Los urgentes problemas de la dependencia

Han pasado 17 a?os desde que Espa?a consagrase por ley el cuarto pilar del Estado de bienestar, la atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia, pero el despliegue de lo que entonces se consider¨® con raz¨®n ¡°un hito hist¨®rico¡± sigue lastrado por el efecto de a?os de austeridad forzada, una procelosa burocracia y unos desequilibrios territoriales que vulneran la igualdad en el ejercicio de los derechos que establece la norma. M¨¢s de 1,5 millones de personas se encontraban a finales del a?o pasado en situaci¨®n de dependencia reconocida, pero casi 300.000 se hallan en la lista de espera, entre quienes aguardan recibir la prestaci¨®n a la que tienen derecho y las pendientes de valoraci¨®n, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, difundidos ayer.

El plan de choque que el Gobierno puso en marcha en 2021 para compensar los recortes impuestos en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha inyectado al sistema casi 3.800 millones de euros ¡ªlo que ha compensado pr¨¢cticamente los recortes¡ª y se constata un progresivo avance en las diferentes ratios. Sin embargo, ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema.

Datos como que el tiempo medio de tramitaci¨®n de un expediente se sit¨²a en 324 d¨ªas, cuando la normativa fija un m¨¢ximo de seis meses, o que m¨¢s de 40.000 personas falleciesen el a?o pasado esperando ser valoradas o atendidas muestran tanto la gravedad de las carencias como todo el camino que queda por recorrer. Igual de inaceptables son las profundas diferencias territoriales, cuando son las autonom¨ªas las competentes en la aplicaci¨®n de los programas. Cuatro comunidades superan los 12 meses de espera ¡ªCanarias, Andaluc¨ªa, Murcia y Galicia¡ª y solo otras cuatro, m¨¢s Ceuta, cumplen el plazo legal.

Los indicadores de atenci¨®n que analiza la asociaci¨®n muestran una brecha territorial cada vez mayor, lo que implica que personas que tienen reconocidos sus derechos legales no pueden ejercerlos seg¨²n donde vivan. Nueve comunidades redujeron el a?o pasado sus fondos en atenci¨®n a la dependencia y en seis la lista de espera no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Obliga igualmente a la reflexi¨®n el fuerte impacto negativo de g¨¦nero: el 73% de los cuidadores son mujeres, muchas de ellas no por libre elecci¨®n, sino por imposici¨®n econ¨®mica y social o por falta de alternativas p¨²blicas.

Espa?a cuenta con una de las mayores esperanzas de vida del planeta, lo que lleva consigo unas necesidades crecientes a medida que la poblaci¨®n envejece. La respuesta no puede seguir siendo unos servicios de bajo coste y unas prestaciones escasas, lo que afecta en mayor medida a las familias m¨¢s vulnerables. Mejorar el modelo supone una urgencia social que solo comenzar¨¢ a resolverse a partir de un acuerdo en el que toda la sociedad y sus representantes se sientan concernidos.