Cuadrar el c¨ªrculo
La reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica obliga a casar intereses divergentes para mejorar los servicios b¨¢sicos
La financiaci¨®n auton¨®mica ha tomado relevancia en los ¨²ltimos d¨ªas porque puede convertirse en una palanca para salir de la incierta situaci¨®n pol¨ªtica que ha surgido de los resultados del 23-J. Es una cuesti¨®n llena de aristas, que no siempre se aborda con claridad por su propia complejidad. La reforma del sistema de financiaci¨®n est¨¢ pendiente desde 2014, una anomal¨ªa que debe corregirse la pr¨®xima legislatura pese a la enorme dificultad que supone conciliar los intereses de las diferentes comunidades y su aprobaci¨®n en un Congreso dividido en dos bloques casi sim¨¦tricos. Se trata de un debate abstruso, pero sustantivo, porque tiene como objetivo actualizar el mecanismo que reparte los recursos entre las comunidades para atender las competencias que tienen asumidas, entre las que figuran servicios esenciales como la sanidad o la educaci¨®n.
El ¨²ltimo intento de abordar la modificaci¨®n del modelo se produjo en 2021, cuando el Ministerio de Hacienda hizo una propuesta que fue impugnada por las autonom¨ªas. La iniciativa del departamento que dirige Mar¨ªa Jes¨²s Montero pasaba por revisar una de las variables del sistema, el criterio de poblaci¨®n ajustada, principal caballo de batalla de una pugna en la que las comunidades se agrupan m¨¢s por intereses territoriales que partidistas. El sistema de financiaci¨®n tiene como clave de b¨®veda la poblaci¨®n, a la que se aplican variables correctoras como la superficie del territorio, la dispersi¨®n o la edad de los residentes. Estos elementos determinan las necesidades de gasto de cada comunidad, pero no hay consenso sobre su ponderaci¨®n con vistas a la reforma. Autonom¨ªas como Castilla y Le¨®n, Galicia y Asturias pretenden que se prime el envejecimiento o la dispersi¨®n, frente a regiones densamente pobladas como Madrid o Andaluc¨ªa.
Tambi¨¦n hay disfunciones en cuanto al reparto: el sistema actual ha demostrado tener demasiados desequilibrios, con un grupo de comunidades, entre las que se encuentran Murcia y la Comunidad Valenciana, con un serio problema de infrafinanciaci¨®n. E incluso hay debate sobre las cifras, con varias autonom¨ªas aportando sus propios c¨¢lculos con base en sus propios criterios, que se entrecruza adem¨¢s con posibles quitas en la deuda al Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA).
El debate ha adquirido vuelo porque es uno de los elementos que el PSOE contempla para desbloquear la investidura de Pedro S¨¢nchez. El presidente catal¨¢n, Pere Aragon¨¨s, ha urgido a los socialistas a precisar su propuesta, a la par que ha reclamado una negociaci¨®n bilateral sobre la financiaci¨®n de Catalu?a. Aunque puedan abordarse estas conversaciones, como las hay con todas las autonom¨ªas, el foro donde se debe negociar y acordar el nuevo modelo es multilateral: el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. Resulta entendible que en esta fase, muy preliminar, haya posiciones de m¨¢ximos, pero ser¨ªa tambi¨¦n deseable que, a medida que el debate avance, si es que lo hace, se imponga el pragmatismo.
En este sentido, es fundamental el papel que pueda desempe?ar el PP, partido que acumula un enorme poder territorial: gobierna 10 de las 15 comunidades que se rigen por el r¨¦gimen com¨²n de financiaci¨®n, a la espera de lo que ocurra en Murcia, que tarde o temprano se decantar¨¢ definitivamente por el partido de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. La opci¨®n de bloquear un cambio en la financiaci¨®n de las autonom¨ªas puede ser tentadora en t¨¦rminos partidistas, pero poco ¨²til para los ciudadanos, que esperan una mejora de servicios b¨¢sicos como la educaci¨®n o la sanidad. Y de eso es de lo que en realidad se habla cuando se debate sobre la financiaci¨®n auton¨®mica.
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