La resistencia del Supremo

Oriol Junqueras y otros tres condenados en la sentencia del proc¨¦s de octubre de 2019 seguir¨¢n inhabilitados para el ejercicio de cargo p¨²blico y sin opci¨®n a ser candidatos electorales hasta 2031, en el caso del presidente de ERC y de Dolors Bassa, y hasta 2030 en el caso de los tambi¨¦n exconsejeros Jordi Turull y Ra¨¹l Romeva. El auto de la Sala de lo Penal presidida por Manuel Marchena (y firmado por unanimidad) deja sin efecto el prop¨®sito de la reforma de atenuar las penas pendientes, un a?o y medio despu¨¦s del indulto del Gobierno que excarcel¨® a los nueve l¨ªderes del independentismo. La reforma del C¨®digo Penal acordada con ERC no ha servido para mejorar su situaci¨®n, contra lo que preve¨ªa el Gobierno y lo que de forma expl¨ªcita asegur¨® en p¨²blico ERC. La impunidad que tantos tem¨ªan ha quedado despejada del horizonte, aunque la extinci¨®n de pena s¨ª alcanza a quienes no estuvieron acusados de malversaci¨®n: Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Josep Rull.

En su interpretaci¨®n de la reforma, el Supremo no cree que el delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados ¡ªel nuevo tipo penal que cre¨® la reforma aprobada en diciembre¡ª sustituya al extinguido delito de sedici¨®n y tampoco considera que el delito de malversaci¨®n atenuada encaje con los hechos sucedidos en 2017. El alto tribunal ha aplicado su tradicional jurisprudencia sobre el ¨¢nimo de lucro al creer que s¨ª lo hubo cuando los condenados destinaron fondos p¨²blicos a fines distintos de aquellos a los que estaban previstos, como fue la organizaci¨®n del falso refer¨¦ndum del 1 de octubre. Desde un punto de vista jur¨ªdico, esa interpretaci¨®n extensiva del ¨¢nimo de lucro (sin limitarlo a quienes se embolsan personalmente dinero p¨²blico) podr¨ªa estar vaciando de contenido la distinci¨®n que introduce la reforma entre perpetrar el delito con ¨¢nimo de lucro o sin ¨¦l e imposibilitar as¨ª la aplicaci¨®n del tipo atenuado de malversaci¨®n. Equivaldr¨ªa a obviar la existencia del nuevo tipo penal.

El auto mantiene el criterio de Pablo Llarena al acusar a Puigdemont de malversaci¨®n agravada ¡ªpenada con entre 4 y 8 a?os de c¨¢rcel¡ª pero lo mantiene tambi¨¦n en otro orden de cosas. El Supremo est¨¢ convirtiendo en pr¨¢ctica rutinaria su evidente extralimitaci¨®n al introducir en una pieza jur¨ªdica una valoraci¨®n pol¨ªtica sobre las virtudes y defectos de una reforma aprobada en el Congreso de los Diputados. El auto de Marchena y el resto de magistrados (sin ning¨²n voto particular) incluye duras cr¨ªticas a la extinci¨®n del delito de sedici¨®n al considerar que los des¨®rdenes p¨²blicos agravados no permiten castigar los hechos de 2017 en caso de repetirse. Sea o no exacta tal estimaci¨®n, est¨¢ fuera de sus funciones enjuiciar la acci¨®n del legislativo o valorar el nivel de ¡°desenfoque¡± de la reforma. Tambi¨¦n la tenebrosa admonici¨®n del Supremo sobre la indefensi¨®n en que deja la reforma al sistema democr¨¢tico resulta extempor¨¢nea, adem¨¢s de exceder las funciones del alto tribunal, que en ning¨²n caso puede actuar como tercera c¨¢mara del poder legislativo.

No parece que los hechos de 2017 les hayan salido gratis a los l¨ªderes independentistas tras cuatro a?os en prisi¨®n y las vigentes penas de inhabilitaci¨®n, y tampoco ha mejorado el futuro de las dos decenas de cargos encausados de segundo nivel de ERC y Junts a la espera de juicio. La doctrina que sienta el auto del Supremo solo hace prever probables penas de c¨¢rcel por malversaci¨®n agravada. El escenario de futuros ingresos en prisi¨®n en los pr¨®ximos meses no fue seguramente el que buscaba la reforma (aunque siempre podr¨¢n recurrir ante el Supremo para aplazar el ingreso en la c¨¢rcel). La decidida funci¨®n militante que el Supremo ha asumido desdibuja la exigencia de apariencia de imparcialidad y erosiona su propia credibilidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ser¨¢ quien tenga la ¨²ltima palabra ante los recursos presentados por los l¨ªderes independentistas