F de fraude

La conversaci¨®n p¨²blica se llena de mamarrachadas y la pol¨ªtica, de marruller¨ªas. Una de estas ¨²ltimas es un fraude discursivo: la discusi¨®n sobre la amnist¨ªa a los l¨ªderes independentistas a cambio del apoyo a la investidura de Pedro S¨¢nchez como presidente de Gobierno, que se presenta como una cuesti¨®n de interpretaci¨®n constitucional, cuando en primer lugar es un asunto pol¨ªtico y moral. La amnist¨ªa a quienes atacaron la democracia en 2017 no solo destruye la igualdad de los ciudadanos: deslegitima la democracia espa?ola. Como una matrioska, incluye fraudes menores: as¨ª, se argumenta que el resultado de las elecciones indica la preferencia de los espa?oles por una rebaja de las penas, cuando no estaba en el programa del partido que lidera el bloque (tampoco aparece ¡°federal¡±, la palabra que se emplea para camuflar el confederalismo y la aplicaci¨®n asim¨¦trica de la ley; ni se citan el catal¨¢n, el euskera y el gallego). Pero la mayor trampa es asumir las tesis del independentismo sobre una supuesta anomal¨ªa que la amnist¨ªa vendr¨ªa a corregir.

Otra es un fraude de ley. Junts y ERC, con siete parlamentarios cada uno y menos del 5% del voto nacional y del 15% en las circunscripciones donde se presentaron, no cumpl¨ªan los requisitos para tener grupo parlamentario, pero lo tendr¨¢n gracias al pr¨¦stamo de diputados del PSOE y de Sumar. Esa adulteraci¨®n de los resultados implica ventajas pol¨ªticas (representaci¨®n en la Mesa de la Diputaci¨®n Permanente, en la Junta de Portavoces y en comisiones, as¨ª como m¨¢s tiempo y m¨¢s intervenciones) y econ¨®micas (una subvenci¨®n de unos 30.000 euros mensuales por grupo, m¨¢s una subvenci¨®n variable de hasta 1.746 euros por diputado). El caso es particularmente obsceno, pero la pr¨¢ctica no es nueva, como documenta Dem¨®crata. El profesor de Derecho Constitucional Carlos Fern¨¢ndez Esquer ha escrito: ¡°Una legislatura m¨¢s, la Mesa del Congreso consuma un fraude de ley y se comporta como un ¨®rgano que obedece a intereses partidistas [¡­], en lugar de ser el ¨®rgano rector de la C¨¢mara que aplica el reglamento con neutralidad¡±. Seg¨²n ¨¦l, ¡°la Mesa no se comportar¨ªa as¨ª si el Tribunal Constitucional, con su nefasta jurisprudencia, no hubiese avalado la constitucionalidad de pr¨¢cticas fraudulentas como el pr¨¦stamo de parlamentarios o las interpretaciones creativas del cumplimiento de requisitos para formar grupo¡±. La costumbre no excusa un procedimiento que degrada las instituciones y supone una verdadera estafa democr¨¢tica.