Per¨²: desmontando la democracia

A primera vista podr¨ªa parecer un asunto ¡°de abogados¡±. Especializado; no se trata de eso. Tras esa apariencia es un paso muy grave en el proceso -en marcha- de desmontar la democracia en Per¨². Con lamentables semejanzas a otras din¨¢micas contempor¨¢neas de demolici¨®n de la independencia judicial. Porque a eso apunta la reciente decisi¨®n del Congreso peruano de abrir una ¡°investigaci¨®n sumaria¡± a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el plazo m¨¢ximo de 14 d¨ªas h¨¢biles, por ¡°causa grave¡±. El objetivo expl¨ªcito es lograr la remoci¨®n total del colegiado, designado en concurso p¨²blico transparente.

?Qu¨¦ est¨¢ pasando? ?Por qu¨¦ es tan relevante la JNJ?

Primero lo primero: la JNJ es una entidad esencial en Per¨² para la independencia judicial, en general, y, adem¨¢s, para la del sistema electoral. Su tarea constitucional es de dimensiones: designar, fiscalizar y poder sancionar a jueces/zas y fiscales en todos los niveles, incluidas las autoridades del sistema electoral. Y eso lo ha venido haciendo con profesionalismo y correcci¨®n.

En otros pa¨ªses lleva el nombre de Consejo de la Judicatura -o semejantes- y es un tipo de institucionalidad que el sistema de derechos humanos de la ONU ha venido alentando y alienta. Se le ve como un espacio que puede ser crucial para la independencia judicial asegurando que los procesos de nombramiento o investigaci¨®n sean pulcros e independientes del poder pol¨ªtico.

Como dir¨ªa Hamlet de Shakespeare: ¡°esa es la cuesti¨®n¡±.

Pues lo que est¨¢ en marcha claramente es precisamente el desmontaje institucional, a todo vapor, de la JNJ en Per¨². Esta reciente decisi¨®n del Congreso tiene un objetivo evidente: acabar gradualmente con los pesos y contrapesos institucionales, esenciales en una democracia. Ello para poder meter las manos en la designaci¨®n de las autoridades electorales, en la de jueces/zas y en su evaluaci¨®n.

As¨ª de simple y de evidente. Esa es la raz¨®n por la que este lamentable proceso ya viene siendo observado con tanta preocupaci¨®n por la comunidad internacional.

En pronunciamientos claros como la condena p¨²blica ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresada este lunes desde Ginebra, por ejemplo, por el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker T¨¹rk, ante el foro de derechos humanos m¨¢s importante del mundo. Cuando a fines de este mes de setiembre Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, visite Per¨² se sorprender¨¢, seguro, que la independencia judicial se encuentra bajo ataque. Mientras, el pa¨ªs gestiona, c¨¢ndidamente, en paralelo, su incorporaci¨®n a la OCDE, foro institucional con sede en Par¨ªs, el m¨¢s influyente en el mundo en materia de desarrollo econ¨®mico, educaci¨®n y medio ambiente. Digo ¡°c¨¢ndidamente¡± porque, como es obvio, un pa¨ªs que le mete un zarpazo as¨ª a la independencia judicial est¨¢ autom¨¢ticamente excluy¨¦ndose de uno de los espacios institucionales m¨¢s relevantes para la inversi¨®n y el comercio de los pa¨ªses democr¨¢ticos.

Todo esto ocurre bajo los tambores de guerra del desprestigiado Congreso peruano (90% de desaprobaci¨®n). No se exagera cuando se dice que al Congreso lo maneja una ¡°banda delincuencial¡±, est¨¢ presidido por un se?or condenado judicialmente por estafa y con varias otras investigaciones penales en curso. Por su lado, la comisi¨®n que investigar¨¢ ¡°sumariamente¡± a la JNJ est¨¢ integrada,

mayoritariamente, por congresistas con procesos de investigaci¨®n penal por delitos comunes. Tres congresistas est¨¢n denunciadas por recorte ilegal de sueldo a sus trabajadores en el Congreso. Denuncias derivadas -todas- desde enero a la Fiscal de la Naci¨®n, quien luego de m¨¢s de ocho meses, a¨²n no act¨²a. Actualmente, 57 congresistas est¨¢n investigados, por distintos delitos, por el ministerio p¨²blico.

En esta suerte de ¨®pera bufa, la cuestionada Fiscal de la Naci¨®n, Patricia Benavides, opera como ¨²til herramienta. Investigada ella misma, por consideraciones de peso, por la JNJ, pero construy¨¦ndose impunidad para s¨ª misma para librarse de esa investigaci¨®n. Si alguien ve una semejanza a lo que ocurri¨® en Guatemala durante el ¡°pacto de los corruptos¡±, no se equivoca. Coinciden los observadores en que en el caso peruano la actual Fiscal tiene mucho de ¡°parte interesada¡± en la sobrevivencia o liquidaci¨®n de la JNJ pues a ella la JNJ le tiene abiertas tres investigaciones que no son por minucias.

Un hecho comprobado: al asumir sus funciones a principios de a?o la nov¨ªsima fiscal Benavides removi¨® -verticalmente- a varios fiscales de los casos que ven¨ªan manejando. Entre otros, nada menos que a la fiscal que investigaba por presunta vinculaci¨®n en un caso de narcotr¨¢fico a la jueza Emma Benavides, precisamente, hermana de la Fiscal de la Naci¨®n. Y, ?oh, paradoja! la cuestionada Fiscal denunci¨®, por su lado, a la JNJ; nada menos que por investigarla. De Ripley. Por ese hecho y otras ¡°perlas¡± la JNJ le tiene abiertas tres investigaciones.

Muy grave que siendo cabeza del ministerio p¨²blico, para bloquear la investigaci¨®n de la JNJ haya buscado y obtenido una resoluci¨®n judicial de primera instancia, fundada en parte en normas derogadas. Ya que esa resoluci¨®n est¨¢ siendo apelada ante el Tribunal Constitucional, ser¨ªa grav¨ªsima la responsabilidad del TC si deja pasar ese atropello grosero a la institucionalidad.

Todo esto est¨¢ reavivando al clamor de que se adelanten las elecciones generales dado el desastre hacia el que se est¨¢ marchando. Mientras, la comunidad democr¨¢tica -incluidas las iglesias- protestan contra este atropello del Congreso y la lenidad del gobierno. Que ha llegado al extremo de rechazar que la ONU, correctamente y en concordancia total con instrumentos internacionales de los que es parte Per¨², haya expresado su cuestionamiento a este atropello.

Mientras, algunas organizaciones internacionales democr¨¢ticas y de derechos humanos vienen proponiendo que se solicite a la OEA la aplicaci¨®n de la Carta Democr¨¢tica Interamericana. Instrumento jur¨ªdico internacional propuesto por Per¨² y adoptado por consenso interamericano el 2001, precisamente para actuar contra demoliciones democr¨¢ticas ¡°desde dentro¡±, como hab¨ªa sido el caso del ¡°autogolpe¡± de Fujimori en 1992. No es mecanismo sancionador, sino de buenos oficios y de alto nivel para promover salidas a crisis democr¨¢ticas. Como la que hoy afecta a Per¨².

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