No solo la investidura

Para que el pacto en ciernes sobre la investidura de Pedro S¨¢nchez como presidente de un Gobierno de coalici¨®n tenga ¨¦xito conviene que sus promotores se ajusten a dos premisas. La primera es el car¨¢cter estrictamente constitucional de todo lo que se acuerde; la segunda, que tenga un horizonte de cuatro a?os. En suma, que constituya un esbozo de pacto de legislatura. Un Gobierno ef¨ªmero no resolver¨ªa los grandes retos que Espa?a tiene por delante. Las tareas dom¨¦sticas pendientes ¡ªen medio de una posible crisis econ¨®mica continental y de la incertidumbre del escenario geopol¨ªtico mundial con sendas guerras en Israel y Ucrania¡ª no pueden abordarse en un escenario legislativo breve.

El acuerdo alcanzado el jueves entre el PSOE y Esquerra Republicana, a la espera de los pactos con Junts, el PNV y el BNG, entra dentro de esas coordenadas. Las principales conclusiones pol¨ªticas se enmarcan adecuadamente en el contexto constitucional y auton¨®mico. A expensas de conocer su articulado completo, la ley de amnist¨ªa recogida en el pacto afirma su voluntad de atenerse a los l¨ªmites de la Constituci¨®n seg¨²n han sido interpretados durante cuatro d¨¦cadas en una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n el ¡°reconocimiento nacional¡± de Catalu?a se inserta en la Ley Fundamental, en el Estatut de 2006 y en la sentencia del Constitucional que lo recort¨® en 2010. Adem¨¢s, apuesta por que los acuerdos que se alcancen por consenso en la mesa de di¨¢logo sobre el marco pol¨ªtico sean refrendados en las urnas, lo que nada tiene que ver necesariamente con un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n porque el mismo tr¨¢mite necesita una nueva reforma estatutaria.

Los pactos en el terreno econ¨®mico, siempre m¨¢s pragm¨¢ticos, a?aden connotaciones novedosas, aunque inicialmente pudieran parecer el elemento residual del acuerdo. El hecho de que ERC haya comprometido su apoyo a la estabilidad de la legislatura, tambi¨¦n en lo que se refiere a la aprobaci¨®n de los Presupuestos, supone un salto cualitativo con respecto al cuatrienio anterior, estable pero ruidoso por parte de los aliados del Gobierno de coalici¨®n.

De ah¨ª que asuntos como la reducci¨®n de la deuda o la cesi¨®n de competencias ferroviarias, entre otros, sean indicios de una ambici¨®n de normalidad institucional. La quita de un 20% en la deuda auton¨®mica con el Estado no perjudica la igualdad con las dem¨¢s autonom¨ªas, que pueden aspirar a similares beneficios si entran en una v¨ªa equivalente de di¨¢logo. Como en tantas ocasiones en nuestra democracia, un acuerdo bilateral acaba en un ¡°caf¨¦ para todos¡±.

Por su parte, el compromiso de una inversi¨®n p¨²blica en consonancia con el peso de la econom¨ªa catalana en el PIB espa?ol figura ya en el Estatut como posibilidad voluntaria, una vez acabado el periodo de siete a?os en que fue obligatoria, seg¨²n la sentencia del Constitucional de 2010. Finalmente, las cesiones adicionales de competencias sobre los ferrocarriles de cercan¨ªas, de momento limitadas a las l¨ªneas interiores de la comunidad aut¨®noma, quedan a expensas de estudios t¨¦cnicos y jur¨ªdicos m¨¢s pausados.

El futuro dir¨¢ si prima la lectura pragm¨¢tica del acuerdo o la esencialista. La vida cotidiana de los ciudadanos depende sobre todo de la primera. La pregunta pertinente hoy no es qu¨¦ es Espa?a o qu¨¦ es Catalu?a como una de sus partes, sino c¨®mo deben ser gobernadas.