¡®Lawfare¡¯ y empate catastr¨®fico

Atravesamos d¨ªas peligrosos. No porque el peligro est¨¦ en las calles sino porque se ha instalado en las instituciones. En este caso, como consecuencia del fuego cruzado que provoca lo que los anglosajones denominan una lawfare. Esto es, una guerra jur¨ªdica que utiliza la legalidad para da?arla y menoscabar el prestigio del esp¨ªritu de las leyes que defini¨® Montesquieu con precisi¨®n imperecedera. Una t¨¦cnica populista aplicada sobre la l¨®gica formal del Estado de derecho y que ha subido en intensidad desde 2018, hasta alcanzar el episodio que vivimos estos d¨ªas y cuyo desenlace compromete la credibilidad de los poderes del Estado y allana el camino hacia lo que el populismo latinoamericano describe como un ¡°empate catastr¨®fico¡±.

Es de todos conocido que la renovaci¨®n del gobierno de los jueces y, desde hace unos meses, la de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, est¨¢n bloqueadas. Esta situaci¨®n se ha producido por una estrategia de guerra jur¨ªdica que dise?¨® la anterior direcci¨®n del PP en un claro incumplimiento de su obligaci¨®n institucional de ejercer una oposici¨®n leal al Gobierno. El problema de utilizar el populismo es que contamina y provoca respuestas inspiradas en ¨¦l. Adem¨¢s normaliza su uso, que se convierte en una inercia estructural que escala en cantidad y calidad hasta infectar al sistema mismo si no se pone remedio.

Esto es lo sucedido desde el 27 de octubre para ac¨¢, tras fracasar la ¨²ltima negociaci¨®n entre el Gobierno y el PP acerca de la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se adujo entonces por los populares que hab¨ªa sido consecuencia de conocer que el Ministerio de la Presidencia negociaba con ERC una reforma del C¨®digo Penal que modificaba el delito de sedici¨®n para paliar los efectos penales de las condenas que soportan algunos l¨ªderes pol¨ªticos que participaron en el proceso independentista de Catalu?a de 2017.

El Gobierno lo neg¨®, pero, desde entonces, la guerra jur¨ªdica de posiciones se ha transformado en otra de movimientos que, por iniciativa del propio poder Ejecutivo, ha decidido combatir la que libraba la mayor¨ªa conservadora del Poder Judicial para erosionar la credibilidad de aquel. Algo que impulsa el Gobierno llevado por intereses pol¨ªticamente leg¨ªtimos, pero dudosamente generales. No en balde, busca con ello garantizar la existencia de una mayor¨ªa progresista en el Tribunal Constitucional y, de paso, apuntalar la hip¨®tesis futura de una mayor¨ªa de Gobierno de cara a la cita electoral de diciembre de 2023. El problema es que lo hace a pesar del coste de mutualizar colectivamente unos riesgos que no puede asumir la prudencia institucional que debe acompa?ar el quehacer responsable de un Gobierno democr¨¢tico.

Sobre todo porque intensifica de su parte la guerra jur¨ªdica de la que hablamos mediante un uso alternativo del derecho. En su caso, de la t¨¦cnica de las proposiciones de ley que altera la direcci¨®n pol¨ªtica que la Constituci¨®n atribuye al Gobierno a trav¨¦s de la iniciativa de proyectos de ley. Una decisi¨®n formalmente discutible porque emplea una f¨®rmula pensada para visibilizar la capacidad opositora de los grupos parlamentarios al Gobierno, no para que este legisle indirectamente. Y menos a¨²n, aprovechar su tramitaci¨®n expr¨¦s para limitar el control de la oposici¨®n y eludir las intervenciones de los ¨®rganos consultivos del Estado, as¨ª como el resto de las tramitaciones preceptivas que acompa?an el procedimiento ordinario de un proyecto de ley. Mecanismos todos ellos que ser¨ªa razonable cumplir en una ley que, m¨¢s all¨¢ de la l¨®gica de guerra jur¨ªdica a la que responde, reforma el C¨®digo Penal y cambia las reglas de juego que presiden los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Estas circunstancias son las que agravan el peligro al que nos conduce la lawfare que se libra en torno al Poder Judicial desde 2018. Una guerra que es consecuencia directa, en estos momentos, de la contraofensiva legal que protagoniza el Poder Ejecutivo y que ha dado pie a que el PP active la solicitud de suspensi¨®n que corresponde al Tribunal Constitucional ejercer durante la tramitaci¨®n de un recurso de amparo. De este modo, la guerra jur¨ªdica se instala en el propio el Tribunal Constitucional, a quien le corresponde decidir si plantea, o no, una crisis de Estado que supondr¨ªa, en la pr¨¢ctica, cavar trincheras en los fundamentos de legitimidad de la potestad legislativa de las Cortes Generales.

Un peligro de esta naturaleza deber¨ªa despertar la prudencia ¨¦tica de los protagonistas y la vocaci¨®n de servicio p¨²blico que quede en todos y cada uno de ellos. De lo contrario, la l¨®gica populista que inspira las estrategias de lawfare que comentamos, evidenciar¨¢ que el populismo ya es parte de la estructura de nuestra vida democr¨¢tica al ver c¨®mo la totalidad de los actores pol¨ªticos y los operadores jur¨ªdicos de nuestro pa¨ªs utilizan sus armas indiscriminadamente. Un desenlace b¨¦lico que podr¨ªa saltar al conjunto de la sociedad bajo el contexto de las elecciones generales de 2023.

Si este desenlace se produjera estar¨ªamos ante el mencionado empate catastr¨®fico, tan del gusto, como dec¨ªamos antes, del populismo latinoamericano. Esto es, un choque frentista para el que no habr¨ªa salida consensuada ni institucional. Una situaci¨®n de bloqueo pol¨ªtico que contaminar¨ªa a la propia sociedad al provocar el colapso del sistema por la incapacidad institucional de este para desactivar y neutralizar la confrontaci¨®n de un pa¨ªs dividido por mitades irreconciliables. Un momento que abocar¨ªa la cancelaci¨®n del sistema a trav¨¦s de su inevitable refundaci¨®n bajo un clima de guerra civil incruenta porque las urnas dejar¨ªan de ser reconocidas como fuente dirimente de legitimidad.

Espa?a corre el riesgo de asomarse a un momento parecido. Acumula cada d¨ªa nuevas dosis de negatividad y resentimiento populista que pueden conducirnos directamente a las fauces de un empate catastr¨®fico que rompa la unidad de la naci¨®n. No la territorial o espacial que tanto invocan algunos, sino la verdadera. Esa naci¨®n espiritual que se funda en consensos m¨¢s o menos extendidos sobre ideas, sentimientos y valores que posibilitan el respeto a nuestras instituciones m¨¢s all¨¢ del monopolio leg¨ªtimo de la fuerza que protege las libertades y derechos de todos.

La guerra cultural que se encarn¨® pol¨ªticamente en nuestro pa¨ªs en 2014 con la irrupci¨®n partidista del populismo, ha evolucionado a medida que se asentaba y erosionaba nuestra convivencia pol¨ªtica. La confrontaci¨®n populista, afortunadamente, todav¨ªa no ha saltado a la gente, m¨¢s all¨¢ del efecto que tiene en la mayor¨ªa de los medios de comunicaci¨®n, as¨ª como en las redes sociales. No cabe duda de que ha da?ado la moderaci¨®n cl¨¢sica de una parte significativa de nuestras clases medias y, sobre todo, de unas ¨¦lites que muestran s¨ªntomas de verse afectadas por ¨¦l. Sin embargo, la generalizaci¨®n de estrategias jur¨ªdicas e institucionales propias de las din¨¢micas de lawfare puede significar un giro que afecte al Estado mismo y que, finalmente, repercuta sobre la sociedad y la rompa por la mitad emocionalmente al abocarnos a un empate catastr¨®fico.

Si esto sucediera, nadie podr¨ªa perdon¨¢rselo, porque todos habremos sido responsables por acci¨®n u omisi¨®n de que Espa?a vuelva a la confrontaci¨®n recurrente que marc¨® su historia y su decadencia desde 1808 a 1975. Muchos pens¨¢bamos que ¨¦ramos libres de algo as¨ª. Sin embargo, los acontecimientos que padece Europa y las crisis que sacuden el mundo deber¨ªan convencernos de que lo malo que ha pasado en la historia puede volver a torturarnos de repente, tambi¨¦n a los espa?oles. No creo que nos merezcamos volver a vivir momentos as¨ª.