La narrativa de los impuestos

Entre febrero de 1837 y abril de 1839, los lectores de la revista Bentley¡¯s Miscellany siguieron con el alma en vilo las andanzas por entregas de un ni?o angelical en los suburbios de Londres. A modo de follet¨ªn, Charles Dickens public¨® mes a mes su segunda novela, Las aventuras de Oliver Twist. Su ¨¦xito lo encamin¨® a convertirse en el novelista ingl¨¦s por excelencia, pero tambi¨¦n impuls¨® el debate sobre la ¡°cuesti¨®n social¡± gracias a su retrato preciso de realidades como la pobreza extrema, los abusos e hipocres¨ªa de las instituciones de beneficencia, el trabajo infantil o la desigualdad social. Buena parte de su audiencia descubri¨® as¨ª un mundo desconocido e inc¨®modo.

Dickens utiliz¨® sus p¨¢ginas para criticar la Poor Law brit¨¢nica de 1834, una de tantas leyes de pobres aprobadas en Europa que suprim¨ªan o limitaban la caridad y la asistencia, bas¨¢ndose en las doctrinas malthusianas que sosten¨ªan que la protecci¨®n social era perjudicial, pues detra¨ªa recursos productivos y fomentaba la ociosidad. La combinaci¨®n de una industrializaci¨®n progresiva con este paradigma llevado al extremo provoc¨® el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros asalariados durante las primeras d¨¦cadas del siglo XIX y con ello, una situaci¨®n de pobreza permanente. La defensa del no intervencionismo se volvi¨® insostenible. Las posiciones m¨¢s autoritarias, preocupadas por el orden p¨²blico, y las m¨¢s humanistas, centradas en la desigualdad, coincidieron en la necesidad de que el Estado se hiciese responsable y actuase en consecuencia.

Las primeras respuestas reforzaron una visi¨®n caritativa del Estado, encarando la pobreza desde la beneficencia, lo que result¨® ineficiente en la pr¨¢ctica e insatisfactorio en lo intelectual para una sociedad donde ganaba terreno una revoluci¨®n burguesa que ya hab¨ªa unido la igualdad a sus exigencias de libertad y legalidad. Por la fuerza de los hechos, revoluci¨®n y reforma se presentaron como ¨²nicas salidas posibles. Y el miedo a la revoluci¨®n impuls¨® la reforma.

As¨ª surgi¨® la primera legislaci¨®n tuitiva, que regulaba las condiciones laborales de ni?os y mujeres. Se ampliaron los derechos pol¨ªticos, con progresivas extensiones del derecho al sufragio. Y, t¨ªmidamente, se empez¨® a tejer una red de apoyo asistencial, con sistemas de seguros de enfermedad, accidentes y pensiones de vejez e invalidez. La efectividad de estas medidas fue relativa, pues muchas de ellas no terminaron de aplicarse, pero pusieron las bases sobre las que se construy¨® el Estado social.

Esos avances paulatinos, irregulares y zigzagueantes se consolidaron en los a?os posteriores a la Segunda Guerra Mundial. D¨¦cadas de guerra civil total dejaron como ense?anza la necesidad de combatir la desigualdad para mantener los cimientos de una sociedad democr¨¢tica. Y esa necesidad de nuevas v¨ªas de orden y cohesi¨®n social consolid¨® en las sociedades liberales de mercado la ruptura del no intervencionismo econ¨®mico.

Con el tr¨¢nsito del asistencialismo a la justicia social, la desigualdad dej¨® de concebirse como una elecci¨®n o algo inevitable para verse como fruto de las din¨¢micas del mercado, explicables, casuales o arbitrarias, y en un contexto donde inercias y dificultades heredadas obstaculizan la movilidad social. Esto implic¨® una reformulaci¨®n del contrato social en las sociedades democr¨¢ticas contempor¨¢neas. El Estado garantiza los derechos y libertades individuales y cada ciudadano contribuye seg¨²n su capacidad y recibe seg¨²n su necesidad. Lo que se traduce en la existencia de servicios p¨²blicos para todos los miembros de la comunidad y de impuestos con los que tambi¨¦n todos participan sosteniendo el sistema.

El thatcherismo permiti¨® recuperar espacio a los defensores del no intervencionismo e inici¨® un retroceso en este equilibrio que se ha ido filtrando en pr¨¢cticas y discursos desde los ochenta. La fortaleza del modelo se resquebraj¨®, pero se ha mantenido con sus m¨¢s y sus menos hasta hoy. As¨ª, nos encontramos con la paradoja actual. Por un lado, se ha impuesto la idea de que la respuesta a las crisis de la covid-19 y la guerra en Ucrania, con su inflaci¨®n galopante y su amenaza de recesi¨®n, es y debe ser diferente a la gesti¨®n de la crisis financiera de 2010. Frente a la austeridad y el ¡°dolor¡± de la ciudadan¨ªa, en esta ocasi¨®n se opta por la creaci¨®n de una red de seguridad desde el Estado, sostenida desde una Europa que comparte los mismos criterios. Se refuerza el gasto p¨²blico y se generaliza el discurso del ¡°nadie se queda atr¨¢s¡±.

Pero, por otro, de manera creciente los impuestos se han convertido en los malvados de la pel¨ªcula y se intenta imponer un discurso que los deslegitima. A esto han contribuido las derechas con una pol¨ªtica econ¨®mica en la que las bajadas impositivas se presentan como propuesta estrella. Un paraguas que sirve para todo tipo de temporales y que tapa cualquier otra propuesta, al punto de hacer sospechar que no hay nada detr¨¢s. Discursos que afirman que el dinero est¨¢ mejor en el bolsillo de los ciudadanos o que califican los ingresos del Estado por impuestos como bot¨ªn del Gobierno o del presidente no son inocuos. Parecen olvidar que la finalidad de esa recaudaci¨®n es financiar los servicios p¨²blicos y que, por ello, ese dinero no es del Gobierno ni de nadie, sino de todos.

Afirmaciones de este tipo se?alan, en realidad, que lo p¨²blico es subsidiario. Que cuando la situaci¨®n econ¨®mica va mal, no se puede invertir en ello porque no nos lo podemos permitir, pero cuando va bien, tampoco, porque entonces no es necesario. Y sin impuestos, no hay sistema p¨²blico que se pueda sostener. El ejemplo reciente del Reino Unido nos muestra que la trampa de una econom¨ªa p¨²blica mantenida de manera m¨¢gica reduciendo sus impuestos, es decir, sus ingresos, no se la creen ni siquiera los mercados.

Estos discursos son, adem¨¢s, irresponsables, pues env¨ªan a la ciudadan¨ªa la idea de que uno de los principales cimientos del sistema es da?ino para sus intereses, erosionando su confianza en ¨¦l. Y, adem¨¢s, enga?an. ?Podr¨ªa el ciudadano con el dinero de su bolsillo pagarse la Universidad, las infraestructuras de su ciudad, un cuerpo de seguridad, su subsidio del paro, su operaci¨®n de ves¨ªcula o su tratamiento de c¨¢ncer?

Pero tambi¨¦n la izquierda tiene responsabilidad en esta deslegitimaci¨®n. Porque no est¨¢ libre con coquetear con las bajadas de impuestos como algo beneficioso en s¨ª mismo, pero, sobre todo, porque ha dado por perdida la batalla discursiva, limit¨¢ndose, en el mejor de los casos, a defender los impuestos desde una perspectiva de ricos contra pobres. Focalizar el gasto p¨²blico en la emergencia social es necesario, pues el Estado debe procurar alternativa a quien no puede hacerlo por s¨ª mismo, pero una cuesti¨®n de prioridad no es un fin. Cerrarse en ello genera una divisi¨®n social que termina por devolver al Estado a una l¨®gica caritativa y asistencial mientras deslegitima los impuestos ante una mayor¨ªa de ciudadanos que terminan percibiendo que s¨®lo pagan y no reciben nada. No se recuerda lo suficiente que servicios p¨²blicos son la sanidad y la educaci¨®n universales, como tambi¨¦n lo son las infraestructuras, la limpieza o la seguridad ciudadana y la jur¨ªdica. O que quien vive una situaci¨®n m¨¢s c¨®moda no la vive en el vac¨ªo, sino en una comunidad de la que se beneficia de manera directa e indirecta y donde la situaci¨®n ajena incide en la propia.

Si la derecha deber¨ªa recuperar la responsabilidad program¨¢tica y discursiva, la izquierda deber¨ªa apostar por la claridad conceptual y la defensa de la justicia social.