El CGPJ recurrir¨¢ a la Sala Militar para evitar el colapso del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea recurrir de manera excepcional a magistrados de la Sala de lo Militar para evitar el colapso previsto en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, encargada de resolver, entre otros, los recursos contra el Gobierno. Esta medida ins¨®lita es la ¨²ltima soluci¨®n que estudia el Gobierno de los jueces para resolver los problemas de funcionamiento que empezar¨¢n a producirse en los pr¨®ximos meses en el Supremo como consecuencia del bloqueo en la renovaci¨®n del Poder Judicial y de la reforma legal que impide hacer nombramientos de cargos judiciales.

El tiempo corre contra la Justicia en Espa?a. Tres a?os de bloqueo en el Gobierno de los jueces ¡ªpor la negativa del PP a acordar la renovaci¨®n de ese ¨®rgano como establece la Constituci¨®n¡ª y la reforma legal que impide desde hace un a?o nombrar a cargos judiciales para cubrir vacantes, lastran el funcionamiento de un ¨®rgano fundamental del sistema democr¨¢tico.

El Tribunal Supremo, la ¨²ltima instancia judicial en Espa?a formada por cinco salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) con 80 magistrados, perder¨¢ este a?o una decena de sus jueces (ocho por jubilaci¨®n y dos que han fallecido) sin que se hayan podido cubrir esas vacantes. La mitad de las bajas se ha producido en la Sala de lo Contencioso-administrativo, la que tramita m¨¢s asuntos y tambi¨¦n la que tiene m¨¢s magistrados.

Responsables del Poder Judicial sostienen que todav¨ªa no ha habido grandes problemas para resolver los recursos que tramitan cada una de las secciones de esa sala del Supremo. Pero aclaran que antes de seis meses llegar¨¢n las primeras dificultades serias. La soluci¨®n m¨¢s sencilla pasa por el Partido Popular. Si desbloquea la renovaci¨®n, se podr¨¢n hacer de nuevo los nombramientos para cubrir las vacantes porque sus votos en el Congreso y el Senado permiten al Gobierno sumar los tres quintos necesarios que establece la ley para elegir al nuevo Consejo. Pero esa posibilidad parece muy lejana a juzgar por las palabras y los actos del l¨ªder del PP, Pablo Casado.

El Gobierno de los jueces ha estudiado el problema, que se agrava a medida que llegan nuevas jubilaciones al Supremo, y ha encontrado una soluci¨®n de emergencia que piensa aplicar a partir de los primeros meses de 2022. Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la que menos carga de asuntos soporta en la actualidad, podr¨¢n compatibilizar su trabajo con el de la Sala de lo Contencioso-administrativo, donde podr¨¢n ir destinados en comisi¨®n de servicio como medida excepcional para evitar el colapso de este ¨®rgano por falta de jueces. Este es el plan de emergencia en el que se trabaja ahora.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con 31 magistrados, es el principal motivo de preocupaci¨®n en el Consejo General del Poder Judicial. Este a?o terminar¨¢ con seis bajas (por fallecimientos o jubilaciones) que no han podido ser cubiertas debido a la reforma legal vigente que impuls¨® el Gobierno y que proh¨ªbe al Consejo hacer nombramientos cuando tiene su mandato caducado, como sucede ahora.

La Sala de lo Contencioso-administrativo deber¨¢ pronunciarse en los pr¨®ximos meses sobre dos recursos que piden anular decisiones clave del Gobierno de Pedro S¨¢nchez: los indultos a los independentistas condenados por el proc¨¦s y el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Se trata de una sala clave en el funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia pues entiende de los recursos que se presentan contra decisiones del Gobierno central, del Congreso y el Senado, del Tribunal de Cuentas e incluso del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de los jueces ha barajado distintas posibilidades para impedir el colapso de esta sala por la existencia de plazas vacantes sin cubrir. En un principio se plante¨® utilizar a magistrados de lo contencioso-administrativo del Supremo que estuvieran jubilados, o echar mano de jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Pero ninguna de estas f¨®rmulas les ha convencido, seg¨²n explican dirigentes del Consejo a EL PA?S. Por otra parte, explican estos mismos responsables del Gobierno de los jueces, los magistrados de la Sala de lo Militar son especialistas en el ¨¢rea de lo contencioso-administrativo y en el ¨¢rea penal por el tipo de recursos que deben resolver.

El Consejo General del Poder Judicial, atenazado por una reforma legal que le impide ejercer una de sus funciones principales cuando est¨¢ con el mandato de cinco a?os caducado ¡ªlos nombramientos de cargos judiciales para cubrir las vacantes que se producen¡ª, lleva meses estudiando medidas para evitar el colapso de la Administraci¨®n de Justicia.

La reforma legal que impide hacer nombramientos, una medida con la que el Gobierno pretend¨ªa presionar al PP para que desbloquease la renovaci¨®n, afecta ya en su primer a?o de aplicaci¨®n a medio centenar de altos cargos judiciales. Adem¨¢s de las ocho bajas del Supremo por fallecimiento o jubilaci¨®n que no podr¨¢n ser cubiertas, hay otros 40 cargos judiciales con el mandato caducado que siguen en sus puestos en audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia sin poder ser renovados.