S¨¢nchez o Espa?a

El conflicto constitucional que se vivi¨® el pasado mes de diciembre a prop¨®sito de las medidas que el Gobierno intent¨® aprobar para desbloquear la renovaci¨®n tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obedece a una lucha encarnizada por el poder. Es evidente que el Pa...

El conflicto constitucional que se vivi¨® el pasado mes de diciembre a prop¨®sito de las medidas que el Gobierno intent¨® aprobar para desbloquear la renovaci¨®n tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obedece a una lucha encarnizada por el poder. Es evidente que el Partido Popular, utilizando excusas del m¨¢s variado pelaje, ha boicoteado los intentos de renovar la composici¨®n de estos dos ¨®rganos desde que perdi¨® el poder en 2018. El hecho de que hiciera lo mismo durante los Gobiernos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero demuestra que se trata de una t¨¢ctica de filibusterismo pol¨ªtico que la derecha emplea de forma sistem¨¢tica y a conciencia con el fin de debilitar a los gobiernos de izquierda.

Sentado esto, podemos debatir si la reacci¨®n del Gobierno de Pedro S¨¢nchez fue adecuada o no. Parece evidente que el Gobierno intent¨® forzar las cosas de modo poco escrupuloso, probablemente movido por el hartazgo ante la desfachatez con la que act¨²a el PP en este ¨¢mbito. Las prisas del Ejecutivo transmitieron la impresi¨®n de un ¨¢nimo irrespetuoso con los procedimientos parlamentarios y la divisi¨®n de poderes. Quien dise?ara esta operaci¨®n fallida, que sin duda ha provocado una erosi¨®n en el apoyo social al Gobierno, deber¨ªa asumir alg¨²n tipo de responsabilidad pol¨ªtica.

Se ha hablado mucho de los aspectos jur¨ªdicos de este embrollo. Creo, sin embargo, que hace falta algo m¨¢s para entender realmente lo que est¨¢ pasando. La gravedad del conflicto vivido en diciembre supera la de una pugna por el control del Constitucional y el CGPJ. Con respecto a anteriores episodios de bloqueo, la novedad en diciembre fue que los magistrados conservadores del Constitucional se sumaran de forma tan descarnada a la campa?a obstruccionista del PP. Ya no era un partido pol¨ªtico que se aprovecha de un defectuoso sistema institucional para impedir la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales, sino que uno de los propios ¨®rganos afectados, el Constitucional, actuando como juez y parte, se pon¨ªa al servicio de los intereses pol¨ªticos del Partido Popular. Que los dos magistrados afectados, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano y Antonio Narv¨¢ez (el primero, el propio presidente del Constitucional en ese momento), no quisieran abstenerse en una cuesti¨®n que les afectaba de forma tan directa, ha dejado la reputaci¨®n institucional del alto tribunal por los suelos (por no mencionar la reputaci¨®n profesional de estos dos magistrados, que no han podido cerrar de modo m¨¢s pat¨¦tico su trayectoria).

?C¨®mo puede explicarse que el tribunal entrara con esa virulencia en la refriega institucional, llegando a prohibir que el Legislativo tomase las decisiones que creyera procedentes sobre este asunto? No es que el Parlamento sea omnipotente, pero el control de constitucionalidad de sus actos no puede ser preventivo, anterior incluso a la celebraci¨®n de un debate en las Cortes. Para entender la extralimitaci¨®n del Constitucional no basta con apelar a los intereses en juego ni a la mera lucha por el poder. Es preciso atender a las corrientes ideol¨®gicas de fondo, que son las que dan sentido a la escalada que hemos vivido durante las ¨²ltimas semanas.

Las fuerzas que est¨¢n operando ahora se desataron en oto?o de 2017, a ra¨ªz de la crisis catalana. En amplios sectores de la sociedad espa?ola se dio por bueno que, ante el riesgo de ruptura territorial del Estado, cualquier cosa val¨ªa, desde las operaciones realizadas en las cloacas del Estado hasta la judicializaci¨®n de la crisis pol¨ªtica, con encarcelamientos preventivos de representantes pol¨ªticos y acusaciones atrabiliarias de rebeli¨®n y golpismo. No quiero decir con esto que la crisis no fuera seria y que no hubiese necesidad de tomar medidas para afrontarla. Es evidente que un Estado no puede quedar impasible ante un intento de secesi¨®n, y nuestro ordenamiento constitucional contempla medidas para neutralizarlo, incluyendo el art¨ªculo 155 que finalmente se aplic¨®. Ahora bien, adem¨¢s de la l¨®gica respuesta constitucional del Estado, debe recordarse que los tribunales y el propio Constitucional tomaron entonces decisiones que interfirieron gravemente en el proceso democr¨¢tico, incluyendo la suspensi¨®n de debates en el Parlamento catal¨¢n o la prohibici¨®n de que personas electas pudieran desempe?ar sus cargos representativos.

Todo este activismo judicial se llev¨® a cabo en nombre de la unidad nacional. Se activ¨® un poderoso nacionalismo espa?ol en respuesta a la demanda de independencia que disculpaba los excesos judiciales que cometieron los tribunales y el propio Constitucional. Se mir¨® para otro lado porque se consider¨® que hab¨ªa que defender a Espa?a como fuese de sus enemigos internos. Para legitimar esa especie de impunidad judicial, se present¨® a los independentistas como un atajo de golpistas antidem¨®cratas y la integridad territorial del Estado como un valor democr¨¢tico, como si el conflicto entre los independentistas y el Estado fuese una cuesti¨®n de dem¨®cratas contra antidem¨®cratas y no un choque entre nacionalismos opuestos. En ese contexto, se despacharon las cr¨ªticas al frente jur¨ªdico-constitucional formado por la Fiscal¨ªa General del Estado, el Tribunal Supremo y el propio Constitucional (con pleno apoyo de los dos grandes partidos) como antipatriotismo y complicidad con la causa de los independentistas.

Como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia, el nacionalismo espa?ol se alimenta de sus enemigos internos. As¨ª, se ha resucitado la idea de la anti-Espa?a, en un primer momento formada por los independentistas catalanes, la izquierda abertzale y la izquierda de Podemos. Una vez constituido el Gobierno de coalici¨®n entre PSOE y Unidas Podemos, que sobrevive gracias al apoyo parlamentario de diversos grupos nacionalistas, la idea de anti-Espa?a ha ido creciendo hasta acabar por engullir al propio Partido Socialista. A pesar de que el PSOE fue leal con el PP durante la crisis catalana y no cuestion¨® en ning¨²n momento la estrategia represivo-judicial del Gobierno de Mariano Rajoy (todav¨ªa en mayo de 2018 S¨¢nchez dec¨ªa en una entrevista televisada que lo sucedido en Catalu?a era un delito de rebeli¨®n), ahora la derecha est¨¢ promoviendo la tesis de que S¨¢nchez es el l¨ªder supremo de la anti-Espa?a. Seg¨²n puede leerse a diario en los columnistas m¨¢s recalentados de la derecha, S¨¢nchez tiene la voluntad de desguazar Espa?a y permanecer indefinidamente en el poder. Para lograr sus fines, est¨¢ intentando dar un golpe de Estado, igual que hicieron los independentistas en 2017.

A los lectores que no siguen los medios de la derecha puede que todo esto les sorprenda, pero les aseguro que no exagero. Estas cosas se escriben a diario en la prensa espa?ola. Y el problema es que ya no se dice solo en los m¨¢rgenes del Partido Popular. El discurso paranoide y excluyente de la anti-Espa?a ha calado en el principal partido de la oposici¨®n. Isabel D¨ªaz Ayuso recurri¨® a la f¨®rmula ¡°S¨¢nchez o Espa?a¡± el pasado 30 de noviembre y su fiel escudero, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, elev¨® la f¨®rmula a consigna de partido el 19 de diciembre, anunciando que el conflicto pol¨ªtico se reduce en estos momentos a ¡°este Gobierno o Espa?a¡±. Lo que se est¨¢ diciendo es, sencillamente, que el actual Gobierno de la naci¨®n pone en peligro la supervivencia misma del Estado. Ni Pablo Casado se atrevi¨® a llegar tan lejos.