Urge reformar el ingreso m¨ªnimo vital

La llegada del ingreso m¨ªnimo vital (IMV) en 2020 supuso un salto cualitativo en las pol¨ªticas de protecci¨®n social de nuestro pa¨ªs. Impulsada por la crisis de la pandemia, esta prestaci¨®n se instaur¨® como mecanismo de garant¨ªa de rentas en un momento en el que numerosos especialistas y expertos apoyaban la idea de un mecanismo transitorio, urgente y ¨¢gil para responder a la ca¨ªda de ingresos provocada por la pandemia. Ese papel lo cubri¨®, con mayor ¨¦xito, el sistema de los ERTE, pero el ingreso m¨ªnimo vital, cuya implementaci¨®n estaba ya prevista en los acuerdos program¨¢ticos del Gobierno de coalici¨®n, aceler¨® su lanzamiento en oto?o de 2020 con el objetivo de complementar los sistemas auton¨®micos de rentas de inserci¨®n. Dado que nuestro modelo competencial sit¨²a los servicios sociales en las comunidades aut¨®nomas, se busc¨® el encaje institucional en la Seguridad Social, que mantiene sus competencias en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n General del Estado. El sistema deber¨ªa haber llegado a m¨¢s de 800.000 familias en poco tiempo, pero la complejidad de ponerlo en marcha, la ausencia de un suficiente sistema administrativo de apoyo y las m¨²ltiples trabas burocr¨¢ticas retrasaron mucho su despliegue efectivo y redujeron su alcance hasta situarlo muy por debajo de lo deseado: un 35% de sus potenciales beneficiarios, con datos de la Airef de 2022. Al mismo tiempo, algunas comunidades aut¨®nomas, de manera muy oportunista, redujeron sus propios sistemas de garant¨ªa de rentas, limitando as¨ª el potencial de protecci¨®n del conjunto del sistema.

El IMV ha experimentado ya varias reformas pensadas para alcanzar a una mayor poblaci¨®n, y sus cuant¨ªas se han actualizado como parte del escudo social dise?ado para combatir la crisis de precios, pero sigue siendo un instrumento imperfecto que requiere de reformas de calado tanto en su dise?o como en su cobertura. El hecho de que el 95% las personas m¨¢s vulnerables de entre los vulnerables, como son las personas sin hogar, no puedan acceder a la ayuda por falta de conocimiento, ausencia de documentaci¨®n en los m¨²ltiples requisitos burocr¨¢ticos, o dificultades en la tramitaci¨®n, deber¨ªa ser se?al suficiente para acometer una profunda reforma del sistema y centrarla en sus necesidades, comprendiendo sus condiciones de partida y atendiendo a sus carencias. En el ejercicio de los derechos ¡ªy el ingreso m¨ªnimo vital deber¨ªa serlo¡ª las personas deber¨ªan pasar por delante de los requisitos de una burocracia paralizante.

Los an¨¢lisis realizados suponen que la reforma del IMV para atender adecuadamente a las personas sin hogar deber¨ªa tener un coste m¨ªnimo, y podr¨ªa en cualquier caso ser complementaria de otras pol¨ªticas destinadas a erradicar la lacra del sinhogarismo en nuestra sociedad, con intervenciones innovadoras como las que llevan desarrollando desde hace a?os las entidades punteras en la lucha contra este problema social. Pero el reto no acaba en este ¨¢mbito espec¨ªfico, sino que la reforma pendiente debe enfocarse en solucionar las variadas lagunas que han surgido en la aplicaci¨®n efectiva del sistema, que ya fueron evidenciadas por la Airef el pasado verano.

El Gobierno est¨¢ evaluando, con fondos del plan Next Generation, los primeros resultados del IMV y su complementariedad con diferentes pol¨ªticas de inserci¨®n sociolaboral. Las conclusiones se har¨¢n p¨²blicas a lo largo de 2024. Mientras esta evaluaci¨®n se completa, ser¨¢ imprescindible perfeccionar un mecanismo que, habiendo sido presentado como la ¨²ltima red de seguridad de nuestro sistema de protecci¨®n social, mantiene todav¨ªa demasiados agujeros por los que se escapan las vidas, expectativas y opciones de las personas y las familias m¨¢s vulnerables.