Fin de la sedici¨®n, ?fin de un relato?

Es una noticia muy positiva que el Gobierno de coalici¨®n, con el apoyo parlamentario del llamado ¡°bloque de investidura¡±, vaya a modificar el C¨®digo Penal eliminando el delito de sedici¨®n, es decir, el delito que, seg¨²n el Tribunal Supremo, cometieron los l¨ªderes independentistas en el oto?o de 2017. En lugar del ambiguo ¡°alzamiento tumultuario¡± al que se refer¨ªa la ley en el art¨ªculo sobre la sedici¨®n, habr¨¢ un delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados con penas sensiblemente inferiores a las que se contemplaban anteriormente para los actos ¡°sediciosos¡±. Entre otras cosas, se busca as¨ª converger con las penas que se aplican en otros pa¨ªses de Europa occidental para este tipo de delitos.

No es mi intenci¨®n entrar en consideraciones jur¨ªdicas. Expertos hay de sobra que podr¨¢n debatir si con esta reforma se abren espacios de impunidad o si se restringe indebidamente el derecho de protesta y manifestaci¨®n. Lo que me interesa subrayar ahora es el significado pol¨ªtico de esta iniciativa, que es, a mi juicio, de gran calado.

Tanto los indultos concedidos por el Gobierno en junio de 2021, como ahora la propuesta de reforma del delito de sedici¨®n, suponen, en la pr¨¢ctica, una rectificaci¨®n sustancial de la respuesta del Estado y el sistema pol¨ªtico espa?ol a la crisis catalana, respuesta que cont¨®, adem¨¢s, con un apoyo amplio en la sociedad.

Antes de que hiciera crisis el problema catal¨¢n en 2017, el Gobierno, presidido en aquellos a?os por Mariano Rajoy, se neg¨® a afrontar pol¨ªticamente las demandas que proced¨ªan de Catalu?a, sobre todo la demanda de celebraci¨®n de un refer¨¦ndum, que ten¨ªa un respaldo muy amplio tanto en el Parlament como en la sociedad catalana. Esto no quiere decir que el Gobierno no reaccionara, pues, de hecho, puso en pr¨¢ctica operaciones secretas diversas, con total burla del Estado de derecho, para destruir la reputaci¨®n de los l¨ªderes independentistas. Se emplearon fondos reservados para financiar dichas operaciones, con el comisario Villarejo por medio, que inclu¨ªan la participaci¨®n de medios de comunicaci¨®n que se prestaban a este juego publicando noticias falsas. En fin, las cloacas del Estado, agitadas por el Ministerio de Interior de la ¨¦poca (Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, Ignacio Cosid¨®, Francisco Mart¨ªnez y compa?¨ªa), siempre, por supuesto, desde el m¨¢s elevado patriotismo.

Cuando estall¨® el conflicto, en septiembre de 2017, el Gobierno no se limit¨® a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes 19/2017 y 20/2017, de refer¨¦ndum y de transici¨®n jur¨ªdica y fundacional de la Rep¨²blica de Catalu?a respectivamente, aprobadas por el Parlament y claramente inconstitucionales, sino que opt¨® por utilizar la fuerza para evitar el refer¨¦ndum del 1 de octubre. Las im¨¢genes de la polic¨ªa cargando y golpeando a ciudadanos pac¨ªficos, de toda edad y condici¨®n, que quer¨ªan votar en aquel simulacro de refer¨¦ndum, dieron la vuelta al mundo y colocaron a Espa?a en una posici¨®n comprometida.

Lejos de frenar la crisis, la torpe y desproporcionada intervenci¨®n de la polic¨ªa encresp¨® a¨²n m¨¢s los ¨¢nimos. El discurso del rey Felipe VI dos d¨ªas despu¨¦s no solo cerr¨® cualquier posibilidad de reconducir la situaci¨®n pol¨ªticamente, sino que adem¨¢s envalenton¨® a las derechas en su voluntad de dar un escarmiento final y definitivo a los independentistas catalanes mediante el uso de la v¨ªa penal.

Como apuntaba Jordi Amat hace unas semanas, la derecha judicial espa?ola era consciente desde hac¨ªa mucho tiempo de que una declaraci¨®n de independencia no es, como tal, un delito. Evidentemente, si dicha declaraci¨®n se realiza al margen del ordenamiento constitucional, constituye un acto pol¨ªticamente inv¨¢lido, pero sin relevancia criminal. El Tribunal Constitucional, de hecho, fue anulando todos los pasos pol¨ªticos y legislativos que se dieron en Catalu?a para avanzar hacia la separaci¨®n del Estado. La ¨²nica manera de encarcelar a los l¨ªderes independentistas pasaba por realizar una interpretaci¨®n ¡°creativa¡± de los acontecimientos, transmutando una protesta multitudinaria ante la sede de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Generalitat, mientras los agentes judiciales registraban el edificio, en un acto de rebeli¨®n (un alzamiento violento). Esa fue la acusaci¨®n a la que recurri¨® el fiscal general del Estado. Para ello, como digo, era necesario retorcer los hechos que todos hab¨ªamos podido ver, interpretando la protesta pac¨ªfica como acto violento. Los argumentos no pod¨ªan ser m¨¢s endebles: en un auto judicial del Supremo, se lleg¨® a responsabilizar a los l¨ªderes independentistas de provocar a la polic¨ªa por animar a los ciudadanos a votar el 1-O; tambi¨¦n se dijo que esos mismos l¨ªderes hab¨ªan asumido la violencia que podr¨ªa haber surgido en las movilizaciones populares (y que, sin embargo, no lleg¨® a darse).

La acusaci¨®n delirante de rebeli¨®n sirvi¨® de coartada para que los tribunales pudieran actuar sin trabas, con grave menoscabo en ocasiones de derechos pol¨ªticos fundamentales (como impedir que cargos elegidos democr¨¢ticamente pudieran ejercer la representaci¨®n pol¨ªtica). Para que dicha acusaci¨®n tuviera alguna verosimilitud, fue necesario que la derecha pol¨ªtica y medi¨¢tica insistiera sin descanso en que lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017 hab¨ªa sido un golpe de Estado fallido, un golpe realizado con el prop¨®sito de acabar con la democracia espa?ola. En una especie de alucinaci¨®n colectiva, buena parte de la sociedad espa?ola, incluyendo prestigiosos intelectuales, acad¨¦micos y periodistas, hizo suyo este relato de los acontecimientos. En la versi¨®n m¨¢s suave, se hablaba de ¡°golpe posmoderno¡± o de ¡°pronunciamiento civil¡±, conceptos inventados ad hoc y sin base alguna. El Tribunal Supremo, tratando de no perder del todo el principio de realidad, finalmente sentenci¨® que no hab¨ªa habido tal golpe o rebeli¨®n, sino tan ¡°solo¡± una sedici¨®n.

El indulto y la reforma del delito de sedici¨®n suponen una correcci¨®n fundamental al diagn¨®stico inicial de golpismo y a la reacci¨®n antipol¨ªtica del Estado. Sin cuestionar las responsabilidades penales en las que incurrieron los l¨ªderes independentistas al desobedecer gravemente al Tribunal Constitucional, de lo que se trata es de entender de una vez que lo que se produjo en oto?o de 2017 fue una crisis constitucional en la que ambas partes actuaron, aun en grado distinto, con profundo desprecio de los principios democr¨¢ticos m¨¢s elementales. Los l¨ªderes independentistas no contaban con el apoyo social para hablar en nombre de Catalu?a en su conjunto, ni siquiera de una mayor¨ªa de los catalanes; y las autoridades pol¨ªticas y judiciales de Espa?a, en lugar de ofrecer una salida pol¨ªtica, fueron ¡°a por ellos¡±, abusando del C¨®digo Penal. Aquello fue un fracaso colectivo en toda regla; no fuimos capaces de procesar las diferencias de intereses y proyectos desde par¨¢metros plenamente democr¨¢ticos.

Por fortuna, tanto el Gobierno de Espa?a como el Gobierno catal¨¢n est¨¢n dando pasos importantes para salir del pozo pol¨ªtico en el que cay¨® el pa¨ªs en su conjunto. Primero fue la excarcelaci¨®n de los presos a trav¨¦s de un indulto. Y ahora se elimina el delito al que se agarr¨® el Tribunal Supremo para realizar una condena ejemplarizante y vengativa que satisficiera el orgullo herido del nacionalismo espa?ol. Toda esa etapa negra de la democracia espa?ola y catalana debe quedar enterrada. Aunque ya no ocurrir¨¢ en esta legislatura, cabe so?ar con que en la siguiente se aborde pol¨ªticamente, de forma constructiva, la reforma constitucional que Espa?a necesita para establecer un modelo territorial que se reconcilie con nuestra condici¨®n plurinacional. Ser¨ªa la mejor manera de garantizar que crisis como la del oto?o de 2017 no se repitan.