Seis meses de conspiraci¨®n para una victoria amarga

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cuatro a?os por el bloqueo del PP, ha vivido los ¨²ltimos seis meses enredado en una conspiraci¨®n contra el Gobierno de Pedro S¨¢nchez a cuenta de la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional.

De los 18 vocales actuales del gobierno de los jueces, solo ocho (todos ellos designados en su d¨ªa por el PP) decidieron desde el principio incumplir la reforma legal aprobada por el Gobierno y que daba de plazo al CCPJ hasta septiembre para acordar la designaci¨®n de los dos magistrados que le corresponden en el Constitucional.

Esos ocho vocales conservadores impidieron durante casi seis meses cualquier acuerdo porque los nombramientos ten¨ªan que reunir el apoyo de tres quintos del pleno (12 votos). Su resistencia a entablar una negociaci¨®n seria con el sector progresista caus¨® incluso la dimisi¨®n del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes.

Ese movimiento dej¨® el pleno con 18 vocales. La salida de Lesmes, cansado del bloqueo e impotente para solucionarlo, reactiv¨® las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero Alberto N¨²?ez Feij¨®o decidi¨® romper negociaciones en el ¨²ltimo minuto tras comprobar que el Ejecutivo estaba dispuesto a reformar el delito de sedici¨®n para favorecer a los independentistas catalanes.

Mientras tanto, los ocho vocales conservadores segu¨ªan con sus excusas para bloquear el acuerdo sobre los dos magistrados del Constitucional que ten¨ªa que elegir el Consejo General del Poder Judicial. Primero no encontraban candidatos conservadores del Tribunal Supremo dispuestos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Despu¨¦s no les gust¨® el candidato elegido por el sector progresista, sin que ellos acabaran de encontrar uno. Pas¨® septiembre, y los ocho conservadores segu¨ªan bloqueando los nombramientos sin importarles demasiado el incumplimiento de los plazos legales.

Cambiaron de estrategia hace solo dos semanas, cuando supieron que el Gobierno se dispon¨ªa a aprobar de urgencia otra reforma legal que desactivaba su poder de veto dentro del CGPJ mediante un sistema de elecci¨®n que eliminaba el requisito de la mayor¨ªa de tres quintos e impon¨ªa que saldr¨ªan elegidos los dos magistrados m¨¢s votados en el pleno.

Ese cambio legal habr¨ªa permitido que los progresistas eligieran a su candidato y los conservadores al suyo. Adem¨¢s, la reforma imped¨ªa la capacidad de bloqueo por falta de qu¨®rum, porque se eliminaba ese requisito.

Fue entonces cuando los conservadores, que hasta entonces no encontraban a nadie del Supremo que quisiera ser magistrado del Constitucional, sacaron candidatos de urgencia y empezaron a pedir al presidente suplente del CGPJ convocatorias de plenos extraordinarios para celebrarlos antes de que la reforma legal del Ejecutivo se aprobase, el 22 de diciembre en el Senado.

Para garantizar el ¨¦xito de su estrategia se encontraron con un aliado circunstancial: el Tribunal Constitucional suspendi¨® la pasada semana, por seis votos a cinco, la tramitaci¨®n legislativa de la reforma que el Senado ten¨ªa previsto aprobar el 22 de diciembre.

Eso dio m¨¢s tiempo a los conservadores para imponer el nombre de sus dos candidatos y poder rechazar al magistrado que propon¨ªan los progresistas. El argumento para esa estrategia era complejo. Los conservadores jugaban una doble partida y no la ocultaban. Por un lado, colocar a los dos magistrados de su gusto (aunque uno de ellos fuera de tendencia progresista), y por otro, evitar que los elegidos votaran en un futuro a C¨¢ndido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Constitucional. Si ellos apoyaban al candidato progresista, este votar¨ªa a C¨¢ndido Conde-Pumpido, seg¨²n contaban.

Adem¨¢s, algunos de los vocales conservadores repet¨ªan los argumentos del PP para justificar su resistencia: era inaceptable el ¡°asalto¡± del Gobierno al Tribunal Constitucional, sosten¨ªan. Por asalto entend¨ªan que hubiera en ese ¨®rgano, por puro cumplimiento de la ley, una mayor¨ªa de magistrados progresistas que sustituyera a la mayor¨ªa conservadora que ten¨ªa el Constitucional desde hace nueve a?os.

Pero aunque los conservadores del Poder Judicial han logrado que prosperen, por primera vez en la historia de este organismo, los dos candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por ellos, uno de ellos pertenece al sector progresista. Se trata de la magistrada del Supremo Mar¨ªa Luisa Segoviano, que se jubil¨® hace solo unos meses y que fue la primera mujer que ocup¨® una presidencia de sala en ese ¨®rgano judicial.

El sector progresista no habr¨ªa votado nunca a dos candidatos conservadores. El voto del martes respondi¨® a lo que denominaron ¡°respeto institucional¡± y al temor a que el voto de un vocal elegido a propuesta del PNV diera la victoria al sector conservador igualmente. Despu¨¦s de todo lo ocurrido, el sector progresista no pod¨ªa permitir que esos nombramientos salieran con su voto en contra, porque eso habr¨ªa dado a entender que quer¨ªan bloquear la renovaci¨®n, seg¨²n contaba el martes uno de ellos.

Con estos nombramientos, el Constitucional estar¨¢ integrado en solo unas semanas por siete magistrados de tendencia progresista y cuatro conservadores. El tribunal de garant¨ªas abre as¨ª una nueva etapa que puede durar hasta nueve a?os, cuando el Gobierno de 2031 tenga que nombrar a los dos sustitutos de los magistrados que llegan ahora. Eso, contando con que en las dos pr¨®ximas renovaciones por tercios, que se tienen que votar en el Congreso y en el Senado, sigan los dos bloques de izquierdas y derechas con parecidos apoyos a los de ahora. Ello obligar¨¢ a aprobar los nombramientos por una mayor¨ªa de tres quintos y, por tanto, a un reparto equitativo que no cambiar¨¢ las mayor¨ªas en el Constitucional.

Si los conservadores pretend¨ªan evitar el ¡°asalto¡± al Constitucional para que hubiera una mayor¨ªa progresista, su maniobra no ha funcionado. La del martes fue su victoria m¨¢s amarga.