Desmontando barreras contra la corrupci¨®n: un ataque al Estado de derecho

Seg¨²n el Eurobar¨®metro 534, de junio de 2023, casi nueve de cada diez espa?oles creen que en Espa?a hay mucha o bastante corrupci¨®n. De acuerdo con los expertos, Espa?a sigue teniendo m¨¢s corrupci¨®n que la que corresponde a su desarrollo econ¨®mico y social, y as¨ª se refleja repetidamente en el ?ndice de Percepci¨®n de Corrupci¨®n de Transparencia Internacional. La Comisi¨®n Europea ha manifestado en sus informes sobre el Estado de derecho la preocupaci¨®n por las debilidades institucionales de nuestro pa¨ªs y los informes GRECO nos recuerdan continuamente que faltan deberes por hacer. En este contexto, que no es exclusivo de Espa?a, la lucha contra la corrupci¨®n se vuelve a convertir en una de las principales prioridades de la Uni¨®n Europea, y para ello tiene en marcha una propuesta de directiva sobre lucha contra la corrupci¨®n, adem¨¢s de estar elaborando un plan de prevenci¨®n con dimensi¨®n europea. Mientras todo esto ocurre, vemos con desolaci¨®n c¨®mo avances important¨ªsimos en esta lucha, adoptados a partir de los a?os 2015 y 2016, se ven en riesgo de anulaci¨®n por la llegada de nuevas mayor¨ªas al gobierno de algunas comunidades aut¨®nomas, como en Valencia o Baleares, o por la consolidaci¨®n de mayor¨ªas ya existentes, como en Madrid.

En el caso de Baleares, existe un intento consistente y decidido por eliminar la Oficina de Prevenci¨®n y Lucha contra la Corrupci¨®n en las Illes Balears. Una oficina que nace en una comunidad aut¨®noma en la que desde un presidente de la comunidad hasta la presidenta del Parlamento y del Consell Insular de Mallorca, as¨ª como decenas de altos cargos y funcionarios, han ingresado en prisi¨®n condenados por corrupci¨®n. Una comunidad que durante algunos a?os daba la impresi¨®n de convertirse en un espacio de corrupci¨®n sist¨¦mica donde el robo de fondos p¨²blicos era generalizado. La oficina, durante su corta existencia, ha desempe?ado un papel importante en la prevenci¨®n e investigaci¨®n de esta lacra, y parece que ha tenido un excesivo ¨¦xito en detectar e investigar casos que afectan a familiares de dirigentes de partidos de la derecha de esta comunidad aut¨®noma. Esto parece explicar la obsesi¨®n por eliminarla.

En el caso de la Comunidad Valenciana, se ha producido ya el cierre de la Oficina de Recuperaci¨®n de Activos de la Comunidad Valenciana y el traslado de las funciones de la misma a la Abogac¨ªa de la Generalitat. Esta oficina no era sino una r¨¦plica de la creada en 2015 por el Gobierno de Espa?a, entonces bajo el mandato de Mariano Rajoy, para ¡°auxiliar a los ¨®rganos judiciales y fiscal¨ªas¡± en la localizaci¨®n y recuperaci¨®n de las ganancias procedentes de actividades delictivas como el tr¨¢fico de drogas, de armas o el blanqueo de dinero. En total, la oficina ha podido recuperar desde su creaci¨®n m¨¢s de 13 millones de euros robados a la ciudadan¨ªa valenciana, seg¨²n las memorias de la propia Generalitat. Pero no acaba aqu¨ª la ofensiva de las redes de corrupci¨®n para socavar las instituciones que las persiguen. La campa?a existente para desprestigiar la Agencia de Prevenci¨®n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci¨®n de la Comunitat Valenciana (AVAF) y poder eliminarla no se detiene. Estamos ante una agencia que ha sido considerada como un caso de ¨¦xito por la Uni¨®n Europea y que es una buena pr¨¢ctica a seguir por otras instituciones de la Uni¨®n. No hay que olvidar que, cuando se cre¨® la AVAF por el primer Gobierno del Bot¨¤nic, la corrupci¨®n pol¨ªtica en la Comunidad Valenciana era sist¨¦mica, existiendo m¨¢s de 70 casos, con cientos de altos cargos y funcionarios, no solo del PP, sino tambi¨¦n, en menor medida, del PSPV implicados.

Ante ello, el que el nuevo Gobierno priorizara la lucha contra la corrupci¨®n en la comunidad como una de sus pol¨ªticas esenciales no se deb¨ªa solo a la voluntad de actuar ¨¦ticamente, sino que tambi¨¦n era una exigencia ineludible para que la Comunidad Valenciana pudiera superar su muy deteriorada imagen y volviera a atraer inversiones y a generar crecimiento. Es importante destacar que, en ese proceso de reconstrucci¨®n de la dignidad de las instituciones valencianas particip¨®, a menudo, tambi¨¦n el PP, permiti¨¦ndose con ello que el caso valenciano fuese un ejemplo europeo de lucha exitosa contra la corrupci¨®n. El n¨²mero y la calidad de las normas y organizaciones creadas con el fin de promover el buen gobierno es reconocido internacionalmente. El resultado, en t¨¦rminos econ¨®micos, c¨ªvicos y de reputaci¨®n, ha sido espectacular, como indican los datos sobre percepci¨®n de la corrupci¨®n en la Comunidad, que ha bajado de forma clara y contundente, o la calidad de su gobierno, que ha mejorado enormemente, todo ello puede comprobarse en el ¨²ltimo informe sobre calidad del gobierno que la Uni¨®n Europea patrocina para las regiones de Europa y que lidera la Universidad de Gotemburgo.

Finalmente, en la Comunidad de Madrid parece que la todav¨ªa d¨¦bil estructura de promoci¨®n y garant¨ªa de la transparencia es percibida como excesiva por el Gobierno del PP. En consecuencia, hay que eliminar el actual Consejo de Transparencia y Participaci¨®n, creando un nuevo ¨®rgano dependiente del Ejecutivo y obediente a sus ¨®rdenes. Por si fuera poco, se le elimina su capacidad sancionadora.

En suma, existe un peligroso contraataque a los avances conseguidos en la lucha contra la corrupci¨®n en Espa?a, una ofensiva movida desde atr¨¢s por redes corruptas que se han mantenido vivas tras el combate de los ¨²ltimos a?os. Ante ello, desde la Asociaci¨®n M¨¢s Democracia no podemos permanecer indiferentes y reclamamos a los pol¨ªticos honestos de todos los partidos (que creemos que son la gran mayor¨ªa) que pongan fin a esta deriva, paralizando el cierre y la merma de capacidades e independencia de estos organismos. De lo contrario, estar¨ªamos asistiendo a un atentado muy grave a ese Estado de derecho que algunos dicen defender.