sobre sus casos.

Los expertos han seguido adelante a pesar de que el gobierno venezolano les ha negado hasta ahora la entrada al pa¨ªs. El FFM ha llevado a cabo una investigaci¨®n pionera, entrevistando a testigos, recopilando pruebas primarias y hablando con miembros actuales y antiguos de las fuerzas de seguridad, as¨ª como con otros actores venezolanos con conocimiento de primera mano de los cr¨ªmenes.

Lo que los expertos encontraron fue espantoso. En su primer informe de 2020, las FFM concluyeron que hay motivos para creer que en Venezuela se han cometido cr¨ªmenes de lesa humanidad, como ¡°asesinato, encarcelamiento u otra privaci¨®n grave de la libertad f¨ªsica en violaci¨®n de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violaci¨®n o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparici¨®n forzada de personas y otros actos inhumanos de car¨¢cter similar¡±. Estos cr¨ªmenes generalizados y sistem¨¢ticos se llevaron a cabo en apoyo de dos pol¨ªticas estatales: una de represi¨®n selectiva de los opositores percibidos, y otra para eliminar a personas percibidas como criminales mediante ejecuciones extrajudiciales.

La Misi¨®n tambi¨¦n descubri¨® que ¡°autoridades de alto nivel ten¨ªan conocimiento de esos delitos¡± y que los funcionarios probablemente conoc¨ªan estos cr¨ªmenes¡ªy no tomaron ninguna medida para evitarlos¡ªen cada nivel de la cadena de mando, desde los miembros de base de las fuerzas de seguridad e inteligencia hasta los niveles m¨¢s altos del gobierno.

En un segundo informe hecho p¨²blico en 2021, el FFM document¨® c¨®mo el poder judicial venezolano ha sido cooptado por el poder ejecutivo, y c¨®mo esto ha creado un entorno en el que los fiscales, los jueces y la polic¨ªa son c¨®mplices de la persecuci¨®n y la represi¨®n generalizada. El informe documenta c¨®mo el sistema judicial en Venezuela ha encubierto rutinariamente las detenciones ilegales y otras desviaciones del debido proceso, y ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos.

Estos informes han proporcionado un importante registro para las v¨ªctimas, y pueden eventualmente contribuir directamente a la b¨²squeda de justicia en sus casos. En noviembre de 2021, la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional (CPI) abri¨® una investigaci¨®n formal sobre los posibles cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por funcionarios del gobierno y personas progubernamentales, como encarcelamientos arbitrarios, violencia sexual, tortura y persecuci¨®n por motivos pol¨ªticos. Se trata de un anuncio hist¨®rico, que convierte a Venezuela en el primer pa¨ªs de Am¨¦rica que se enfrenta a una investigaci¨®n formal de la CPI. Pero ser¨¢ un proceso largo y lento. El FFM, mientras tanto, sigue reuniendo pruebas que contribuyen a la investigaci¨®n de la CPI, y haciendo p¨²blicas sus conclusiones con la esperanza de desincentivar nuevos cr¨ªmenes.

Este trabajo de la FFM es vital, pero su mandato est¨¢ en peligro. En su sesi¨®n, que est¨¢ en curso ahora mismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se enfrentar¨¢ a una votaci¨®n sobre si renovar el mandato de la Misi¨®n o dejarlo expirar. En los ¨²ltimos meses, el gobierno de Maduro ha intentado mostrar avances en ciertos casos para argumentar contra la necesidad tanto del FFM como de la investigaci¨®n de la CPI, pero en realidad son avances limitados e insuficientes. En el caso Pernalete, por ejemplo, los fiscales se?alaron inicialmente a 13 miembros de la Guardia Nacional como responsables en 2021, pero solo presentaron cargos formales de homicidio involuntario contra dos de ellos, sin incluir, seg¨²n los abogados de los Pernalete, al funcionario que probablemente apret¨® el gatillo. El gobierno de Maduro parece apostar por que la comunidad internacional pierda inter¨¦s en casos como este y, en general, preste menos atenci¨®n a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos en el pa¨ªs se?alan regularmente al FFM, junto con la investigaci¨®n de la CPI, como esencial para evitar una represi¨®n y persecuci¨®n a¨²n m¨¢s profundas. Por esta raz¨®n, es esencial que se renueve el mandato del FFM, y que Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU garanticen que los expertos puedan continuar con su vital trabajo.

En los ¨²ltimos meses, Estados Unidos y otros actores internacionales han centrado sus esfuerzos en avanzar en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposici¨®n pol¨ªtica en Venezuela con la esperanza de restablecer la democracia en el pa¨ªs. Estos esfuerzos son importantes, y deben continuar con miras a incorporar la justicia. Sin justicia para los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y los cr¨ªmenes de lesa humanidad documentados por la Misi¨®n de Investigaci¨®n, no puede haber una soluci¨®n significativa a la crisis de Venezuela.

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