Feij¨®o en el desfiladero

La decisi¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o de bloquear de nuevo la renovaci¨®n del CGPJ mantiene a la c¨²pula del poder judicial en manos de un ¨²nico partido ¡ªel PP¡ª desde hace nueve a?os, incumpliendo todos los plazos previstos por la ley y la Constituci¨®n. La confirmaci¨®n de que esta vez tampoco ser¨¢ posible el acuerdo para renovar el ¨®rgano de gobierno deja a la justicia espa?ola en situaci¨®n de emergencia y a nuestra democracia con un grave da?o reputacional, porque la primera tarea exigible a los partidos democr¨¢ticos es el normal funcionamiento de las instituciones. El CGPJ lleva cuatro a?os con el mandato caducado. Ninguna discrepancia pol¨ªtica, ning¨²n desacuerdo legislativo, ning¨²n inter¨¦s particular est¨¢ por encima de la obligaci¨®n de hacer funcionar el sistema democr¨¢tico con las reglas establecidas y con los interlocutores que los espa?oles han votado en las urnas. Feij¨®o no puede elegir con qu¨¦ PSOE cumple la Constituci¨®n y con cu¨¢l la incumple. Felipe Gonz¨¢lez le record¨® este s¨¢bado que ¡°primero cumples la ley, y luego propones reformarla¡±, para no desestabilizar la democracia. El liderazgo del pol¨ªtico gallego parece caminar por un estrecho desfiladero vigilado por el ala radical de su partido y su corte, que le conminaban a no pactar. Y no pact¨®. Esta vez con el argumento de la reforma del delito de sedici¨®n en el C¨®digo Penal ¡ªel Gobierno se hab¨ªa comprometido desde hac¨ªa tiempo a su reforma, y ERC le urge a concretar¡ª. Se puede discutir la inoportunidad de la coincidencia de ambos debates en los momentos finales de la negociaci¨®n, pero el liderazgo consiste en distinguir las piedras y el camino.

Tras la ruptura de Feij¨®o, Bruselas ha vuelto a exigir acabar con la anomal¨ªa de una c¨²pula judicial petrificada desde el a?o 2013 con grave quebranto adem¨¢s de los intereses de miles de ciudadanos pendientes de m¨²ltiples causas, en particular en el Tribunal Supremo. Sin la renovaci¨®n por el procedimiento que la Constituci¨®n contempla, ninguna de las soluciones alternativas es f¨¢cil ni est¨¢ exenta de contraindicaciones. Pero la emergencia a la que este bloqueo aboca al sistema democr¨¢tico espa?ol obliga al Gobierno y a las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas a explorarlas. Algunas se han apuntado estos d¨ªas. Remitir a las Cortes para su votaci¨®n en pleno la lista ya consensuada antes de la ruptura, aunque sin el PP, no saldr¨ªa adelante y conllevar¨ªa el riesgo adem¨¢s de que haya vocales que se retiren en estas circunstancias. Otra v¨ªa es la propuesta de Podemos de una modificaci¨®n expr¨¦s de la ley que permita que la elecci¨®n de los vocales del CGPJ en segunda vuelta requiera ¨²nicamente de mayor¨ªa absoluta, y no los tres quintos del Congreso que exige ahora para la primera vuelta. El Gobierno la tante¨® hace meses para acabar renunciando a ella por las reticencias de Bruselas. Una soluci¨®n de emergencia para aliviar la log¨ªstica judicial ser¨ªa una habilitaci¨®n transitoria y limitada para que el CGPJ pudiera nombrar a los magistrados del Supremo necesarios para cubrir las bajas del ¨²ltimo a?o y medio. Sin descartar que el propio Consejo se decida a dignificar la instituci¨®n con alguna iniciativa que obligue al desbloqueo. Fue la dimisi¨®n de Carlos Lesmes la que propici¨® el ¨²ltimo intento de acabar con este espect¨¢culo.

Donde no deber¨ªa haber ning¨²n problema es en la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. Rotas las negociaciones, el Gobierno puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden, y el CGPJ tiene plenas facultades para completar el proceso que acabe con la interinidad en el tribunal de garant¨ªas.

Es el momento de apelar a la responsabilidad de quienes se sientan concernidos por la salud de las instituciones que sostienen nuestra democracia.