Mientras tanto, votar el CGPJ

Antes que nada, mi m¨¢s cordial enhorabuena a nuestros dos nuevos presidentes de las C¨¢maras, Francina Armengol, del Congreso, y Pedro Roll¨¢n del Senado. Los conozco a los dos y los respeto y considero. Siendo alcaldesa, coincid¨ª con el se?or Roll¨¢n como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Aprecio su talante y su capacidad para la escucha. Aunque nunca trabaj¨¦ con la se?ora Armengol, la admiro y respeto por su labor al frente de la comunidad balear.

Entre sus nuevas y seguro que m¨²ltiples tareas considero que asumen una responsabilidad que al parecer no se ha considerado hasta ahora. Sin embargo, en las postrimer¨ªas de la anterior legislatura, el Tribunal Europeo certeramente la ha destacado: ambas instancias deben poner en marcha (lo debieron haber hecho sus predecesores) el proceso de elecci¨®n de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). As¨ª lo establece en su reciente sentencia de 22 de junio pasado. Y ello, que quede claro, sin atender o depender de decisiones o pactos previos de los partidos de los que, como el Tribunal recuerda, nada dice la Constituci¨®n.

La semana pasada se inaugur¨® el nuevo a?o judicial y sufr¨ª una enorme verg¨¹enza. Quiz¨¢s algo m¨¢s que otros por haber formado parte del sistema judicial. Resulta bochornoso que a¨²n sigamos con un Consejo d¨¦bil, mutilado y, en el mejor de los casos, suplicante de que los responsables pol¨ªticos pongan fin a esta situaci¨®n. Su constataci¨®n, repetida a?o tras a?o, pone sobre la mesa la responsabilidad de las C¨¢maras y, en primer lugar, de sus respectivas presidencias.

Nada dice la Constituci¨®n de los pactos previos entre partidos. Es la rutina y no la norma la que ha envenenado el proceso de selecci¨®n de los consejeros. As¨ª lo he se?alado ya en un par de ocasiones en este diario.

Lo que antes era una demanda angustiosa se ha convertido hoy en imperativo de la jurisprudencia europea. La sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo es definitiva. En su apartado 96 realza con nitidez lo que debieron haber hecho los presidentes del Congreso y del Senado. Lo que ahora deben hacer los nuevos presidentes.

Dicho art¨ªculo 96 recoge que ¡°en virtud de la Constituci¨®n Espa?ola¡­ el Parlamento tiene la funci¨®n no legislativa de renovar la composici¨®n del Consejo General del Poder Judicial. El ejercicio de esta funci¨®n es obligatorio, en particular en lo que respecta a los procedimientos que conducen al resultado final (la votaci¨®n efectiva de los miembros del Parlamento), y est¨¢ sujeto a un calendario espec¨ªfico y obligatorio. Los presidentes del Congreso y del Senado deben tomar las medidas necesarias con miras a renovar el CGPJ a su debido tiempo. Esta y otras obligaciones del Parlamento y sus ¨®rganos se especifican con m¨¢s detalle en el reglamento interno de las C¨¢maras del Parlamento. En particular, la lista de candidatos de la judicatura debe someterse a votaci¨®n en el Pleno¡±.

La sentencia apenas ha tenido eco en las propias instituciones ni tampoco en los medios. Posiblemente, porque no entraba en la reyerta partidaria ni se?alaba como culpable a ning¨²n partido. Ahora bien, poco conocida, la sentencia resulta fundamental. Parcialmente, da la raz¨®n a los recurrentes, algunos de los candidatos propuestos por las asociaciones de jueces. Niega, como es l¨®gico, que tuvieran derecho a ser elegidos, pero s¨ª les reconoce el derecho a haber sido sometidos al proceso de selecci¨®n. Y no aduce culpabilidad ni responsabiliza a los partidos pol¨ªticos por no haberse puesto de acuerdo, algo que no menciona por no estar recogido en la Constituci¨®n. Responsabiliza, y culpabiliza, a las presidencias de las C¨¢maras por no haber garantizado ese derecho, s¨ª constitucional, a poner en marcha el proceso de selecci¨®n de consejeros, mediante su votaci¨®n por parte de diputados y senadores.

Se?ora Armengol y se?or Roll¨¢n, ahora es el momento. El Gobierno est¨¢ en funciones. Las C¨¢maras, renovadas, est¨¢n en plenitud de competencias a la espera de ejercerlas en una investidura pendiente durante meses. Diputados y senadores pueden ejercer libremente su derecho al voto informado. Presidentes, deber¨ªan entonces intentar que no se les pudiera, una vez m¨¢s, responsabilizar de no haber puesto en marcha el proceso de selecci¨®n de consejeros.

El proceso no encierra mucho misterio. Desde 2017 hay candidatos. Son, como algunos exigen con exclusividad y todos aceptan como paso previo, los propuestos por las asociaciones de los propios jueces, o por jueces independientes. Les aseguro que hay muchos muy, muy buenos, con programas claros y necesarios para sacar a la justicia del hoyo en el que entre todos la hemos hundido. Ahora, transcurridos seis a?os, habr¨ªa que revisar la lista. Puede que no todos sigan estando disponibles para participar en el proceso. Una vez confirmado su inter¨¦s en participar, no habr¨ªa sino volver a divulgar sus curr¨ªculos y propuestas, entre los diputados y senadores, as¨ª como a los medios. Hecho el sorteo de por qu¨¦ candidato se inicia el proceso, habr¨ªa que convocar al primero de ellos a exponer, en sesi¨®n abierta y p¨²blica, con medios, su visi¨®n del Consejo, de qu¨¦ piensa hacer en un ¨®rgano que, no lo olvidemos, es, ante todo, un ¨®rgano de gesti¨®n. Esa presentaci¨®n, con m¨¢s o menos acertadas preguntas de los diputados y senadores, valdr¨ªa para conocer con alguna profundidad a los candidatos. Van a tener que desarrollar una tarea crucial, de la que depende el funcionamiento de la Justicia, pilar de nuestra democracia. Las presentaciones, abiertas insisto, podr¨ªan tener lugar en las respectivas comisiones de justicia de ambas C¨¢maras.

Las presentaciones dar¨¢n lugar a comentarios, entrevistas, opiniones, eventuales rechazos y esperables aplausos, que encaucen corrientes de opini¨®n. Tras ellas, habr¨¢ que convocar al pleno de cada C¨¢mara para votar, uno tras otro, a todos los candidatos.

Los diputados y senadores, organizados en sus respectivos grupos, habr¨¢n hablado internamente y entre ellos. Aun as¨ª, lo m¨¢s probable es que no se llegue en primera votaci¨®n a poder elegir alg¨²n candidato con la mayor¨ªa cualificada que exige la Constituci¨®n. Quiz¨¢s, abocados a la sucesi¨®n interminable de votaciones, se alcanzar¨ªan sin duda acuerdos. Estos, sin embargo, lo ser¨ªan en el marco del debate p¨²blico sobre los perfiles de los potenciales consejeros que pueda necesitar ahora el nuevo Consejo y no fruto de oscuros cabildeos en los que no sabemos lo que se ha valorado, lo que se ha decidido y por qu¨¦. En todo caso, habr¨¢ que votar y votar, sin desmayo, hasta lograrlo. Aqu¨ª puede valer un precedente norteamericano, me parece que hicieron falta 15 votaciones para finalmente elegir al presidente de la C¨¢mara de Representantes.

Estimados presidentes, no olviden lo que la ley les dice y el Tribunal ha sentenciado: lo que debieron haber hecho sus predecesores y, por favor, h¨¢ganlo.

Nuestra democracia lo necesita.