Paz, piedad y perd¨®n

Cuando el presidente Manuel Aza?a formul¨® el 18 de julio de 1938 en el Sal¨® de Cent barcelon¨¦s su famosa propuesta de ¡°paz, piedad y perd¨®n¡±, solemnizaba el programa de 13 puntos de su primer ministro, Juan Negr¨ªn: sobre todo, el ¨²ltimo apartado, una ¡°amplia amnist¨ªa para los espa?oles que quieran reconstruir y engrandecer el pa¨ªs¡±.

Negr¨ªn y Aza?a brindaban, tras dos a?os de cruel batalla, el perd¨®n a los sublevados, que, ?en plena Guerra Civil!, obviamente no se arrepent¨ªan de nada. Lo hac¨ªan desde una Rep¨²blica a¨²n con (menguantes) cartas de supervivencia. Se fiaba casi todo a una mediaci¨®n exterior entonces voluntariosa, pero imaginable. El momento para la democracia republicana era tr¨¢gico. Tambi¨¦n lo ser¨ªa, si bien en otra dimensi¨®n, el del golpe de los generales de la OAS contra De Gaulle en 1961, para vengar que otorgase la independencia a Argelia. O el del Acuerdo de Viernes Santo en el Reino Unido, que en 1998 encauzar¨ªa las troubles, seud¨®nimo del cruento conflicto civil/religioso norirland¨¦s. Situaciones ambas enderezadas mediante perdones y amnist¨ªas sucesivas, en su inicio, parciales (en el caso franc¨¦s, por fasc¨ªculos, en 1964, 1966, 1968¡­ hasta 1982).

La cuesti¨®n catalana, que se plasma hoy en la incertidumbre de los afectados por procesos judiciales pendientes ¡ªa causa del proc¨¦s¡ª, transita un momento menos agudo. Aunque eso se debe en buena parte a los indultos en favor de quienes encabezaron un golpe de Estado fallido: no otra cosa fueron las leyes de desconexi¨®n del 6 y 8 de septiembre de 2017 y el consiguiente refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Conviene distinguir entre el olvido jur¨ªdico (con memoria pol¨ªtica) y la ignorancia (con ilusos disimulos). A menor dramatismo, mayor motivo para que la democracia espa?ola, un r¨¦gimen consolidado como el de la V Rep¨²blica francesa o el de la monarqu¨ªa brit¨¢nica, otorgue un alivio general a los justiciables.

Si los pa¨ªses vecinos pudieron en peor escenario, ?por qu¨¦ no nosotros? Quienes crean que por s¨ª mismo o por la sola aplicaci¨®n de la ley penal, el nudo gordiano del malestar y la desafecci¨®n de un segmento social relevante en Catalu?a se diluir¨¢, olvidan que a buen seguro no es letal, pero s¨ª grave, enquistado y paralizante. Suturemos la asimetr¨ªa entre los dirigentes ya indultados y los cientos de sus adl¨¢teres y ciudadanos comunes que habitan la angustia. Reincorporemos al sistema a un mill¨®n de votantes indepes, la mitad a¨²n seducidos por el unilateralismo rupturista, en acogida cordial, con sus ideas que exacerban, pero sin conductas ilegales. Rescatemos a los empecinados para que vuelvan a contribuir a ¡°engrandecer el pa¨ªs¡±. Y sorteemos sus nocivos efectos anest¨¦sicos sobre la locomotora econ¨®mica catalana, y paralizantes en el Congreso espa?ol.

Si jur¨ªdicamente resulta viable, la f¨®rmula m¨¢s indolora es una cadena de indultos de amplio espectro, a condenados y a pendientes de juicio, individualizados para no incurrir en fraude de ley. Al modo de los del ministro ucedista Juan Jos¨¦ Ros¨®n para los etarras pol¨ªtico-militares. Tom¨¢s de la Quadra ha evocado con brillantez su conveniencia pol¨ªtica (EL PA?S, 8 de septiembre). Brillante, pues el indulto a todos es la extensi¨®n l¨®gica de los ya concedidos; los efectos apaciguadores son palpables, y la digesti¨®n pol¨ªtica est¨¢ garantizada de antemano. Pero dos salvedades planean sobre esta idea. Una, la dudosa viabilidad de excluir al principal art¨ªfice del golpe, Carles Puigdemont; el general Raoul Salan fue amnistiado, aunque tarde, en 1982, ya con Fran?ois Miterrand. Y dos, un goteo de indultos durante meses enervar¨ªa impaciencias, encender¨ªa a los salvapatrias indeseados y estrangular¨ªa de forma insoportable la vida pol¨ªtica, cercenando la necesaria estabilidad. Algo quiz¨¢ resoluble fijando plazos m¨¢ximos para acogerse a ellos.

La opci¨®n alternativa es una amnist¨ªa, cuyo encaje constitucional algunos ven¨ªamos excluyendo, con rapidez anal¨ªtica precipitada. De la Quadra va bien acompa?ado. El gran especialista en el derecho de ¡°gracia¡±, Juan Luis Requejo (Amnist¨ªa e indulto en el constitucionalismo hist¨®rico espa?ol), tambi¨¦n abona la constitucionalidad de la amnist¨ªa (una concreci¨®n, entre otras, de la competencia de gracia), pues el art¨ªculo 62 de la Constituci¨®n la abarca como funci¨®n del jefe del Estado ¡°con arreglo a la ley¡±: seg¨²n dicte el Parlamento.

Pero, adem¨¢s, otras normas de la era constitucional la evocan expresamente: la Ley de Enjuiciamiento Criminal reformada en 2023 (art¨ªculo 666.4); el RDL 796/2005 de extinci¨®n de la responsabilidad disciplinaria de funcionarios; o la Ley de Memoria Democr¨¢tica (20/2022).

Ahora bien, ?qu¨¦ amnist¨ªa? ?Con qu¨¦ contenido material? Se abunda, con reduccionismo simplificador, en que el indulto cancela la pena y la amnist¨ªa borra el delito. Algunos de quienes lamentan que evapore el delito interpretan que eso equivale a abrogar la norma penal, y hasta la Constituci¨®n y la entera transici¨®n. O sea: la liquidaci¨®n de la democracia espa?ola.

Pero no es necesariamente as¨ª. ¡°La amnist¨ªa no solo exculpa [igual que lo hace el indulto], sino que, m¨¢s a¨²n, puede eliminar de ra¨ªz el acto sobre el que se proyecta la inculpaci¨®n o la norma de la que la inculpaci¨®n resulta¡±, sostiene Requejo. As¨ª que deslindemos hacer tabla rasa del hecho delictivo; de anular la figura delictiva, derogando as¨ª la ley democr¨¢tica. ¡°La amnist¨ªa significa el olvido de determinados hechos delictivos por decisi¨®n del poder legislativo¡±, subraya luminosamente la catedr¨¢tica Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n (EL PA?S, 9 de septiembre). La Ley de Amnist¨ªa de 1977 extingui¨® las penas y anul¨® las condenas (a los resistentes; y ocasion¨® el olvido factual de los gerifaltes franquistas), no reemplaz¨® a¨²n el entramado jur¨ªdico-penal (C¨®digo Penal de 1973) y global de la dictadura.

Influidos por dicha Ley de Amnist¨ªa de 1977, enfatiz¨¢bamos su vinculaci¨®n con un cambio de r¨¦gimen. Pero la de febrero de 1936 (por la revoluci¨®n de Asturias y los Fets d¡¯octubre de 1934) no encaja ah¨ª. Ni la (imposible) de 1938. Ni las de las experiencias europeas citadas. No debe haber cambio de r¨¦gimen, ni atisbos de ¡°ho tornarem a fer¡±, contra lo que predican los postulados radicales perdedores, sino una demostraci¨®n integradora de fuerza, firmeza y generosidad de la democracia espa?ola.

Eso implica que la posible amnist¨ªa cuelgue de la Constituci¨®n y se dicte en su ejecuci¨®n, quiz¨¢ apelando a su Pre¨¢mbulo, que se?ala como su primer objetivo ¡°garantizar la convivencia democr¨¢tica dentro¡± de ella misma. Ya el anterior presidente (conservador) del Tribunal Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, distingui¨® entre el texto y el contexto de la Carta, que debe leerse ¡°a la luz de los problemas contempor¨¢neos y de las exigencias de la sociedad actual a la que deba dar respuestas¡± (STC 198/2012, de 6/XI). S¨ªganlo los jueces reactivos que ya lanzan inaceptables desaf¨ªos a la separaci¨®n de poderes y amenazan la independencia del Legislativo, enervando ruidos de togas movilizadas (ex ante, conspirativas, bajo sordina, en la apertura del a?o judicial), contra la eventual decisi¨®n de amnistiar que adoptase el Congreso.

La gracia no viola la Justicia. Los jueces no dictan las leyes, las ejecutan. Y una ley org¨¢nica de amnist¨ªa firmada por todos los grupos parlamentarios, tambi¨¦n el que teledirige Puigdemont, excluir¨ªa, con el considerando aludido de anclaje en la Constituci¨®n, cualquier unilateralismo. Mejor a¨²n si se explicita excluyendo de ra¨ªz toda modificaci¨®n del ordenamiento que no pase por las v¨ªas previstas en la propia Constituci¨®n. Eso es posible porque, a diferencia de un aprobado general, la amnist¨ªa admite condicionalidad. La intentada por Negr¨ªn y Aza?a, pues se dirig¨ªa a quienes ¡°quieran reconstruir¡± el pa¨ªs. La de 1977, a todos los actos de la resistencia antifranquista ¡°siempre que no hayan supuesto violencia grave¡±. Olvido: desde la corresponsabilidad. Ni un cent¨ªmetro al ¡°volveremos a hacerlo¡±.

Ni indultos ni amnist¨ªa ser¨¢n gratuitos. Los recelos a aquellos son grandes, y colosales a la amnist¨ªa. Waterloo los encona. El Gobierno y su presidente no deben dictar y vencer, sino escuchar y convencer.