Segundo asalto

Aunque en apariencia son asuntos distintos existe una relaci¨®n directa entre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la futura ley de amnist¨ªa para los implicados en el proc¨¦s catal¨¢n. El PP ha impedido la renovaci¨®n del CGPJ durante una legislatura y media creando una situaci¨®n de transitoriedad a la espera de recuperar la mayor¨ªa absoluta que le sirvi¨® para cerrar la ¨²ltima renovaci¨®n pactada. Negar los nuevos equilibrios parlamentarios es negar la democracia, pero as¨ª ha sucedido sin que nadie haya sido capaz de desenredar el apa?o. Para mayor desgracia, el ¨²nico momento en que el pacto entre los dos grandes partidos nacionales estuvo a punto de consumarse, un descuido del mu?idor conservador del acuerdo, el senador Ignacio Cosid¨®, dio al traste con la renovaci¨®n. Hizo p¨²blico por error un mensaje interno por el que tranquilizaba a los suyos y les dec¨ªa que dominar¨ªan el Supremo a trav¨¦s del presidente propuesto. El magistrado citado present¨® su renuncia por verg¨¹enza torera con tan mala suerte que posteriormente formar¨ªa parte del tribunal encargado de juzgar en el Supremo a los pol¨ªticos catalanes detenidos por el proc¨¦s.

El juicio en s¨ª ya fue una anomal¨ªa porque serv¨ªa al intento fallido de resolver penalmente lo que apuntaba m¨¢s bien a un conflicto pol¨ªtico. De hecho, sus fuertes condenas produjeron el efecto esperable, los incapaces de combatir el desaf¨ªo con otra cosa que porrazos de la Polic¨ªa se refocilaron en su ¨¦xito, que era un fracaso de gesti¨®n gubernamental, y los condenados asumieron su papel de m¨¢rtires por la causa frente a los que optaron por el exilio renunciando a unificar las defensas. Todo vir¨® cuando Pedro S¨¢nchez opt¨® por dictar un indulto a los condenados contra la opini¨®n mayoritaria salvo la de Catalu?a. El resultado, sin embargo, se reconoce como positivo entre otras cosas porque permiti¨® la normalizaci¨®n de un Gobierno catal¨¢n en beneficio de todo el pa¨ªs. Pero tras las nuevas elecciones renaci¨® el combate de legitimidades, y mientras los conservadores en la oposici¨®n han llegado a negar la representatividad del Parlamento y la neutralidad del Tribunal Constitucional, al mismo tiempo acusan a la tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa de quebrar el Estado de derecho y liquidar la igualdad entre espa?oles. Es evidente que todos ven la inconstitucionalidad en el ojo ajeno, pero jam¨¢s en el propio.

La no renovaci¨®n del CGPJ permiti¨® que la persecuci¨®n desde juzgados, brigadas policiales y ciertos medios a l¨ªderes independentistas y partidos como Podemos quedara en un limbo desgastante mientras se dictaban aut¨¦nticas amnist¨ªas desde la instrucci¨®n para los responsables pol¨ªticos de estos desmanes. Por eso, cuando ha llegado la imaginativa acusaci¨®n de terrorismo para tratar de vaciar el alcance pr¨¢ctico de la futura ley de amnist¨ªa ha sido percibida como una anomal¨ªa m¨¢s en la salpicadura de la lucha partidista. Este desgaste institucional encadena anomal¨ªa tras anomal¨ªa tras anomal¨ªa. Y puede que la ley de amnist¨ªa solo sea la gran anomal¨ªa final que permita, ir¨®nicamente, colocar los contadores a cero y volver a empezar en la carrera hacia la legitimaci¨®n de nuestras instituciones. Nuestra pol¨ªtica necesita de una tabla rasa para desbloquearse. Por fortuna, la sociedad espa?ola ha mantenido mayoritariamente el sosiego en este clima enrarecido y da?ino. Pero nada es infinito y urge un nuevo acuerdo que comience a desmontar la aborrecible tenaza c¨ªnica que padecemos.