Protestar no es un crimen, se llama democracia por el clima

Tras d¨¦cadas de renuncias y cesiones a los lobbies del petr¨®leo, del gas y del carb¨®n, numerosas personas j¨®venes ¡ª?y a veces no tan j¨®venes!¡ª est¨¢n viendo c¨®mo nuestro futuro ha sido hipotecado. ?C¨®mo sorprenderse ahora de que utilicen cuantos medios no violentos est¨¢n a su alcance para hacerse o¨ªr y defender nuestra casa com¨²n, el planeta Tierra? ?C¨®mo ignorar las alarmas de las cient¨ªficas y los cient¨ªficos que desde 2022 ...

Tras d¨¦cadas de renuncias y cesiones a los lobbies del petr¨®leo, del gas y del carb¨®n, numerosas personas j¨®venes ¡ª?y a veces no tan j¨®venes!¡ª est¨¢n viendo c¨®mo nuestro futuro ha sido hipotecado. ?C¨®mo sorprenderse ahora de que utilicen cuantos medios no violentos est¨¢n a su alcance para hacerse o¨ªr y defender nuestra casa com¨²n, el planeta Tierra? ?C¨®mo ignorar las alarmas de las cient¨ªficas y los cient¨ªficos que desde 2022 llaman p¨²blicamente a la desobediencia civil al ver la inacci¨®n de los gobiernos, a pesar de las muchas evidencias recogidas en sus informes?

?Y c¨®mo tolerar ahora que se criminalice a las personas y a los colectivos que defienden la vida de las generaciones futuras de manera pac¨ªfica y democr¨¢tica?

En el informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre los defensores ambientales en el marco del Convenio de Aarhus, Michel Forst, se denuncia la represi¨®n de las protestas ambientales en toda Europa y se se?alan una veintena de casos en Espa?a. El informe asegura que representan una grave regresi¨®n democr¨¢tica y solicita a todos los Estados ¡°cesar inmediatamente el uso de medidas dise?adas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medioambiente¡±.

Somos creadores, escritores, cient¨ªficos y activistas de todo el mundo y sumamos nuestras voces para alertar a la ciudadan¨ªa en Espa?a y en Europa de que no es un crimen utilizar la desobediencia civil pac¨ªfica contra una inacci¨®n clim¨¢tica que amenaza a toda la humanidad. Es m¨¢s, constituye un derecho civil reconocido por la ONU y es un compromiso c¨ªvico vital con la democracia por el clima que necesitamos construir.

La comunidad cient¨ªfica nos avisa de que 2023 ha sido el a?o m¨¢s c¨¢lido desde que se tienen registros y confirma la tendencia para 2024, con un incremento de la temperatura global media que se acerca peligrosamente a los 1,5 grados cent¨ªgrados fijados como l¨ªmite en el Acuerdo de Par¨ªs. La sequ¨ªa en Espa?a ya figura entre los diez desastres clim¨¢ticos m¨¢s costosos del a?o en todo el mundo. Esta es la cruda realidad: desde el Acuerdo de Par¨ªs en 2015, los Estados europeos no han desarrollado ni aplicado pol¨ªticas de reducci¨®n de emisiones capaces de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados como recomienda la ciencia; tampoco asumen su responsabilidad respecto a las emisiones hist¨®ricas e incluso hemos llegado este a?o a un nuevo r¨¦cord de emisiones del sector f¨®sil.

Con sus acciones de desobediencia civil pac¨ªfica, el activismo clim¨¢tico no solo pone de manifiesto la falta de coraje pol¨ªtico de nuestros gobernantes: tambi¨¦n denuncia las actividades letales de las multinacionales que m¨¢s contaminan, responsables directas de lo que el economista David Lizoain llama un ¡°crimen clim¨¢tico¡± a gran escala.

En Espa?a, la investigaci¨®n policial contra 25 personas, acusadas de pertenencia a una ¡°organizaci¨®n criminal¡± por haber participado en acciones de Futuro Vegetal, as¨ª como el futuro juicio a otras 15 del grupo Rebeli¨®n Cient¨ªfica y Rebeli¨®n o Extinci¨®n por su protesta en las escalinatas del Congreso de los Diputados en abril de 2022, evidencian una alarmante criminalizaci¨®n de la desobediencia civil pac¨ªfica, con penas requeridas de 21 meses de c¨¢rcel. Especialmente preocupante resulta la inclusi¨®n por parte de la Fiscal¨ªa General de estos tres grupos de activismo clim¨¢tico en el apartado de ¡°terrorismo nacional¡± de su ¨²ltima Memoria Anual, que persiste pese a que este organismo afirm¨® que no volver¨ªa a incluirlos en este ep¨ªgrafe. Amenazar y silenciar a las y los activistas parece as¨ª una nueva forma de negativa antidemocr¨¢tica a actuar sobre el clima, especialmente cuando un 84% de los ciudadanos europeos considera que si no reducimos dr¨¢sticamente nuestro consumo, llegaremos a una cat¨¢strofe sin precedentes y por ello reclaman m¨¢s compromiso clim¨¢tico a sus gobiernos.

Esta criminalizaci¨®n de la lucha ambiental se produce en toda Europa, hasta el punto de que la comisaria europea Dunja Mijatovic ha expresado hace poco su extrema preocupaci¨®n a todos los gobiernos actuales de la UE por las formas autoritarias que aplican a las protestas clim¨¢ticas: ¡°La manifestaci¨®n pac¨ªfica, cualquiera que sea su forma o ¨¢mbito de expresi¨®n, no es ni debe ser nunca equiparada a la actividad ilegal y al terrorismo en particular¡±.

Los actos de desobediencia civil implican incumplir una norma de forma premeditada con el objetivo de generar conciencia, expresar disconformidad social o pol¨ªtica o impulsar cambios en la legislaci¨®n, como cuando la activista afroamericana de Estados Unidos Rosa Parks desobedeci¨® y se sent¨® en un autob¨²s en un asiento reservado para blancos, una acci¨®n por la que fue detenida. El Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pac¨ªficas, est¨¢n protegidas por el derecho a la libertad de expresi¨®n. Esto significa, como explica la Comisi¨®n de Venecia del Consejo de Europa, que si quienes participan en actos de desobediencia civil enfrentan sanciones penales, estas deber¨¢n ser siempre proporcionadas. Aplicar cargos penales excesivos en contra de las acciones de desobediencia civil para la defensa del medioambiente genera un efecto desmovilizador y limita voluntariamente el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresi¨®n.

Las acciones de protesta realizadas en lugares tan simb¨®licos como el Congreso de los Diputados o como cortar la M-30 han sido alertas llamativas, simb¨®licas y voluntariamente estridentes para exigir directamente a los dirigentes pol¨ªticos y econ¨®micos que se comprometan con las medidas de transformaci¨®n formuladas en los informes cient¨ªficos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim¨¢tico (IPCC). Tambi¨¦n reclaman una participaci¨®n amplia, permanente y vinculante de toda la sociedad civil en la acci¨®n clim¨¢tica que garantice el pleno cumplimiento del Convenio de Aarhus. Sumando a numerosas organizaciones, la protesta clim¨¢tica se organiza para pedir y construir nuevos mecanismos democr¨¢ticos, tales como las Asambleas Ciudadanas por el Clima, que integran de manera permanente y vinculante a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n espa?ola, ya altamente concienciada de la extrema gravedad de la crisis ambiental.

Sean cuales sean las cr¨ªticas de sus detractores, las acciones encabezadas por los grupos Rebeli¨®n Cient¨ªfica, Rebeli¨®n o Extinci¨®n y Futuro Vegetal, tanto como las que llevan d¨¦cadas empleando organizaciones como Greenpeace por todo el mundo, son en todo caso no violentas y comparten la misma finalidad: mostrar que frente a la extrema emergencia clim¨¢tica, al colapso de los ecosistemas, nuestras democracias no pueden seguir fracasando colectivamente.

Todas estas protestas dan fe del compromiso por la vida de una generaci¨®n que no quiere quedarse de brazos cruzados mientras nuestro futuro, seg¨²n la ONU, est¨¢ al borde del colapso y mientras en Europa conviven, por un lado, discursos que buscan retrasar las medidas necesarias, priorizando la econom¨ªa al cuidado del medioambiente, y por otro, un negacionismo clim¨¢tico, que amenaza directamente la agenda de transici¨®n ecol¨®gica. Por muy inc¨®modo que resulte, no es un crimen decir esta verdad cient¨ªfica y pedir a todos los responsables que act¨²en ahora para construir una renovada democracia ambiental, capaz de hacer frente a esta terrible realidad.