El 28-M y la transici¨®n verde

La crisis clim¨¢tica ha sido la gran ausente de las ¨²ltimas campa?as electorales. Apenas era nombrada en debates ni en m¨ªtines, y los actos que la mayor¨ªa de los partidos dedicaban a temas verdes sol¨ªan consistir en plantar alg¨²n ¨¢rbol o hacerse una foto en un parque. Todo parece indicar que ese momento pas¨® y que la crisis clim¨¢tica va a estar muy presente en esta campa?a electoral. ?Para bien? Est¨¢ por ver.

Que se evidencie lo que, sin duda, es la mayor amenaza para la humanidad, es algo positivo; que se haga en clave de debatir c¨®mo afrontar la transici¨®n ecol¨®gica es todav¨ªa mejor. Las complicaciones llegan cuando se trata de llevar a lo concreto esos principios generales. En Espa?a, salvo la ultraderecha, ning¨²n partido niega formalmente el cambio clim¨¢tico, y todos dedican espacio en sus programas electorales para describir sus propuestas, que son diferentes en funci¨®n de cada opci¨®n pol¨ªtica, porque profundamente ideol¨®gica es la decisi¨®n de c¨®mo afrontar la transici¨®n ecol¨®gica. No obstante, cuando se desciende a cada territorio, la cosa cambia y empiezan a emerger las contradicciones.

El ejemplo m¨¢s claro ha sido el del parque nacional de Do?ana. Las evidencias cient¨ªficas, las amenazas de multa de la Comisi¨®n Europea haciendo valer la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la oposici¨®n de las organizaciones ecologistas e incluso de la Unesco, pasaron a segundo plano en aras de un trampantojo en forma de defensa de la econom¨ªa de los frutos rojos que moviliza intereses en la provincia de Huelva. Las necesidades de agua de ese sector son las que han favorecido los pozos ilegales provocando el estado ag¨®nico del humedal. Curiosamente, la pol¨¦mica proposici¨®n de ley apareci¨® en v¨ªsperas de la campa?a; el voto de la provincia de Huelva cotiza al alza. Sin embargo, la amenaza europea, junto con la constataci¨®n de que el supuesto r¨¦dito electoral se pod¨ªa volver en contra, han dejado en el congelador, de momento, la proposici¨®n de ley del PP.

Algo similar ha ocurrido en el Pirineo aragon¨¦s con el pol¨¦mico proyecto de uni¨®n de tres estaciones de esqu¨ª a trav¨¦s del valle de Canal Roya, una de las joyas pirenaicas. Para colmo y esc¨¢ndalo, el plan se pretend¨ªa financiar con fondos Next Generation, los destinados a cambiar el modelo econ¨®mico mediante el impulso a la econom¨ªa verde y la digitalizaci¨®n. Cuando el gobierno regional del PSOE, con el apoyo entusiasta del PP y el PAR, lo impuls¨®, lo hizo sin duda pensando que contar¨ªa con el apoyo y los votos de, al menos, los habitantes de esos valles, y muy posiblemente del conjunto de los esquiadores. Sin embargo, al igual que con Do?ana, las exigencias europeas, junto a una potente movilizaci¨®n social que ha evidenciado que las supuestas ganancias electorales no eran tales para los socialistas, han provocado la desestimaci¨®n del proyecto.

Los ejemplos no se agotan aqu¨ª. Aunque cada vez es m¨¢s dif¨ªcil que estos proyectos cuajen, tambi¨¦n es cierto que al hilo de las elecciones auton¨®micas y municipales del 28-M la insostenibilidad est¨¢ nutriendo el oportunismo electoral. Tiene su l¨®gica: cuando los abstractos criterios de la sostenibilidad se hacen reales en los territorios, saltan las contradicciones. Se pone de manifiesto la brecha que existe entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que hacemos. En definitiva, las dificultades de una transici¨®n que necesita de mucha pol¨ªtica, mucho acuerdo, mucha conversaci¨®n y una h¨¢bil gesti¨®n de la complejidad.

Quiz¨¢ por esto, parad¨®jicamente, es la Uni¨®n Europea, esa instancia a la que se acusa de lejana, distante y con d¨¦ficits democr¨¢ticos, la que acaba operando como garante de la sostenibilidad en la medida en que vela por el cumplimiento de normativas que ha ido desarrollando con los a?os y con poderosos instrumentos de financiaci¨®n para hacer la transici¨®n. El recurso a Europa es habitual cuando de conflictos ambientales se trata; tanto si es directamente para dirimir los casos ante el TJUE como si es para evitar la financiaci¨®n de proyectos que pudieran contravenir las pol¨ªticas de sostenibilidad de la Uni¨®n.

Que Europa act¨²e como garante de la transici¨®n ecol¨®gica no es un problema, sino que la llena de legitimidad. Su mayor distancia de los conflictos concretos en cada territorio le permite mirar a medio y largo plazo y abordar as¨ª desaf¨ªos que la presi¨®n de la inmediatez dificulta sobremanera. Adem¨¢s, escapa a las redes clientelares locales, y aunque no fuera capaz de hacerlos con las globales, no ser¨ªa tan contradictorio, pues muchas de ellas est¨¢n viendo en la econom¨ªa verde magn¨ªficas oportunidades de negocio.

No obstante, siendo la UE un potente factor para empujar la sostenibilidad, no es suficiente. Tampoco exclusivamente con la oposici¨®n de una parte de la sociedad, la m¨¢s activa, informada e implicada en estos asuntos. Es necesario contar no ya con el apoyo, sino con la implicaci¨®n entusiasta de regiones, comarcas y municipios, que son los que tienen que lidiar con los detalles de concreci¨®n de esta transici¨®n, en la que, como en otras, tambi¨¦n habr¨¢ v¨ªctimas. Minimizarlas y/o evitarlas es el objetivo de la transici¨®n justa, que sin cuestionar la necesidad de acelerar esta transformaci¨®n, es consciente de la necesidad de apoyar a quienes pueden verse perjudicados por la misma.

Repartir los beneficios de la transici¨®n es la clave para el apoyo de los territorios. El caso de la instalaci¨®n de megaparques de renovables es el m¨¢s evidente, aunque no el ¨²nico. Empiezan a aparecer gu¨ªas de buenas pr¨¢cticas que cuentan casos de ¨¦xito de estas pol¨¦micas instalaciones. ?Qu¨¦ les caracteriza? Que han sabido distribuir de forma justa beneficios con los lugares donde se implantan, y que para determinar qu¨¦ deb¨ªa repartirse y c¨®mo, se ha invertido el tiempo necesario en hablar con los municipios, con los vecinos, en barajar alternativas, en escuchar necesidades para el desarrollo de la zona, en definitiva, en hacer Pol¨ªtica. Hoy, son una realidad, frente a otros que no consiguen pasar de la bronca vecinal y en algunos casos, los tribunales.

En definitiva, resulta imprescindible analizar c¨®mo la transici¨®n ecol¨®gica, para ser efectiva y real, debe incorporar alternativas econ¨®micas a las formas de vida tanto de personas como de territorios que, por su modelo econ¨®mico, est¨¢n en grave peligro. No se defiende el desarrollo econ¨®mico de la provincia de Huelva, del Pirineo aragon¨¦s o de la huerta valenciana haciendo m¨¢s profundo el pozo de la insostenibilidad. Todos los estudios nos muestran que Espa?a se est¨¢ desertificando, que pasamos por periodos prolongados y agudos de sequ¨ªa con mayor fuerza y frecuencia cada vez, que hace d¨¦cadas que ha descendido sobremanera la nieve en la alta monta?a, y que los escenarios de cambio clim¨¢tico nos hablan de un agravamiento de estas tendencias.

Europa hoy act¨²a de garante de estas pol¨ªticas, y cada vez existe una oposici¨®n social mayor que se enfrenta a estos proyectos. Es el momento de entender que defender la viabilidad econ¨®mica de los territorios pasa por repensar su modelo de desarrollo en clave de sostenibilidad econ¨®mica, social y ambiental, la ¨²nica posible. Minimizar el n¨²mero de v¨ªctimas y repartir beneficios, la clave para lograrlo. Ojal¨¢ escuchemos estas propuestas en campa?a.