Pol¨ªticas de vivienda

Aprobar una ley estatal sobre el derecho a la vivienda era una asignatura pendiente que un gobierno progresista no pod¨ªa desatender. Tras m¨¢s de dos a?os de intensas negociaciones, el Gobierno de coalici¨®n ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para que pueda tramitarse antes de finalizar la legislatura y aprobarse previsiblemente en el Congreso a finales de este mes.

El principal instrumento de los pa¨ªses con situaciones m¨¢s favorables ha sido la creaci¨®n de un extenso parque de vivienda p¨²blica. Con apenas entre un 2-3% de vivienda social, por mucho que las administraciones la promuevan a partir de ahora, con la reserva prevista en la ley del 40% del suelo urbanizable y el 20% en el caso de la rehabilitaci¨®n, solo a medio y largo plazo conseguir¨¢n un impacto significativo. S¨ª lo tiene de forma inmediata lo anunciado ayer por el presidente S¨¢nchez sobre la habilitaci¨®n de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible y pasar as¨ª del 3% de vivienda social al 20%. Si se materializa pronto, ser¨¢ un salto espectacular para nuestro mercado inmobiliario. Hac¨ªa mucho tiempo que era urgente en Espa?a recurrir a medidas de intervenci¨®n para facilitar el alquiler social. Y las viviendas p¨²blicas de la Sareb han estado ah¨ª desde la creaci¨®n del banco malo en 2012 sin que ning¨²n gobierno, tampoco este hasta este a?o electoral, aplicara esta v¨ªa de emergencia.

La principal novedad de la nueva ley es que permite establecer l¨ªmites al aumento de los precios de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas, es decir, aquellas en las que el coste del alquiler o la hipoteca m¨¢s los gastos de los suministros superen el 30% de la renta media de la zona; o all¨ª donde el precio de compra o alquiler haya subido m¨¢s de tres puntos por encima del IPC en los cinco a?os anteriores. Estos l¨ªmites entrar¨¢n en vigor a partir del 1 de enero, cuando expire el actual tope del 2% decretado temporalmente por el Gobierno para paliar los efectos de la inflaci¨®n. En 2024 el aumento del alquiler no podr¨¢ superar el 3% y a partir de 2025 se aplicar¨¢ un ¨ªndice de referencia a determinar por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, siempre por debajo del IPC. El alcance pr¨¢ctico de la ley, sin embargo, depender¨¢ de las comunidades aut¨®nomas, a quienes corresponde la potestad de declarar las zonas tensionadas. La respuesta del PP al texto del Gobierno indica que esta prerrogativa puede ser utilizada en sus comunidades para torpedear su aplicaci¨®n, lo que nos abocar¨ªa a territorios con situaciones regulatorias dispares. La limitaci¨®n de precios es siempre controvertida y ha tenido resultados desiguales en su aplicaci¨®n en otros pa¨ªses, pero gobernar es siempre optar por la mejor opci¨®n entre las posibles, y Espa?a no puede permitirse que el 40,9% de los inquilinos siga dedicando m¨¢s del 40% de sus ingresos a la vivienda.

La ley proh¨ªbe tambi¨¦n la venta de vivienda p¨²blica a fondos de inversi¨®n, otorga incentivos fiscales a los propietarios que accedan a rebajar los alquileres y permite recargos en el IBI de las viviendas vac¨ªas. El texto acordado establece una clara distinci¨®n a la hora de imponer restricciones entre peque?os propietarios ¡ªseg¨²n el nuevo texto, los que poseen entre una y cinco viviendas¡ª y los grandes tenedores. Otro avance importante es que los honorarios de las agencias no los pagar¨¢ el inquilino sino el propietario, que es a quien se presta el servicio.

Espa?a llega tarde a la creaci¨®n de un parque de vivienda de alquiler social de un tama?o proporcional a la necesidad y no hay soluciones m¨¢gicas. Pero, mientras se construye, es urgente facilitar el acceso a un techo digno y asequible a millones de j¨®venes y familias atrapados hoy en la enorme desproporci¨®n que existe entre el precio de la vivienda y los ingresos reales.