No ha vuelto el bipartidismo

Leo estos d¨ªas en diversos medios que tras las elecciones generales del 23-J ha vuelto el bipartidismo, o al menos el bipartidismo imperfecto que caracteriz¨® nuestro sistema pol¨ªtico hasta las generales de 2011, cuando la emergencia de nuevas fuerzas pol¨ªticas nacidas al calor de la crisis de 2008 y del movimiento del 11-M (Unidas Podemos y sus confluencias), o m¨¢s adelante debido a la eclosi¨®n de la cuesti¨®n territorial (Ciudadanos¨CPartido de la Ciudadan¨ªa), acab¨® con la hegemon¨ªa y el turnismo de PSOE y PP. Un giro que se vio confirmado en las europeas de 2014 y en las legislativas de 2015, y aumentado si cabe en las de 2019 con la irrupci¨®n de la ultraderechista Vox, a tal grado que en el Congreso llegaron a coexistir hasta 19 partidos y una decena de grupos parlamentarios.

Sin embargo, el bipartidismo no ha regresado y no se le espera. Como mucho, podr¨ªa hablarse de que la fragmentaci¨®n partidista se ha estabilizado tras las ¨²ltimas elecciones, con 11 partidos en la C¨¢mara baja y nueve potenciales grupos parlamentarios, debido sobre todo a la extrema polarizaci¨®n electoral PP-PSOE, a la no concurrencia de Ciudadanos y al efecto aglutinador de Sumar. Los dos grandes partidos obtuvieron su mejor resultado desde la irrupci¨®n de Podemos y fueron la fuerza m¨¢s votada en el 89,6% de los municipios espa?oles. Sin embargo, los datos en t¨¦rminos absolutos son elocuentes: en las elecciones de 2008, PSOE y PP se repartieron 21,5 millones de votos. En las de 2019 no llegaron a 12 millones. Y en 2023, en circunstancias excepcionales como las descritas, apenas alcanzaron los 16.

En suma, en pocos a?os se ha pasado de un Congreso en el que los dos grandes partidos tradicionales conviv¨ªan junto a otras minor¨ªas territoriales (la antigua CiU o PNV) u otras fuerzas significativas (PCE-PSUC o IU-ICV), a un Congreso dominado inexorablemente por un pluralismo moderado, en el que las fuerzas mayoritarias coexist¨ªan junto a otras cuatro o cinco medianas, entre ellas algunas minor¨ªas territoriales que pasaron a actuar como gozne de las mayor¨ªas (ERC, EH Bildu).

Cierto es que la complejidad aparejada a tal fragmentaci¨®n dio lugar a algunos acontecimientos ins¨®litos, como la dilataci¨®n de los periodos de gobierno en funciones (314 d¨ªas tras las elecciones de 2015, 253 tras las de 2019), con lo que ello conlleva de par¨¢lisis e incluso de controversia sobre la continuidad del control del Ejecutivo por el Parlamento, extremo zanjado por el Tribunal Constitucional en 2018. Adem¨¢s, en t¨¦rminos de confianza pol¨ªtica no es menos cierto que se han encadenado dos disoluciones de las Cortes por no obtener el candidato el apoyo necesario, proliferando las rondas de consultas del Rey. Incluso se produjo en 2016 la inopinada renuncia del l¨ªder del partido con mayor n¨²mero de votos a ser propuesto candidato a la investidura (Mariano Rajoy), y la aceptaci¨®n del siguiente en la lista, sin posibilidades de ser investido (Pedro S¨¢nchez), solo como instrumento para dar inicio al c¨®mputo de dos meses desde la primera votaci¨®n de investidura para precipitar una nueva convocatoria electoral.

No deja de ser an¨®malo e infrecuente que haya habido tres investiduras fallidas: Pedro S¨¢nchez y Mariano Rajoy en 2016, y nuevamente Pedro S¨¢nchez en 2019. Y, en fin, hablando todav¨ªa de la relaci¨®n fiduciaria entre el Parlamento y el Gobierno, no puede olvidarse la aprobaci¨®n por primera vez de una moci¨®n de censura, en 2018 contra Mariano Rajoy, presentada por el grupo parlamentario socialista, con Pedro S¨¢nchez como candidato, donde se concert¨® un espectro de fuerzas de signo tan heterog¨¦neo, que incluso alguna de ellas ven¨ªan de dar su aprobaci¨®n al proyecto de Presupuestos del Gobierno removido. El car¨¢cter coyuntural de esa comuni¨®n de intereses se puso crudamente de relieve al cabo de nueve meses, cuando el proyecto de cuentas para 2019 fue rechazado, y el presidente del Gobierno compelido pol¨ªticamente a hacer uso de su facultad de disoluci¨®n.

Sin embargo, nada tiene que ver la atomizaci¨®n partidista con el desenlace de otras funciones del Parlamento, como la de nombramiento o integraci¨®n de ¨®rganos constitucionales, donde el balance es poco menos que desolador si se constata la par¨¢lisis o el retraso que hubo en la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y, sobre todo, el que existe a prop¨®sito del Consejo General del Poder Judicial, circunstancia m¨¢s bien imputable al ventajismo partidista del PP. Y es que la fragmentaci¨®n de la representaci¨®n pol¨ªtica es inherente al pluralismo del estado de partidos y genera un Parlamento m¨¢s representativo. No puede afirmarse que conlleve necesariamente la inestabilidad en la gesti¨®n del Gobierno, aunque en ocasiones se manifiesten algunas patolog¨ªas como las observadas a partir de 2011, que son consecuencia de la emergencia del populismo derivada del creciente deterioro de la prosperidad y de las desigualdades, una situaci¨®n ante la que los partidos acostumbran a enfatizar sus diferencias a la b¨²squeda de su propio r¨¦dito electoral, dificultando el di¨¢logo constructivo y el consenso en temas cruciales. Y ello tiene que ver m¨¢s con la proverbial inclinaci¨®n del sistema pol¨ªtico espa?ol a la confrontaci¨®n sin cuartel que a la colaboraci¨®n mediante acuerdos estables y, si es preciso, m¨¢s all¨¢ de la l¨®gica de las mayor¨ªas.