Desastre judicial de Aznalc¨®llar

Veinticuatro a?os despu¨¦s del desastre ecol¨®gico de Aznalc¨®llar (Sevilla), provocado por la rotura de una presa de lodos t¨®xicos procedentes de la mina que explotaba la multinacional sueca Boliden, se ha fijado por fin fecha del juicio en el que se dirimir¨¢ si la compa?¨ªa debe pagar o no el coste de la descontaminaci¨®n. Si este desastre hubiera ocurrido en Suecia, se hubiera impuesto el principio de que quien contamina paga. Pero una normativa entonces poco exigente con la responsabilidad medioambiental de las empresas y un galimat¨ªas aberrante y tedioso sobre cu¨¢l es la jurisdicci¨®n competente le han permitido a la multinacional evitar hasta ahora el pago de 88,9 millones de euros que le reclama la Junta de Andaluc¨ªa.

Es el coste de los trabajos de descontaminaci¨®n y recuperaci¨®n de las 4.634 hect¨¢reas a las que fueron a parar los seis millones de metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos y aguas ¨¢cidas que se vertieron con la rotura de la presa en 1998. Tampoco el Gobierno ha logrado cobrar la sanci¨®n de 43,7 millones impuesta en 2002. Los trabajos de descontaminaci¨®n fueron muy costosos ya que los lodos t¨®xicos pudieron ser contenidos a las puertas del parque natural de Do?ana gracias al esfuerzo de las administraciones p¨²blicas, que gastaron 240 millones, y la colaboraci¨®n de m¨¢s de 800 voluntarios.

Las administraciones p¨²blicas recurrieron a la v¨ªa civil en 2002 despu¨¦s de que en el a?o 2000 se archivara la causa penal al entender el tribunal que ninguno de los 21 t¨¦cnicos imputados hab¨ªa incurrido en un delito de imprudencia. Pero la v¨ªa civil se demor¨® m¨¢s de una d¨¦cada en dirimir qu¨¦ jurisdicci¨®n era la competente. Finalmente, la causa volvi¨® en 2013 de orden del Supremo al mismo Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, que en 2002 hab¨ªa decidido inhibirse alegando que correspond¨ªa a la v¨ªa contencioso administrativa. El juicio en el que se decidir¨¢ si la empresa debe abonar o no los gastos de descontaminaci¨®n que le reclama la Junta de Andaluc¨ªa se ha fijado para julio de 2023. Los vericuetos de esta causa muestran la dificultad para establecer responsabilidades en un desastre ecol¨®gico.

Boliden conoc¨ªa el mal estado de la presa. La multinacional sueca utiliz¨® la estrategia m¨¢s habitual para eludir indemnizaciones: en 2001 clausur¨® la explotaci¨®n, despidi¨® a los 400 trabajadores y cerr¨® la filial espa?ola que gestionaba la mina. La gesti¨®n judicial del desastre de Aznalc¨®llar es un desprop¨®sito de lentitud y un ejemplo del uso abusivo de los recursos pensados para dar garant¨ªas jur¨ªdicas, pero que se convierten en un instrumento de dilaci¨®n de la justicia. Cuando el juicio se celebre, habr¨¢n pasado 25 a?os desde que la presa se rompi¨®. Sea cual sea el veredicto, el proceso ha sido deplorable.