La hora de los partidos

Con la composici¨®n, el pr¨®ximo jueves, de la Mesa del Congreso y la elecci¨®n de la presidencia de las Cortes se inicia el complejo proceso de legitimaci¨®n democr¨¢tica propio de un sistema parlamentario como el de Espa?a, que tiene como fin conformar el pr¨®ximo Gobierno. Esa negociaci¨®n es una especie de indicador adelantado de lo que puede suceder con la pieza de caza mayor: la investidura del pr¨®ximo presidente del Gobierno. En la era del bipartidismo imperfecto esta cuesti¨®n no era tan relevante. Hoy, cuando ese bipartidismo pertenece al pasado y lo que existen son dos bloques ¡ªuna suerte de bibloquismo imperfecto¡ª, urge a¨²n m¨¢s si cabe recordar la posici¨®n central del Parlamento en el sistema, y la clarificaci¨®n de responsabilidades sobre las instituciones que protagonizan esta trama.

En un sistema parlamentario, la Mesa tiene que reflejar la pluralidad de la C¨¢mara y su presidente, tercera autoridad del Estado, debe ser alguien con prestigio, flexibilidad democr¨¢tica y capaz de estar por encima de las presiones de la refriega partidista. En un sistema parlamentario, adem¨¢s, las elecciones se convocan para formar el Parlamento del que surgir¨¢ el Gobierno. Lo que se dirime en los pr¨®ximos d¨ªas no es el papel que tendr¨¢ que jugar el Rey, como han venido a sugerir algunas voces: es la hora de los partidos. Les corresponde a los que han conseguido representaci¨®n parlamentaria, en tanto que instituciones a las que la Constituci¨®n reconoce en su art¨ªculo 6, ser el instrumento fundamental para la participaci¨®n pol¨ªtica, clarificar sus posiciones ante el jefe del Estado sobre el candidato al que apoyar¨¢n en la eventual investidura. Y una vez haya realizado esta ronda, ser¨¢ el Rey quien proponga, a trav¨¦s del presidente del Congreso, al candidato a la presidencia del Gobierno.

Esa propuesta, por tanto, ser¨¢ el resultado de las conversaciones que el Rey va a tener con los representantes de los grupos pol¨ªticos. As¨ª son las reglas de juego, tal como establece el art¨ªculo 99 de la Constituci¨®n espa?ola. Embarrar el debate p¨²blico pretendiendo dar a la figura del Rey un especial protagonismo supone obviar la ineludible responsabilidad de los partidos en la preservaci¨®n de su neutralidad. No hay otra f¨®rmula que la que surge de las posiciones que las formaciones pol¨ªticas manifiestan ante el Monarca. Y su deber es acudir cuando son convocados a esas consultas, de manera que si eluden esta obligaci¨®n constitucional merman la calidad democr¨¢tica del r¨¦gimen parlamentario.

La Constituci¨®n, pues, admite cualquier soluci¨®n que los representantes de los grupos pol¨ªticos quieran darle, pero es a los partidos a quienes hay que pedir responsabilidad para hacerlo, no al Rey. Crear un estado de opini¨®n en el que se sugiera la idea de que la elecci¨®n del Rey implicar¨ªa una toma de posici¨®n pol¨ªtica no solo desgasta su figura, sino que la instrumentaliza para distorsionar las reglas de juego. Dar a entender, como viene afirmando el Partido Popular, que el candidato propuesto debe ser el de la lista m¨¢s votada deforma el principio b¨¢sico del parlamentarismo. La Constituci¨®n no dice una sola palabra acerca de la lista m¨¢s votada; la investidura depende de lograr una mayor¨ªa suficiente, nada m¨¢s y nada menos que eso. Lo relevante no es que el PP tenga primero la opci¨®n de presentarse y despu¨¦s la tenga el PSOE: lo fundamental es que el Rey proponga un candidato, haya una votaci¨®n y que de esa manera empiece a correr el reloj de una eventual repetici¨®n de elecciones, que convendr¨ªa a todas luces evitar en aras de la estabilidad del sistema.

Hace tiempo que el partido que lidera Alberto N¨²?ez Feij¨®o parece empe?ado en crear una realidad paralela en la que repite ese mantra de que le toca gobernar al candidato de la lista m¨¢s votada. Parece querer forzar as¨ª la abstenci¨®n de los socialistas, o a lo peor esa es una forma de preparar el terreno para volver a sacar del caj¨®n el relato que acusa de ileg¨ªtimo a cualquier Gobierno que no incluya al Partido Popular.

Esta realidad paralela obvia ol¨ªmpicamente el contexto europeo, y hace una lectura interesada y torticera de la Constituci¨®n: no gobierna la lista m¨¢s votada, sino el candidato que logra suficientes apoyos entre los partidos con representaci¨®n parlamentaria, con cada uno de los diputados representando a todos y cada uno de los espa?oles. ¡°Los ¨²nicos pa¨ªses en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes¡±, ha asegurado esta semana la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. Nada m¨¢s lejos de la realidad: su propia familia europea, por ejemplo, celebr¨® los resultados electorales en Suecia aplaudiendo a su candidato, Ulf Kristersson, l¨ªder de la tercera fuerza m¨¢s votada, cuando alcanz¨® el cargo de primer ministro. Pero tampoco hace falta salir de Espa?a: el PP gobierna en Extremadura y no fue la lista m¨¢s votada el 28-M.

Ha llegado, pues, la hora de los partidos: la Constituci¨®n da al Rey un papel relevante, pero no decisivo en la investidura del pr¨®ximo presidente del Gobierno; los partidos no deber¨ªan instrumentalizar la figura del jefe del Estado. Ser¨ªa aconsejable que al menos uno de los candidatos, o los dos, acudan a la investidura para que el reloj de la repetici¨®n de elecciones empiece a correr y se evite una situaci¨®n como la que propici¨® Mariano Rajoy en 2015, que al rechazar presentarse dej¨® al Monarca en una situaci¨®n muy inc¨®moda. Y ser¨ªa conveniente tambi¨¦n que los partidos no embarraran el terreno de juego y la pol¨ªtica espa?ola saliera definitivamente del estado de excepcionalidad permanente en el que tiende a meterse con tanta frecuencia. Nos jugamos mucho como para a?adir m¨¢s incertidumbre en un contexto marcado por una guerra en Ucrania, el avispero de N¨ªger y el Sahel, la rivalidad entre Estados Unidos y China y en plena presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea.