Carrera fiscal a la baja

En EE UU, las pol¨ªticas de bienestar social est¨¢n en manos de los Estados. El Gobierno federal solo puede intervenir, si as¨ª lo considera, a trav¨¦s de su poder de gasto, incentivando determinadas prestaciones. Pues bien, especialmente durante los a?os noventa hubo en Estados Unidos un interesante debate sobre las posibles consecuencias que puede tener esta descentralizaci¨®n en materia de bienestar. Se discut¨ªa si esta descentralizaci¨®n provocar¨ªa lo que viene en llamarse A race to the bottom o bien si los Estados se convertir¨¢n en laboratories of democracy.

A race to the bottom, met¨¢fora ampliamente empleada en la actualidad en EE UU, sugiere una competici¨®n donde cada Estado miembro baja sus impuestos, sus gastos y sus regulaciones para ser m¨¢s atractivo a los intereses financieros y repeler a las familias de bajos ingresos.

Por su parte, la caracterizaci¨®n de los Estados miembros como laboratories of democracy sugiere un federalismo en el que estos usan su autoridad para desarrollar soluciones innovadoras a problemas comunes que, adem¨¢s, pueden servir de est¨ªmulo para las dem¨¢s autoridades. Este concepto de los Estados como laboratories of democracy fue articulado por el juez Louis Brandeis en 1932.

En el primer caso se dar¨ªa una reducci¨®n del bienestar con menores niveles de pol¨ªticas prestacionales. En el segundo, el efecto de la descentralizaci¨®n ser¨ªa el inverso, es decir, las mejoras de un lugar impulsar¨ªan las de otros.

En la pr¨¢ctica de EE UU se corrobora la primera de las tendencias, es decir, la hip¨®tesis de que los procesos de descentralizaci¨®n limitan la generosidad de los programas de bienestar. Esta hip¨®tesis fue articulada en 1990 por Paul E. Peterson y Mark Rom en su libro Welfare Magnets: A New Case for a National Standard.

El modelo de bienestar social que dise?¨® la Constituci¨®n espa?ola de 1978 difer¨ªa del modelo de EE UU en una apuesta por un Estado de bienestar fuerte de mayor tradici¨®n en el continente europeo.

A diferencia del modelo americano, la Constituci¨®n de 1978 estableci¨® la necesidad de que los espa?oles goz¨¢ramos de una igualdad b¨¢sica en prestaci¨®n sanitaria y educativa, otorgando para ello sendas competencias legislativas b¨¢sicas al Parlamento estatal. Es decir, los constituyentes establecieron las bases para una centralizaci¨®n m¨ªnima del Estado de bienestar: una obligaci¨®n del Parlamento y del Gobierno central para garantizar unas prestaciones sociales m¨ªnimas y uniformes para todos los espa?oles. A partir de este m¨ªnimo, se conceder¨ªa a las comunidades aut¨®nomas la posibilidad de introducir mejoras a trav¨¦s de leyes y sus propios recursos y, sobre todo, de gestionar las decisiones estatales.

Esta opci¨®n constitucional comenz¨® a distorsionarse cuando, a partir del a?o 2001, la financiaci¨®n de los m¨ªnimos del Estado de bienestar, que deb¨ªan financiarse v¨ªa Presupuestos Generales del Estado (art. 158.1 CE), se hace recaer fundamentalmente en las comunidades aut¨®nomas. Y ello a trav¨¦s de un confuso sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, donde se mezclan fondos estatales con auton¨®micos y donde es imposible discernir responsabilidades. Como en EE UU, hemos convertido a las comunidades aut¨®nomas en las principales financiadoras del Estado de bienestar y, como en EE UU, hemos comenzado la race to the bottom, es decir, una competencia fiscal a la baja entre las autonom¨ªas.

A diferencia de EE UU, sin embargo, la confusi¨®n en el sistema de financiaci¨®n y la inexistencia de unos presupuestos auton¨®micos que nos permitan distinguir qu¨¦ efectos tiene esa reducci¨®n fiscal auton¨®mica en las pol¨ªticas sociales nos deja a los ciudadanos sin posibilidad de elecci¨®n responsable, y a los gobiernos auton¨®micos absolutamente irresponsables de sus decisiones.

Hist¨®ricamente, las pol¨ªticas de bienestar social solo se han demostrado fuertes si son dise?adas y financiadas desde el centro. La descentralizaci¨®n ha conllevado un dumping fiscal dif¨ªcilmente compatible con pol¨ªticas de gasto sostenibles en el tiempo. As¨ª, en EE UU, los programas m¨¢s potentes de protecci¨®n social, el Mediare y el Medicaid, se aprueban desde el centro en los a?os sesenta con gobiernos dem¨®cratas. Por otra parte, la fortaleza del Estado social alem¨¢n se tradujo en una fuerte centralizaci¨®n en pensiones, protecci¨®n social y sanidad. De ah¨ª la decisi¨®n de los constituyentes de 1978, apostando por la configuraci¨®n de un fuerte Estado de bienestar centralizado en sus decisiones esenciales. En este sentido, y si queremos mantener esta decisi¨®n constitucional, ser¨ªa necesario una reforma en profundidad de la ley de financiaci¨®n auton¨®mica para que el Estado sea el que financie con sus Presupuestos los m¨ªnimos del Estado de bienestar y las autonom¨ªas se limiten a financiar las posibles mejoras. Si, adem¨¢s de esta reforma sustancial de la ley de financiaci¨®n, a?adi¨¦ramos unas reglas b¨¢sicas de conformidad fiscal para que los presupuestos auton¨®micos permitan conocer el peso exacto de lo financiado por v¨ªa del Estado o lo financiado por los propios recursos auton¨®micos, la carrera fiscal auton¨®mica a la baja solo afectar¨ªa a esas mejoras y los ciudadanos podr¨ªan decidir libremente lo que priorizan.

En todo caso, mientras estas reformas no se produzcan, la opacidad y, con ella, la irresponsabilidad est¨¢ servida. La claridad es presupuesto de todo debate y la rendici¨®n de cuentas es presupuesto de toda democracia. La configuraci¨®n actual de nuestro Estado auton¨®mico carece de la claridad necesaria para esa rendici¨®n de cuentas. Sin eso, estamos dando palos de ciego.