A prop¨®sito de la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯: los ¨¢rboles y el bosque
La pol¨¦mica sobre la rebaja de penas por abuso sexual sit¨²a una vez m¨¢s el debate sobre la violencia machista en el ¨¢mbito penal y ha puesto a la sociedad a pedir penas m¨¢s duras en lugar de aportar soluciones m¨¢s eficaces para las mujeres
La Ley de Garant¨ªa de la Libertad Sexual ha desatado una tormenta pol¨ªtica y medi¨¢tica porque su entrada en vigor ha posibilitado que condenados por delitos sexuales puedan solicitar una revisi¨®n de penas ya impuestas. Varios tribunales han aplicado reducciones que han incluido excarcelaciones y han saltado todas las alarmas. En un contexto pol¨ªtico como el nuestro, en el que el punitivismo ha permeado el sentido com¨²n, nada activa m¨¢s nuestra sensaci¨®n de inseguridad que la idea de delincuentes saliendo de las c¨¢rceles. Es m¨¢s, son justamente este tipo de delitos, los delitos de violencia sexual, los que en las democracias actuales m¨¢s f¨¢cilmente desencadenan la demanda social de fuertes castigos. En el caso espa?ol, tras sucesivas reformas que recargaron nuestro C¨®digo Penal, algunas penas para los delitos de violaci¨®n han llegado a equipararse a las penas por homicidio. La violencia sexual contra las mujeres es muy a menudo la baza perfecta para defender las pol¨ªticas penales m¨¢s duras y como muestra de ello s¨®lo hace falta mirar c¨®mo las extremas derechas la usan para criminalizar a poblaciones migrantes y defender la prisi¨®n permanente o la pena de muerte. C¨®mo abordar hoy, en nuestro presente pol¨ªtico, la violencia sexual, qu¨¦ discursos construir sobre ello y qu¨¦ pol¨ªticas p¨²blicas poner en marcha es una de las cuestiones pol¨ªticas m¨¢s sensibles y delicadas a las que nos enfrentamos desde los feminismos. En ello nos jugamos la posibilidad de escapar a los marcos de las extremas derechas o el riesgo de caer por entero dentro de ellos y colaborar en el avance de sentidos comunes punitivos y reaccionarios.
La Ley integral de Garant¨ªa de la Libertad Sexual ha sido criticada por numerosas feministas porque consideramos que implica un aumento del punitivismo. Es una ley que entiende que la libertad sexual se garantiza desde la pol¨ªtica penal y que supone una ampliaci¨®n de las conductas delictivas: endurece penas anteriores e introduce castigos que antes no exist¨ªan. Estas cr¨ªticas las hicimos no solo muchas feministas, sino tambi¨¦n la judicatura progresista. Jueces y Juezas para la Democracia critic¨® ¡°un endurecimiento de un marco penal ya muy severo¡± y el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal advirti¨®, en la misma l¨ªnea, que ¡±la respuesta penal se ha endurecido en un marco en el que las penas ya estaban sobredimensionadas tras sucesivas reformas del C¨®digo Penal¡±. En t¨¦rminos generales, los informes se?alaron el aumento penal global y, en efecto, siendo esta la t¨®nica general, quedaron m¨¢s escoradas las pocas llamadas de atenci¨®n que algunos juristas hicieron sobre la posibilidad de que la fusi¨®n de los delitos de agresi¨®n y abuso abriera tambi¨¦n la puerta a un efecto no buscado por el legislador: una rebaja de algunas condenas. Hoy la discusi¨®n medi¨¢tica se centra en este efecto colateral imprevisto, lo que permite hablar de chapuzas, buscar qui¨¦n tiene la culpa de qu¨¦ y analizar esto en relaci¨®n con el culebr¨®n interno al Gobierno de coalici¨®n. Un ejemplo de qu¨¦ quiere decir que los ¨¢rboles no permitan ver el bosque: para hacer un an¨¢lisis pol¨ªtico del fondo de la cuesti¨®n y buscar salidas posibles es preciso volver a abrir la mirada y localizar no tanto d¨®nde est¨¢ el error individual particular, sino cu¨¢l es el problema general.
El problema no es que algunas penas, por cierto no muchas, puedan verse reducidas con una reforma penal ¡ªalgo cuya resoluci¨®n final tendr¨¢ que esperar al Tribunal Supremo¡ª, el drama es que esto solo pueda ser una gigantesca hecatombe pol¨ªtica y electoral. El problema es que, teniendo uno de los c¨®digos penales m¨¢s duros de Europa, resulte incluso directamente inconcebible que una reforma penal sobre delitos sexuales pudiera rebajar algunas penas (cuando, por cierto, incrementa otras). El problema es justamente que identifiquemos que lo peor que puede pasar y lo que m¨¢s desprotege a las mujeres es una moderaci¨®n de las condenas, como si acaso la protecci¨®n de las mujeres dependiera de la dureza de las penas. Si algo debemos aprender de las ¨²ltimas d¨¦cadas es que una pol¨ªtica que pretende enfrentar la violencia machista desde el ¨¢mbito penal es una pol¨ªtica fracasada. Los problemas estructurales ¡ªy la violencia de g¨¦nero lo es¡ª no se solucionan con castigos y es la creencia en la centralidad del castigo y la imposibilidad de pensar pol¨ªticas m¨¢s all¨¢ de lo penal, lo que nos ha conducido a una respuesta institucional ineficaz. Deber¨ªamos estar reduciendo el peso de las respuestas penales y reforzando todas las pol¨ªticas econ¨®micas, redistributivas, sociales, educativas, culturales que sirven para prevenir en vez de castigar. Probablemente, la mediatizaci¨®n del feminismo y una pol¨ªtica institucional hecha al calor de pol¨¦micas judiciales ha tenido efectos perversos. En un clima como el que tenemos son rentables a corto plazo las pol¨ªticas de la alarma y la respuesta r¨¢pida, pero esas no son las que salvan vidas. Lo que ha ocurrido estos d¨ªas ha situado una vez m¨¢s el debate sobre la violencia machista en el ¨¢mbito penal y ha puesto a la sociedad a pedir penas m¨¢s duras en lugar de aportar soluciones m¨¢s eficaces para las mujeres.
Venimos desde hace a?os cargando las tintas en una direcci¨®n que ahora s¨®lo puede volverse contra nosotras y que ha abonado el terreno para que sean las derechas las que van a recoger las ganancias. Si este Gobierno hubiera apostado por una pol¨ªtica feminista no punitiva, hoy estar¨ªamos en condiciones de defender que el problema fundamental no es en ning¨²n caso que bajen las penas, que eso no tiene por qu¨¦ hacer mala a una ley, ni eso implica en absoluto una ley que proteja menos a las mujeres. Pero mantener la apuesta punitiva, incorporada en el coraz¨®n de esta reforma legal, ha hecho que hoy tengamos, aparte de un C¨®digo Penal engrosado, un debate situado en marcos conservadores totalmente funcionales a los mensajes de alarma social que el Partido Popular y Vox van a lanzar sin descanso.
Que los ¨¢rboles no nos impidan ver el bosque quiere decir hacernos estas preguntas: ?Qu¨¦ ser¨ªa un feminismo capaz de ganarle a la extrema derecha? ?C¨®mo demostrar que existe otra pol¨ªtica posible a sus discursos revanchistas y vengativos? ?C¨®mo neutralizar los intentos de instrumentalizar la violencia contra las mujeres al servicio del racismo y el autoritarismo penal? ?C¨®mo construir sentidos comunes alternativos a los que alimentan a Vox? Son preguntas urgentes en nuestro contexto pol¨ªtico general y hay que darles respuesta. Jam¨¢s se puede utilizar el feminismo para aprobar c¨®digos penales a¨²n m¨¢s duros, jam¨¢s se puede llamar feminismo al punitivismo y jam¨¢s se puede llamar machismo al garantismo penal. Los ¨¢rboles en esta crisis son algunas condenas recortadas, el bosque el endiablado marco generalizado de populismo penal en el que nos sumergimos cada vez m¨¢s. Y si algo da pruebas del entuerto en el que estamos es que el propio Ministerio de Igualdad haya emprendido una huida hacia adelante que pasa por identificar la limitaci¨®n penal y las interpretaciones jur¨ªdicas menos duras con la ¡°justicia patriarcal¡±. Es obvio que la judicatura incorpora prejuicios machistas y que la formaci¨®n es necesaria, pero la aplicaci¨®n de la norma m¨¢s favorable para los condenados (y su retroactividad si les beneficia) es un principio b¨¢sico del derecho penal que todo gobierno de izquierdas debe legitimar y defender. Nuestra mirada no ha de fijarse en la intenci¨®n de quienes hoy piden rebajas de condenas o quienes las conceden ¡ªsin duda algunos de ellos machistas¡ª. Nuestra obligaci¨®n es pensar en los efectos de todo esto. Si algo refuerza el car¨¢cter autoritario, castigador y patriarcal del Poder Judicial es dejar de defender desde el feminismo el derecho penal m¨ªnimo, las garant¨ªas jur¨ªdicas y los principios constitucionales que justamente la derecha punitiva pretende abolir. ?Desde cu¨¢ndo ha asumido la izquierda que la respuesta es la represi¨®n, el castigo y el C¨®digo Penal y no la reinserci¨®n y la transformaci¨®n de la sociedad? Cuando tenemos a las puertas una reacci¨®n dispuesta a usar la violencia machista como excusa para sus pol¨ªticas autoritarias, dejemos de hacer estos peligrosos discursos y salgamos de una vez de este enfangado clima punitivo dentro de cuyas redes ni las mujeres ni el feminismo ni las izquierdas ni las mayor¨ªas sociales tienen nada que ganar. El debate sobre las penas nos mete de lleno en el marco de la derecha, salgamos urgentemente de ese lugar.
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