Atrapados en la lluvia de megaparques renovables

Rodeado de sus 3.000 olivos, Jos¨¦ S¨¢nchez recoge un manojo de aceitunas de la red extendida sobre la tierra en su finca en Caniles (Granada) y tuerce el gesto: ¡°Este es el sacrificio, el trabajo y el dinero de mi vida, porque a esto hay que echarle sudor y dinero. Capital Energy me llam¨® para preguntarme si me interesaba alquilar mi tierra, les dije que no, y tres d¨ªas m¨¢s tarde me sacaron en el BOE en expropiaci¨®n. Desde entonces estamos en un sinvivir¡±.

A sus 64 a?os, este agricultor necesita pastillas para dormir desde que el pasado marzo sus 10 hect¨¢reas de terreno, agrestes, pero f¨¦rtiles, quedaron atrapadas en una expropiaci¨®n prevista por el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica para instalar un megaparque con 446 hect¨¢reas que generar¨¢ 250 megavatios de energ¨ªa solar. Le ofrecieron 1.400 euros por hect¨¢rea al a?o, pero el aceite de oliva extra le renta cinco veces m¨¢s y rechaz¨® el guante para mantener el relevo generacional de sus dos hijos. Sin embargo, si el ministerio no atiende sus alegaciones tras declarar la instalaci¨®n de utilidad p¨²blica, un jurado de expropiaci¨®n forzosa fijar¨¢ este invierno un justiprecio para indemnizarle y 568.500 paneles sepultar¨¢n sus olivos, algunos adultos con hasta 27 a?os.

El proyecto Ququima de la firma Capital Energy, ubicado en el espectacular Geoparque granadino, es una de las m¨¢s de 3.000 plantas que podr¨ªan cuajar en el paisaje espa?ol para llevar a cabo la transici¨®n energ¨¦tica y S¨¢nchez uno de los cientos de agricultores damnificados por esta avalancha de parques solares y e¨®licos proyectados. Aclarado el panorama normativo y con una inversi¨®n de 91.765 millones hasta 2030 seg¨²n la estimaci¨®n del Gobierno, los fondos de inversi¨®n, las grandes el¨¦ctricas y otras compa?¨ªas se lanzaron a proponer proyectos de energ¨ªas renovables al Ministerio y a las comunidades aut¨®nomas ante la alta rentabilidad prevista, que ronda el 10%. Ni el Ministerio ni las comunidades aut¨®nomas aclaran cu¨¢ntos parques saldr¨¢n adelante de los miles proyectados ni cu¨¢ntas fincas han sido ya expropiadas por los 18 boletines oficiales.

Es tal la fiebre inversora por los megaparques, que los 147 gigas de potencia renovable con permiso de acceso a la Red El¨¦ctrica casi triplican hoy la previsi¨®n del Gobierno para 2030, que se queda en 57 gigas [cada giga equivale a 1.000 megavatios]. Solo el Ministerio ¡ªque autoriza los parques con m¨¢s de 50 megavatios¡ª, Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura y Galicia tramitan 2.992 plantas que suman 125 gigavatios (94 de solar y 31 de e¨®lica), seg¨²n los datos recabados por este diario. Las plantas que disponen de permiso de acceso hoy ocupar¨ªan una superficie de entre 8.200 y 17.045 kil¨®metros cuadrados, entre el 1,6% y el 3,3% del territorio nacional, seg¨²n c¨¢lculos del Ministerio, que var¨ªan por la progresiva eficiencia prevista.

Esta ocupaci¨®n del territorio puede dejar v¨ªctimas, como los agricultores expropiados, pero tambi¨¦n afectar a zonas de valor ecol¨®gico, y numerosas voces cient¨ªficas y conservacionistas piden una mejor planificaci¨®n de los megaparques para echar el freno en la carrera administrativa desatada, que ha provocado un gran atasco, tanto en el Ministerio como en las 17 autonom¨ªas: el Gobierno prorrog¨® el pasado martes hasta el fin de 2022 la fecha l¨ªmite para que las monta?as de proyectos posteriores a 2017 dispongan de la declaraci¨®n de impacto ambiental favorable, o si no perder¨¢n parte de los avales exigidos a las empresas promotoras.

¡°El inter¨¦s es enorme, tan grande que es dif¨ªcil de creer. Vivimos las d¨¦cadas del dinero casi gratis y todo lo que traiga un retorno aceptable es f¨¢cil y encima tienes la energ¨ªa verde y hay apoyo regulatorio, todo est¨¢ a favor. Lo ¨²nico que resta es que el exceso de inversi¨®n genera un exceso de competencia¡±, valora Bosco Ojeda, director de an¨¢lisis en el banco suizo de inversi¨®n UBS. ¡°Eso s¨ª, el fondo que invierte en renovables no quiere impacto medioambiental ni riesgo ecologista en contra, porque tiene una intenci¨®n y un mandato social y los auditores lo reflejan en la memoria de Responsabilidad Social Corporativa¡±, precisa.

Para sus paneles y molinos, las grandes compa?¨ªas prefieren suelos baratos ocupados por cultivos de secano en campi?as cerealistas, pero que son el h¨¢bitat de aves esteparias, algunas en peligro de extinci¨®n como la avutarda y otras vulnerables como el aguilucho cenizo. El visto bueno ambiental para cada parque est¨¢ en manos de los funcionarios, que deciden con una potente bater¨ªa legislativa de protecci¨®n de aves en el retrovisor y que a veces son el blanco predilecto de los recursos de los ecologistas y de la patronal. ¡°La biodiversidad m¨¢s valiosa es la asociada a cultivos de secano, a la ganader¨ªa extensiva y a un turismo rural y ecol¨®gico, en peligro por estos megaparques. Adem¨¢s, desaprovechamos la oportunidad de repartir las plantas en sitios p¨²blicos degradados de nuestros pueblos, con una superficie inmensa¡±, censura Luis Bolonio, bi¨®logo y portavoz de la Alianza Energ¨ªa y Territorio (Aliente), que a¨²na a 180 organizaciones ecologistas y sociales.

Ante la avalancha de parques planeados, la Xunta gallega declar¨® una moratoria y no admitir¨¢ m¨¢s proyectos e¨®licos hasta julio de 2023 tras recibir solicitudes para 7.200 megavatios que colapsaron su capacidad de respuesta. El director general manchego de Transici¨®n Energ¨¦tica, Manuel Guirao, resume: ¡°Estamos en la cresta de la ola y ma?ana mismo pueden entrar dos parques m¨¢s, pero muchos proyectos no saldr¨¢n adelante¡±. Castilla La Mancha acumula 396 parques con nueve gigavatios y para cumplir los plazos, su Gobierno auton¨®mico ha contratado a 108 nuevos tramitadores y as¨ª evitar las posibles demandas por lucro cesante de los empresarios en lo contencioso-administrativo. ¡°El sector nos dice que puede haber cierta judicializaci¨®n masiva, hay inquietud y nerviosismo, aunque intentamos ser estrictos con el impacto medioambiental¡±, asegura.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, advirti¨® hace dos semanas sobre la fiebre desmesurada de proyectos: ¡°150 gigas es una cantidad muy por encima de lo necesario o viable, por esto quisimos tener visibilidad sobre cu¨¢nto ten¨ªa sentido empresarial y cu¨¢nto pod¨ªa deberse a una operaci¨®n especulativa (¡­) hay que mantener las garant¨ªas a los desarrolladores de proyectos, pero sin mermar las garant¨ªas de las personas que viven en el territorio y que ven con preocupaci¨®n un despliegue te¨®rico de proyectos que ocupan pr¨¢cticamente su t¨¦rmino municipal al completo y que son dif¨ªcilmente viables¡±. Entre los 3.000 parques, de los que gran parte ser¨¢n descartados, hay algunos especulativos que tras lograr el punto de conexi¨®n a la red, lo venden al mejor postor sin siquiera tener los terrenos o tr¨¢mites ambientales aprobados.

Sobre la posible demora administrativa, la patronal Appa (Asociaci¨®n de Empresas de Energ¨ªas Renovables) reclama soluciones al Gobierno y las autonom¨ªas para desatascar el embudo: ¡°Para descarbonizar la econom¨ªa necesitamos plantas grandes y peque?as, y si el retraso es por culpa de la Administraci¨®n no puedes penalizar al promotor¡±, se queja Luc¨ªa D¨®lera, directora del ¨¢rea de proyectos de Appa.

En Castilla-La Mancha destacan proyectos como el de Trillo (Guadalajara), publicitado como el mayor complejo fotovoltaico de Europa con 219 millones de inversi¨®n y donde la compa?¨ªa Solaria acumula 13 plantas juntas de 49,9 megavatios cada una, por lo que evitan la evaluaci¨®n del Ministerio. ¡°El impacto ambiental se eval¨²a por tres islas de plantas, no hacemos fragmentaci¨®n, aunque est¨¦n divididas¡±, arguye Guirao. Esa denominada ¡°fragmentaci¨®n¡± es otro caballo de batalla denunciado por los conservacionistas y que puede interrumpir en los tribunales la construcci¨®n de plantas ya aprobadas por la Administraci¨®n: dado que por encima de 50 megavatios los proyectos son evaluados por el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica, numerosas empresas han optado por dividir sus megaparques en proyectos de 49,9 megavatios para que los t¨¦cnicos de los Gobiernos auton¨®micos eval¨²en su impacto medioambiental. Solaria ha sufrido vaivenes burs¨¢tiles durante el ¨²ltimo a?o debido a la incertidumbre que han generado sus plantas al toparse con escollos medioambientales y no cumplir las expectativas. ¡°Son muy ambiciosos y quieren llegar a seis gigas en 2025 y el precio de la acci¨®n se penaliz¨® por los retrasos sufridos¡±, detallan fuentes del sector. La empresa ha declinado opinar al respecto.

¡°La fragmentaci¨®n de proyectos es una burla a las competencias administrativas y un intento inequ¨ªvoco de sortear al Ministerio, que ser¨ªa m¨¢s exigente para tramitarla. El Ministerio no est¨¢ defendiendo con celo su marco competencial frente a las grandes el¨¦ctricas y la emergencia clim¨¢tica no puede amparar triqui?uelas¡±, censura el abogado Jaime Doreste, que interpondr¨¢ en breve recursos contenciosos-administrativo contra un parque solar en Tabernas (Almer¨ªa) y varios en Zaragoza. ¡°Genera inseguridad jur¨ªdica, pues los vicios en la evaluaci¨®n ambiental y la incompetencia material y territorial son causas de nulidad de derecho. Las inversiones quedan al albur de una eventual sentencia judicial anulatoria del proyecto, lo que tendr¨ªa efectos desastrosos para el promotor¡±, avanza. La empresa Forestalia ha dividido su proyecto Campo Romanos sobre 1.142 hect¨¢reas en Zaragoza en ocho plantas contiguas de 40 y 49,99 megavatios, pero es solo un ejemplo de una t¨¢ctica empresarial que afecta a todas las regiones.

?Por qu¨¦ las compa?¨ªas prefieren evitar al Ministerio y ser evaluadas por los Gobiernos auton¨®micos? ¡°La tramitaci¨®n auton¨®mica no es mejor ni peor, pero hasta hoy ha sido m¨¢s ¨¢gil¡±, opina Carlos Reyero, consejero delegado de Forestalia. Sin embargo, tambi¨¦n pesan otros factores y presiones: La Junta andaluza public¨® el pasado 3 de febrero su visor para cartografiar las ¨¢reas cr¨ªticas de afecci¨®n ecol¨®gica que no deber¨ªan ocupar los aerogeneradores y paneles solares. Pero la patronal regional de renovables, Caner, dio un golpe sobre la mesa y una semana despu¨¦s exigi¨® a la Consejer¨ªa de Agricultura, Ganader¨ªa, Pesca y Desarrollo Sostenible que retirara su cartograf¨ªa oficial. La Consejer¨ªa se pleg¨® y elimin¨® el visor de su p¨¢gina web tras un ¡°largo y en ocasiones tenso di¨¢logo¡± durante la reuni¨®n del 10 de febrero, seg¨²n el correo electr¨®nico remitido un d¨ªa despu¨¦s por Caner a sus asociados para explicar su triunfo. Tras la presi¨®n de la patronal, la Junta encarg¨® un nuevo visor a un experto independiente, que lo entreg¨® hace dos semanas, pero que no se har¨¢ p¨²blico y esto evitar¨¢ conocer las zonas cr¨ªticas ambientales, seg¨²n confirma un portavoz de la Consejer¨ªa.

Andaluc¨ªa es de lejos la comunidad con m¨¢s proyectos de plantas sobre la mesa (737), con una potencia esperada de casi 20 gigavatios. En esta regi¨®n, el proyecto Ququima est¨¢ en el aire pendiente de que el Ministerio acepte o no las alegaciones de cientos de particulares e instituciones como el Ayuntamiento de Caniles. Su alcaldesa, Pilar V¨¢zquez, critica la dimensi¨®n del parque solar en el Geoparque, que acoger¨¢ otros cinco proyectos de energ¨ªa e¨®lica: ¡°En Caniles no tiene cabida un proyecto de esa magnitud. Todos los t¨¦cnicos, independientemente del signo pol¨ªtico de su Administraci¨®n, nos comunican que lo recomendable y sostenible es un m¨¢ximo de 100 hect¨¢reas y este tiene 700. Estamos en contra de este proyecto, pero no de las renovables¡±.

Salvador Caro, director de Capital Energy en Andaluc¨ªa, defiende que han reducido la extensi¨®n del megaparque de 700 hect¨¢reas a 446 para intentar compatibilizar la agricultura de regad¨ªo con el medio mill¨®n de paneles previstos. ¡°El 92% de los 114 agricultores est¨¢n satisfechos y seguimos negociando con ese 8% para cerrar un acuerdo¡±, alega. La compa?¨ªa afirma que paga a los propietarios de las tierras 10 veces la renta que obtienen ahora con sus cultivos, pero las cuentas de los agricultores dicen lo contrario: que esos 1.400 euros la hect¨¢rea son varias veces inferiores al beneficio obtenido con almendros, olivos o cereal ecol¨®gico.

A diferencia de S¨¢nchez, otros agricultores como Jos¨¦ Blanque s¨ª firmaron un contrato con la empresa, pero se sienten enga?ados al haber firmado la cesi¨®n de 20 hect¨¢reas y finalmente ver c¨®mo el BOE le expropiaba las 40 que posee. ¡°Mi bisabuelo compr¨® la finca hace un siglo y mi padre me ense?¨® que de la tierra se come. ?Qu¨¦ porvenir les espera a mis dos hijos si nos echan de nuestras tierras?¡±, protesta. Los agricultores, que se han manifestado con tractoradas, est¨¢n indignados por la posible expropiaci¨®n, pero tambi¨¦n porque la Subdelegaci¨®n del Gobierno les ha avanzado que probablemente se ejecute sin dar respuesta a sus alegaciones al carecer de funcionarios. El secretario de Administraci¨®n local Manuel Aguilar censura que los contratos contienen abusos de derechos como el haberles ofrecido un arrendamiento de terrenos cuando en realidad firmaban un derecho de superficie que se puede transmitir, y que incluya pr¨®rrogas a voluntad del promotor en vez de provenir de ambas partes. ¡°La gente del mundo rural es m¨¢s humilde, protesta menos y es un caldo de cultivo muy bueno para el que quiere abusar¡±, critica.

La estampa de Caniles, pre?ada de casas cueva y peque?as lomas de tierras blancas con grandes monta?as en el horizonte que cierran el Geoparque del altiplano granadino, est¨¢ a punto de cambiar. Los t¨¦cnicos del Ministerio y la Junta andaluza decidir¨¢n este invierno si la metamorfosis ser¨¢ colosal o solo a manchas.