Brotes verdes pluriling¨¹es
A pesar de los avances en diversos ¨¢mbitos institucionales, el reconocimiento real de los idiomas cooficiales se halla lejos a¨²n de su plena normalizaci¨®n
Con tantos frentes electorales abiertos, la incesante fronda de la derecha contra la futura ley de amnist¨ªa y la corrupci¨®n que siempre regurgita, no se ha ponderado suficientemente la transcendencia de los acuerdos en materia de pluriling¨¹ismo que, por lo pronto, han permitido utilizar todas las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados y trasladar la petici¨®n para hacer lo mismo en el seno de la UE. No menos importante es que en breve se impulse una ley estatal que garantice el uso de todas las lenguas oficiales ante las instituciones estatales y el derecho de los hablantes en los procesos judiciales, como recomienda el ¨²ltimo informe del Comit¨¦ de Ministros del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias.
Tras varias reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE sin abordar la cuesti¨®n, y meses de evaluaci¨®n legal, financiera y de orden pr¨¢ctico, el Gobierno ha reavivado, aunque sin ¨¦xito, la cuesti¨®n de la oficialidad del catal¨¢n, el euskera y el gallego en la Uni¨®n. Para que no pasase como con aquellas ¡°promesas que volaron y no pueden volver¡± de la canci¨®n de Karina, el Ejecutivo trat¨® de persuadir nuevamente a sus socios de no dejar la cuesti¨®n en el ba¨²l de los recuerdos. Con todo, adem¨¢s del veto sueco, finland¨¦s, eslovaco o estonio, donde se mezclan temores sobre el coste econ¨®mico, sus efectos multiplicadores internos y presiones encubiertas del PP sobre sus hom¨®logos europeos, se est¨¢ a la espera de que la delegaci¨®n espa?ola solicite un informe de legalidad al Consejo. Este requisito lo ponen algunos Estados para abordar una cuesti¨®n que deber¨ªa ser viable atendiendo a la excepcionalidad de la medida (de ¡°caso ¨²nico¡±) y a su encaje en el Reglamento n¨²m. 1 de 1958, que disciplina los usos ling¨¹¨ªsticos en la UE. Tambi¨¦n por el reconocimiento constitucional interno de esas lenguas, su efectiva presencia en las Cortes Generales y su significativo n¨²mero de hablantes. En el caso del catal¨¢n, supera a lenguas hoy oficiales como el dan¨¦s, el ga¨¦lico (irland¨¦s), el croata, el esloveno, el malt¨¦s, el lituano, el let¨®n o el estonio. Pese a todo, pues, se avistan brotes verdes pluriling¨¹es.
Es de destacar porque, igual que el modelo ling¨¹¨ªstico constitucional ha supuesto el reconocimiento de las lenguas distintas del castellano al m¨¢s alto nivel normativo y un notable incremento de su uso institucional, as¨ª como la extensi¨®n de su conocimiento y uso social tras d¨¦cadas de prohibiciones y de postergaci¨®n, el esquema ling¨¹¨ªstico dise?ado en 1978 dista mucho de ser equitativo: el castellano es la lengua espa?ola oficial del Estado, y todos los espa?oles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Por tanto, hay un derecho prioritario de los castellanohablantes a consecuencia de la incidencia de su derecho en las ¨¢reas de habla castellana (oficialmente uniling¨¹es), de la personalidad de su derecho en las que no son castellanohablantes (que se convierten en biling¨¹es), y por supuesto a su hegemon¨ªa en las instituciones centrales del Estado. Adem¨¢s, la Constituci¨®n se remite a los estatutos de autonom¨ªa para que declaren la oficialidad del resto de lenguas, sin ni siquiera mencionarlas, y prev¨¦ respetar y proteger ¡ªnadie sabe muy bien c¨®mo¡ª la riqueza de las diferentes modalidades ling¨¹¨ªsticas.
Esto se explica porque el criterio que orient¨® al constituyente fue la convicci¨®n del conocimiento generalizado del castellano, fruto de siglos de historia compartida, adem¨¢s del prop¨®sito nada disimulado de preservar la lengua como eje de uni¨®n pol¨ªtica. De ah¨ª que haya habido una l¨ªnea de pensamiento y de acci¨®n pol¨ªtica que ha preconizado la noci¨®n de ¡°lengua com¨²n¡±, en el sentido de considerar el castellano como lengua principal de comunicaci¨®n, pese a que el 40% de los espa?oles viven en comunidades aut¨®nomas pluriling¨¹es, y en seis de ellas existe una lengua oficial distinta del castellano, adem¨¢s de una panoplia de modalidades ling¨¹¨ªsticas que van desde el asturiano hasta el amazigh de Ceuta.
De esa misma concepci¨®n deriva la utilizaci¨®n espuria de las lenguas minoritarias con fines pol¨ªticos. El Gobierno de Arag¨®n, del PP, ha anunciado su intenci¨®n de retirar al catal¨¢n y al aragon¨¦s la condici¨®n de lenguas propias de la regi¨®n y pasar a defender ¡°modalidades ling¨¹¨ªsticas¡± como el cheso o el fragatino, contra el criterio de las asociaciones de defensa y promoci¨®n de dichas lenguas y de 250 acad¨¦micos de la Universidad de Zaragoza, que reclaman que se tenga en cuenta su criterio cient¨ªfico y el de la Academia Aragonesa de la Lengua. Ya se sabe que la cabra tira al monte y no hay cabrero que la guarde: en 2013, un Gobierno del mismo signo modific¨® la ley de lenguas para crear el lapao, risible glot¨®nimo con el que se pretend¨ªa designar la lengua aragonesa del ¨¢rea oriental en sustituci¨®n del catal¨¢n hablado en la Franja bajo variantes dialectales como el catal¨¢n ribagorzano, leridano o valenciano de transici¨®n.
Tambi¨¦n hace poco, el presidente valenciano, del PP, ha asegurado que no va a tolerar que ¡°se diga que aqu¨ª [en la Comunidad Valenciana] se habla catal¨¢n; se habla valenciano¡±, y el portavoz de Vox en las Corts, Jos¨¦ Mar¨ªa Llanos, ha recomendado al aspirante a la presidencia de la Generalitat de Catalu?a por el PP, Alejandro Fern¨¢ndez, ¡°aprender historia¡± por haber defendido la unidad ling¨¹¨ªstica como hace desde 2005 la Acad¨¨mia Valenciana de la Llengua, que postula que catal¨¢n y valenciano son el mismo idioma, ¡°compartido en territorios como Catalu?a, las Illes Balears y Andorra¡±. Parafraseando nuevamente a Karina (y a Jorge Manrique que lo dijo antes), a veces parece que ¡°cualquier tiempo pasado fue mejor¡±.
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