Discapacidad en igualdad

Alrededor del 10% de la poblaci¨®n espa?ola, unos 4,3 millones de personas, vive con alg¨²n tipo de discapacidad. La Constituci¨®n les reconoce expresamente la igualdad de derechos en su art¨ªculo 49, una decisi¨®n de los constituyentes avanzada para su momento y con pocos precedentes. Pero los califica como ¡°disminuidos f¨ªsicos, sensoriales y ps¨ªquicos¡±, una formulaci¨®n inaceptable cuatro d¨¦cadas despu¨¦s. El Congreso aprob¨® este jueves la tercera reforma constitucional de la democracia para cambiar esta f¨®rmula por ¡°personas con discapacidad¡±, mencionar espec¨ªficamente a las mujeres y los menores y reforzar la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de garantizarles la igualdad.

El lenguaje m¨¦dico-rehabilitador del siglo pasado desaparece en favor de una formulaci¨®n garantista del derecho a la autonom¨ªa personal y acorde con los valores actuales. Si bien es un cambio menor desde el punto de vista del procedimiento, resulta de gran trascendencia para que la sociedad se reconozca a s¨ª misma en la Constituci¨®n. Solo la ultraderecha de Vox vot¨® en contra. Puso as¨ª en evidencia que no se considera parte de ese consenso b¨¢sico.

Nombrar las cosas hace que existan. Nombrarlas correctamente es una cuesti¨®n de respeto y dignidad. Lo saben bien quienes sufren una discriminaci¨®n y exigen el reconocimiento de sus derechos. El cambio de denominaci¨®n era una reivindicaci¨®n de las personas con discapacidad desde hace d¨¦cadas. El empuje de este colectivo, su persistencia ideol¨®gicamente transversal, ser¨¢ citado durante a?os como ejemplo de la fuerza de la sociedad civil organizada para empujar a los partidos pol¨ªticos a tomarse en serio cuestiones que, a pesar de su importancia, escapan al corto plazo legislativo porque no tienen r¨¦dito electoral. A ellos corresponde la enhorabuena por este gigantesco ¨¦xito legislativo: nada menos que cambiar la Constituci¨®n espa?ola. Las dos reformas anteriores, en 1992 y 2011, vinieron impuestas por la Uni¨®n Europea. Esta es, adem¨¢s, la primera de contenido social.

La reforma sale adelante por una mayor¨ªa de tres quintos de ambas C¨¢maras lograda gracias al acuerdo entre PSOE y PP. El destello de consenso no es una an¨¦cdota, sino un precedente que compromete a los actuales l¨ªderes, especialmente a quienes afirman que es imposible no ya reformar la Ley Fundamental, sino cumplirla y se niegan a pactar la renovaci¨®n de ¨®rganos constitucionales que, como el Consejo General del Poder Judicial, necesitan tambi¨¦n una mayor¨ªa de tres quintos. Por eso el PP, que bloquea desde hace cinco a?os la regeneraci¨®n del CGPJ, ha presentado la reforma del art¨ªculo 49 como algo excepcional, pr¨¢cticamente irrepetible. Hace apenas dos a?os vot¨® en contra de la propuesta. Hay que celebrar el cambio de voto y animar a los populares a seguir por esa senda.

Pretender que la situaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a es tan grave que impide siquiera sentarse a hablar de cuestiones de sentido com¨²n es faltar a la verdad y al deber de hacer pedagog¨ªa sobre las circunstancias extremas, aquellas s¨ª, en las que se redact¨® la Constituci¨®n de 1978. Quienes pactaron los pilares b¨¢sicos del sistema vigente estaban separados por una acritud ideol¨®gica abismal ¡ªhoy idealizada bajo el mantra del consenso¡ª y tuvieron que sobreponerse a traumas hist¨®ricos mucho m¨¢s graves que perder unas elecciones. En un contexto de paz duradera y democracia avanzada, debatir las reformas pendientes, formuladas hace d¨¦cadas y respaldadas por amplio consenso social, no deber¨ªa suponer tanta amargura.