La Justicia, en la UCI

No supone nada nuevo que la Justicia apenas haya obtenido unas pocas alusiones en la campa?a electoral que acaba de terminar y cuyos resultados han derivado en una convocatoria anticipada de elecciones generales.

Lo que s¨ª resulta extra?o esta vez es que en esta campa?a se haya obviado la enorme gravedad de su situaci¨®n, al borde del colapso tras el par¨®n de la covid, la reciente huelga de letrados de la Administraci¨®n de Justicia, y en medio de la sostenida por los funcionarios judiciales con car¨¢cter indefinido.

La par¨¢lisis del servicio p¨²blico de justicia afecta gravemente a toda la ciudadan¨ªa y exige una soluci¨®n inmediata.

A esta grave situaci¨®n se a?ade ahora que todos los proyectos legislativos para la reforma de este servicio p¨²blico acaban de decaer a resultas de la convocatoria electoral. A partir de este momento, el Gobierno solo har¨¢ gesti¨®n ordinaria. Por tanto, volvemos a la casilla de salida en lo que respecta a las reformas estructurales del sector, incluidas las leyes de eficiencia de la Justicia que se estaban tramitando en el Congreso.

Los profesionales que contribuimos diariamente al funcionamiento de este servicio hemos sido siempre conscientes de que la pol¨ªtica tiene otras prioridades, pero la XV Legislatura de la democracia espa?ola deber¨ªa ser la legislatura de la Justicia, pues la actual situaci¨®n es absolutamente inaceptable.

De poco han servido las constantes reclamaciones de todos los colectivos profesionales involucrados en la prestaci¨®n de la Justicia, de nada los esfuerzos por hacer ver que un mal servicio p¨²blico en este terreno es un freno para el crecimiento econ¨®mico. No hemos conseguido que cale entre los partidos pol¨ªticos la idea de que de poco o nada sirve la aprobaci¨®n de nuevos derechos si a la hora de invocarlos ante los tribunales nuestras demandas se pierden en la eternidad de sus plazos.

Con unas enormes dosis de paciencia, los profesionales hemos soportado ese abandono esforz¨¢ndonos en alcanzar acuerdos para evitar que un importante n¨²mero de litigios terminasen saturando unos juzgados infradotados. Con un no menor esfuerzo de comprensi¨®n, millones de ciudadanos han aguardado interminables plazos esperando un turno que en no pocas ocasiones se ha vuelto a aplazar unos meses m¨¢s por cuestiones meramente formales o por insuficiencia de recursos.

Pero no hemos estado de brazos cruzados. Quienes representamos a la abogac¨ªa y a la procura llevamos d¨¦cadas desga?it¨¢ndonos para que quienes ostentan los cargos de representaci¨®n aceptasen un firme compromiso para transformar la Justicia en un verdadero servicio p¨²blico del siglo XXI. Los ¨²ltimos de esos llamamientos se formalizaron el pasado 4 de mayo durante la celebraci¨®n del XIII Congreso Nacional de la Abogac¨ªa Espa?ola, as¨ª como el 15 de septiembre de 2022 en las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de la procura en Huesca. En ellos se volvi¨® a reclamar un pacto de Estado que comprometa a todos los partidos y a todos los colectivos profesionales en transformar la Justicia para convertirla en el servicio que los espa?oles se merecen. Tristemente, lo que hemos obtenido la mayor¨ªa de las veces es el retorno de nuestro eco, mientras que en contadas ocasiones las distintas administraciones han respondido con apa?os provisionales.

As¨ª, con m¨¢s voluntad que medios, con m¨¢s esfuerzo que resultados, entre todos hemos ido haciendo un sistema de Justicia que a todas luces resultaba insatisfactorio pero que al menos ofrec¨ªa respuestas y plazos si no razonables, al menos previsibles.

Todo ello hasta que la concatenaci¨®n de los sucesos ya descritos ha terminado por conducir la Justicia espa?ola a la UCI. Cada ciudadano que en estas semanas se asoma a un juzgado con su futuro pendiente de un expediente judicial ha tenido que escuchar c¨®mo su vida entraba en una suerte de agujero negro en el que resulta imposible prever ni el plazo de resoluci¨®n ni el resultado.

La consecuci¨®n de acuerdos econ¨®micos con los diferentes colectivos de funcionarios, los ya alcanzados y los que esperemos que m¨¢s pronto que tarde se alcanzar¨¢n, no son en s¨ª mismo una soluci¨®n a nada. Nuestro sistema de justicia necesita una reforma en profundidad, tanto de su organizaci¨®n como en su dotaci¨®n y funcionamiento.

La XV Legislatura deber¨ªa resolver definitivamente esta grave situaci¨®n, proveyendo a la ciudadan¨ªa de un servicio p¨²blico de justicia efectivo y de calidad. Esto solo ser¨¢ posible si la Justicia tiene la centralidad que requiere en los programas de los partidos pol¨ªticos.

Para ello es fundamental avanzar en la cultura del acuerdo, alcanzando un pacto de Estado para el futuro del servicio p¨²blico de justicia tras el 23 de julio. Del mismo modo que hace falta de forma inminente, y de una vez por todas, una soluci¨®n a la grave situaci¨®n de par¨¢lisis que afecta actualmente a este servicio p¨²blico. En definitiva, hace falta responsabilidad y altura de miras, en inter¨¦s de la ciudadan¨ªa.