El gobierno de las leyes

¡ª?Verdaderamente crees necesaria la reforma del Estatuto de Catalu?a ahora, tal y como la has planteado?

Le hice la pregunta a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, a mediados del a?o 2005, en una comida en La Moncloa.

¡ªPor supuesto. Es una oportunidad hist¨®rica. Vamos a resolver el conflicto pol¨ªtico catal¨¢n¡­

¡ª¡­para los pr¨®ximos diez o quince a?os... ¡ªle interrump¨ª...

Aparentemente sorprendido, me mir¨® con el aire inocente de quienes tienen los ojos azules, impost¨® la voz e irgui¨® la figura antes de corregirme desde su autoridad presidencial.

¡ª¡­ ?para toda la vida!...

Zapatero hab¨ªa sido candidato victorioso a las elecciones generales de 2004 tras su nombramiento como secretario general del PSOE en el 35? congreso del partido, cuando venci¨® por escaso margen a Jos¨¦ Bono gracias al apoyo del PSC. Cumpli¨® la promesa hecha a Pasqual Maragall de avalar el pacto del Tinell, mediante el cual desbancaron al pujolismo de la Generalitat e incorporaron al gobierno de Catalu?a a Esquerra Republicana. El nuevo Estatuto fue la daci¨®n en pago a cambio de los favores del PSC a Zapatero, empe?ado este como estaba en destruir el legado del felipismo.

Desde entonces se abri¨® en Espa?a una dial¨¦ctica de oportunismo personal en la batalla pol¨ªtica, con desprecio de los intereses generales y a remolque de la oleada identitaria y la demagogia populista, que ha crecido exponencialmente en la mayor¨ªa de las democracias representativas. El resultado a d¨ªa de hoy es una polarizaci¨®n extrema, un combate despiadado entre los responsables pol¨ªticos de muchos pa¨ªses, cuanto m¨¢s incompetentes, m¨¢s preocupados por su futuro lugar en la historia antes que por la resoluci¨®n de los problemas de los ciudadanos a los que gobiernan. La polarizaci¨®n es tambi¨¦n fruto del activismo de muchos medios de comunicaci¨®n, amenazados sus profesionales por toda clase de interferencias empresariales y pol¨ªticas que vulneran la independencia de las redacciones, en medio de una crisis universal de los propios medios, cada vez menos relevantes en su papel, crucial para la conformaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica. Ambas cosas, partidos pol¨ªticos y opiniones p¨²blicas libremente expresadas, por deformadas que ahora se encuentren, son instituciones fundamentales para el ejercicio democr¨¢tico. Lo que hace m¨¢s preocupante su erosi¨®n y manipulaci¨®n por parte de los idiotas de turno.

Viene todo esto a cuento del esperpento parlamentario y medi¨¢tico en el que nos hallamos metidos tras la derrota electoral de los partidos todav¨ªa titulares del gobierno de Espa?a, y la cat¨¢strofe de los independentistas catalanes en los ¨²ltimos comicios generales. Vaya por delante que en una democracia representativa es normal y l¨ªcito, no existiendo una mayor¨ªa absoluta, que formaciones menores traten de conformarla entre ellos. Pero no lo es que, a fin de conseguirlo, un partido central para el funcionamiento del sistema acuda al auxilio de otros abiertamente enemigos de la Constituci¨®n y las leyes a las que han jurado lealtad y contra las que no cesan de conspirar y no dudan en delinquir.

Posiblemente, Rodr¨ªguez Zapatero cre¨ªa que su torpe gesti¨®n de la reforma del Estatut resolver¨ªa para siempre el conflicto entre Catalu?a y el resto de Espa?a, que no hizo sino empeorar a partir de aquellas fechas. Pero el relato oficial seg¨²n el cual las negociaciones para alcanzar la investidura de S¨¢nchez tienen el objetivo de pasar p¨¢gina y retomar la convivencia, es simplemente una mentira con la que pretende engatusar a la opini¨®n nacional e internacional el presidente en funciones. Estamos ante el chantaje de los enemigos de la concordia nacional y la unidad del Estado a un demediado l¨ªder pol¨ªtico que enmascara la avaricia del poder con el servicio a la comunidad.

Al margen de debates jur¨ªdicos en los que ingresan acaloradamente toda clase de opinadores, una lectura simple de los art¨ªculos de la Constituci¨®n referidos al poder judicial pone de relieve que la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los tribunales. Por eso, la propia Constituci¨®n impide los indultos generales y la ley que regula la concesi¨®n de los individuales, que data de 1880, establece un procedimiento expl¨ªcito y limita las condiciones de su ejercicio. La conclusi¨®n evidente para cualquier ciudadano capaz de leer con alg¨²n entendimiento, al margen del inter¨¦s de los leguleyos de turno, es que prohibido lo menos se proh¨ªbe tambi¨¦n lo m¨¢s: el olvido de la comisi¨®n de los delitos, como S¨¢nchez y sus socios pretenden, incluso a sabiendas de que quienes los cometieron est¨¢n decididos a reincidir. Semejante decisi¨®n atentar¨ªa contra la igualdad de los espa?oles ante la ley, vulnerar¨ªa la independencia del poder judicial, al que se trata de someter y, al margen de cual fuere el dictamen del Tribunal Constitucional, ser¨ªa el comienzo del fin del consenso sobre el que se asienta nuestra democracia.

Por otra parte, conviene fijarse en el contenido de la amnist¨ªa misma que el partido del gobierno, en incumplimiento flagrante de su programa electoral, de las promesas hechas a sus electores, de las declaraciones urbi et orbi proferidas por sus miembros, trata ahora de promover con el rid¨ªculo t¨ªtulo de ley de Alivio Penal. Sabemos el para qu¨¦, pero nada m¨¢s: ?a qui¨¦nes, cu¨¢ntos, desde cuando y por qu¨¦ se aplicar¨¢ la amnist¨ªa? ?Vamos a ver c¨®mo los diputados de las formaciones nacionalistas, que declararon la independencia unilateral de Catalu?a, contribuyen con su voto a exonerar, a instancias del Gobierno socialista, a sus sediciosos l¨ªderes? Por ese camino, la amnist¨ªa de Puigdemont ser¨¢ entonces una verdadera autoamnist¨ªa. ?Van a eliminarse los delitos de malversaci¨®n de quienes robaron el erario p¨²blico para su beneficio pol¨ªtico y personal? ?Si hay perd¨®n y olvido para los ladrones de Esquerra y Junts, no lo habr¨¢ para los ladrones del PSOE en el caso de los ERE, o del PP en G¨¹rtel, o para el propio expresidente de la Generalitat acusado de convertir su familia en una banda criminal a fin de enriquecerse? ?Va a ser Pujol, quien con todos sus desvar¨ªos y el latrocinio del 3% fue durante a?os un pol¨ªtico razonable y defensor de la convivencia catalana, el ¨²nico presidente de la Generalitat que pase a la historia como un g¨¢nster? ?Y se va a amnistiar a los protagonistas de los repetidos disturbios violentos que, animados entusiastamente por el propio presidente Torra, agredieron a las fuerzas del orden, organizaron barricadas, destruyeron mobiliario urbano y encendieron hogueras en las noches de Barcelona?

Escrib¨ª en su d¨ªa a favor de los indultos a los presos del proc¨¨s condenados por el Tribunal Supremo, tras un juicio repleto de garant¨ªas para los procesados, porque efectivamente pienso que el conflicto catal¨¢n debe ser resuelto por v¨ªas pol¨ªticas y la continuidad en la c¨¢rcel de los sediciosos dificultaba un di¨¢logo necesario. Pero no es di¨¢logo someterse al chantaje de un fugitivo de la justicia a cambio de beneficiar a un poder en ejercicio que no ha recibido el apoyo mayoritario de la ciudadan¨ªa. Es una verg¨¹enza, una inmoralidad y, lo que es casi peor, una estupidez. S¨¢nchez ha sido el presidente del gobierno que m¨¢s ha dividido a los espa?oles. Tambi¨¦n a miles de antiguos votantes socialistas y dirigentes del partido, muchos de ellos perseguidos por el franquismo por su lealtad a la democracia de la que ahora disfruta y pretende abusar el propio S¨¢nchez. Llevamos d¨¦cadas pidiendo una reforma de las leyes electorales que eliminen las listas cerradas y bloqueadas y acaben con la dictadura clientelista de las c¨²pulas de los partidos. Una amnist¨ªa concedida en estos t¨¦rminos, rindiendo pleites¨ªa a un delincuente fugado de la justicia, rebelde contra el ordenamiento constitucional al que jur¨® servir, traidor al Estado del que era m¨¢ximo representante en su comunidad, con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas, ser¨ªa una ofensa a la dignidad de las instituciones, y una renuncia a los valores ¨¦ticos y democr¨¢ticos del socialismo. La democracia es el gobierno de las leyes, y ning¨²n fin justifica los medios.