El peligro de dinamitar los puentes

Lo sucedido esta semana con la entrada en vigor de la Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual a ra¨ªz de varias peticiones de reducci¨®n de condena puede observarse como parte de una din¨¢mica mucho m¨¢s amplia de dificultad creciente para el acuerdo pol¨ªtico, en un clima de elevada polarizaci¨®n pol¨ªtica y social. Esta dificultad la llevamos observando desde hace alg¨²n tiempo en buena parte de las pol¨ªticas relacionadas con la igualdad de g¨¦nero. No es algo exclusivo de nuestro pa¨ªs, aunque por diversas razones, aqu¨ª parece ser particularmente expresivo.

La polarizaci¨®n reduce el espacio para el acuerdo en dos frentes distintos. En primer lugar, la extrema derecha hace tambalear ese espacio de consenso precisamente porque su misi¨®n es hacer volar por los aires el contrato social sobre el que se asientan laboriosamente las democracias liberales. Aunque todav¨ªa no sabemos bien cu¨¢l es su capacidad de contagio, la derecha m¨¢s moderada se ve ahora compitiendo por partidos que cuestionan el avance de derechos y pol¨ªticas, con una sorprendente habilidad para la tergiversaci¨®n. En segundo lugar, las importantes fracturas en el movimiento feminista y su instrumentalizaci¨®n por parte de determinados actores pol¨ªticos achican tambi¨¦n el espacio para el consenso. Aunque los temas que ahora ocupan la agenda feminista tienen una mayor complejidad, lo que retroalimenta la polarizaci¨®n no es el avance de las pol¨ªticas de igualdad en s¨ª, sino la tendencia al uso partidista en una competencia electoral desquiciada. La trayectoria pol¨ªtica de la lucha contra la violencia de g¨¦nero es un buen ejemplo.

La primera ley nacional, pionera en Europa, del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se aprueba en 2005 con el apoyo un¨¢nime de todos los partidos del arco parlamentario. La ley ofrece el marco desde el que se despliega el pacto de Estado contra la violencia machista ratificado en noviembre de 2016 por todos los partidos pol¨ªticos, las comunidades aut¨®nomas y las entidades locales. Un a?o m¨¢s tarde, se renueva el pacto tambi¨¦n por unanimidad, aunque esta vez el compromiso por parte del Gobierno del PP es m¨¢s simb¨®lico que real al no garantizar la asignaci¨®n presupuestaria correspondiente. Las administraciones afectadas, los sindicatos y los principales partidos de la oposici¨®n mostraron su descontento pero lo que forz¨® la rectificaci¨®n del Gobierno de Mariano Rajoy ¡ªincluyendo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado los 120 millones prometidos a ayuntamientos y gobiernos auton¨®micos¡ª fueron las movilizaciones masivas en la calle provocadas por las sentencias del caso de La Manada.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia revoc¨®, un a?o despu¨¦s, las dos sentencias anteriores, elevando finalmente a 15 a?os la pena de prisi¨®n de los cinco acusados, el tema no se zanj¨® ah¨ª. Muchas voces reclamaron la necesidad de revisar la tipificaci¨®n de los delitos de agresi¨®n y abuso sexual en el C¨®digo Penal. El Ejecutivo de Rajoy encomend¨® un informe t¨¦cnico. PSOE, Ciudadanos y Podemos propusieron tambi¨¦n la revisi¨®n del C¨®digo Penal. Pero la moci¨®n de censura y el largo impasse posterior congelaron la imagen largo tiempo. Irene Montero, reci¨¦n nombrada ministra de Igualdad, algo m¨¢s de seis meses despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Supremo recuper¨® uno de los lemas m¨¢s ic¨®nicos de las protestas para prometer cambios en la definici¨®n del consentimiento. La ley del solo s¨ª es s¨ª ser¨ªa buque insignia del Ministerio y de su agrupaci¨®n pol¨ªtica. Razones no faltaban. No solo porque el caso de La Manada, punta de iceberg de otras sentencias igualmente pol¨¦micas sobre casos de violaci¨®n a mujeres, elev¨® la temperatura de la indignaci¨®n en las calles, tambi¨¦n porque el caso tuvo eco m¨¢s all¨¢ de nuestras fronteras.

Pero el contexto pol¨ªtico ya era otro y el espacio de consenso en torno a no solo la necesidad de combatir la violencia machista sino de c¨®mo hacerlo hab¨ªa menguado considerablemente.

El 25 de noviembre del 2021, el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero se renueva pero sin unanimidad. Vox vota en contra e impide, adem¨¢s, que se pronuncie una declaraci¨®n institucional de repudio de la violencia contra las mujeres porque, en palabras de su diputada Carla Toscano, ¡°la violencia no tiene sexo¡±. Una discusi¨®n entre dirigentes pol¨ªticos de la derecha a pie de pancarta el 25-N escenificaba bien el desencuentro. Todos los partidos democr¨¢ticos quisieron trasmitir una imagen de unidad pero las discrepancias se volvieron cada vez m¨¢s evidentes. Mientras que la derecha propon¨ªa un endurecimiento de las penas, la izquierda insist¨ªa en una estrategia m¨¢s preventiva y rehabilitadora. El problema es que legislar en caliente tras una gran conmoci¨®n colectiva lleva m¨¢s a lo primero que a lo segundo. La ministra de Igualdad se vio desde el principio encerrada en una contradicci¨®n irresoluble entre la promesa de m¨¢s mano dura y la exploraci¨®n de otras v¨ªas menos punitivas que aborden las causas estructurales de la violencia machista.

La propuesta de ley fue enormemente divisiva desde sus inicios. Como estamos aprendiendo estos d¨ªas, las advertencias de que el primer texto presentado ten¨ªa deficiencias jur¨ªdicas, incluida una posible rebaja de penas, llegaron desde muchos lugares, empezando por el propio Ministerio de Justicia. ¡°En las excusas t¨¦cnicas hay mucho machista frustrado¡±, critic¨® el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Como ya viene siendo habitual, Vox no perdi¨® la oportunidad para ensayar su lenguaje belicoso y xen¨®fobo, acusando al Gobierno de impulsar una ley que ¡°es otro ladrillo del muro del apartheid sexual que sufren los hombres en Espa?a¡±. El PP, por su parte, criticaba el sesgo ideol¨®gico del texto, la vulneraci¨®n de la seguridad jur¨ªdica y del principio de la presunci¨®n de inocencia. La regulaci¨®n de otras formas de violencia sexual, principalmente la trata en prostituci¨®n y la explotaci¨®n sexual en el caso de los vientres de alquiler, marcaba el enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero lo cierto es que el texto ha pasado durante los m¨¢s de dos a?os de preparaci¨®n numerosos filtros. El Consejo de Ministros dio luz verde en marzo de 2020. El Consejo General del Poder Judicial alert¨® que al rebajar las penas de los agresores, la ley podr¨ªa tener un efecto de desprotecci¨®n para las v¨ªctimas y, sin embargo, ning¨²n ¨®rgano, comisiones de Justicia del Congreso y Senado incluidas, pidieron introducir la disposici¨®n transitoria que se introduce cada vez que se modifica el C¨®digo Penal. La ley se aprob¨® en agosto de 2022 con amplio apoyo parlamentario. Votaron en contra el PP, Vox y la CUP. A la vista de los problemas, la pregunta fundamental es sobre qui¨¦n recae ahora la responsabilidad. En una democracia parlamentaria, el ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales y su cometido principal es precisamente controlar la acci¨®n del Gobierno. En estos tiempos revueltos que corren, esta tarea es hoy m¨¢s esencial que nunca.