Las reglas fiscales europeas y el coste de no actuar

Las nuevas reglas fiscales de la Uni¨®n Europea suponen dar por acabado el periodo de la respuesta a la crisis derivada de la pandemia y posteriormente de la invasi¨®n de Ucrania, en el que, habiendo tomado nota del enorme precio pagado por las pol¨ªticas de austeridad con las que abord¨® la crisis financiera de 2008, la UE dio un paso al frente no solo para proteger a la ciudadan¨ªa europea, sino para impulsar una modernizaci¨®n de la econom¨ªa basada en la digitalizaci¨®n y el Pacto Verde Europeo. Las instituciones comunitarias entendieron que esta era, en efecto, la mejor manera de proteger a los europeos y a s¨ª mismas. Este periodo toca a su fin.

El acuerdo alcanzado corrobora los criterios de Maastricht, que exig¨ªan a los gobiernos mantener el d¨¦ficit presupuestario y la deuda p¨²blica por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Incluye una evaluaci¨®n a priori de la sostenibilidad de la estrategia fiscal de cada Estado miembro para clasificar los pa¨ªses por niveles de riesgo. Si alguno de los objetivos de d¨¦ficit o deuda no se cumpliera, se establecer¨ªa, de forma negociada entre la Comisi¨®n y el Estado en cuesti¨®n y refrendado por el Consejo, un ajuste fiscal que llevar¨ªa a los ¡°planes nacionales fiscales estructurales a medio plazo¡±.

Si bien las negociaciones partieron de la necesidad de permitir cierta flexibilidad a los Estados para aumentar la deuda destinada a inversiones p¨²blicas que impulsaran su econom¨ªa y ayudaran a la sostenibilidad de la deuda, los acuerdos alcanzados suponen importantes reducciones de deuda y d¨¦ficit que pueden traducirse, si no se hace nada para evitarlo, en recortes presupuestarios que comprometan los procesos de transformaci¨®n iniciados. Entre ellos, los relacionados con el Pacto Verde Europeo, incluyendo su dimensi¨®n social de transici¨®n justa.

Seg¨²n un informe elaborado por la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos y la New Economic Foundation, la aplicaci¨®n de las reglas fiscales podr¨ªa provocar que solo tres pa¨ªses ¡ªDinamarca, Suecia e Irlanda¡ª, pudieran mantener las inversiones necesarias para hacer frente a los desaf¨ªos del Pacto Verde Europeo y la cohesi¨®n social. Sus autores argumentan que incluso si las subvenciones del Mecanismo de Recuperaci¨®n y Resiliencia continuaran despu¨¦s de 2026, solo cinco pa¨ªses ¡ªDinamarca, Suecia, Irlanda, Croacia y Lituania¡ª podr¨ªan cubrir al menos las necesidades m¨ªnimas de inversi¨®n social y ecol¨®gica. De hecho, para que todos los Estados miembros puedan satisfacer sus necesidades de inversi¨®n p¨²blica en materia de cohesi¨®n social y transici¨®n ecol¨®gica, se necesitar¨¢n del orden de entre 300.000 y 420.000 millones de euros anuales adicionales.

El Pacto Verde Europeo, tal como fue presentado por Ursula von der Leyen en la COP de 2019 celebrada en Madrid, era mucho m¨¢s que la pol¨ªtica ambiental. Se trataba de todo un modelo de desarrollo para modernizar la econom¨ªa europea, hacerla m¨¢s competitiva en un mundo en proceso de descarbonizaci¨®n, mantener el liderazgo en esa transformaci¨®n y desarrollar un nuevo marco donde situar el conjunto de las pol¨ªticas.

Para ello, las inversiones p¨²blicas eran entonces, y siguen siendo, indispensables, tanto por los efectos que producen como por lo que pueden suponer de tracci¨®n de inversi¨®n privada. Son las inversiones que pueden garantizar tanto la transici¨®n verde, como su ejecuci¨®n con criterios de justicia social, de forma que los sectores perjudicados por las transformaciones necesarias puedan verse apoyados y acompa?ados en este proceso. Lo contrario puede conducir a estallidos de conflictividad social que comprometan la propia transici¨®n verde y la cohesi¨®n social en Europa. Lo vimos con los chalecos amarillos de Francia, lo hemos comprobado en las revueltas de los agricultores y volver¨¢ a asomar cada vez que se avance en la transici¨®n ecol¨®gica si es, de forma real o percibida, una p¨¦rdida para alg¨²n sector.

Por contra, invertir en transici¨®n justa permite avanzar en la transici¨®n ecol¨®gica, hacerlo con criterios de justicia social y desarrollar sectores econ¨®micos, desde el primario hasta los servicios, pasando por la industria, con un fuerte efecto multiplicador. La dimensi¨®n de la inversi¨®n y los beneficios asociados justificar¨ªa una nueva generaci¨®n de recursos comunes, en la l¨ªnea avanzada por los Next Generation.

Detener o ralentizar el ritmo de la inversi¨®n p¨²blica y privada que permita abordar estas transiciones supone, adem¨¢s de ralentizar transformaciones ineludibles y perder la carrera del liderazgo frente a quienes est¨¢n invirtiendo de forma decidida, olvidar dos lecciones aprendidas. La primera, el enorme coste que le supuso a Europa la austeridad aplicada en la gesti¨®n de la crisis de 2008: una recuperaci¨®n econ¨®mica tard¨ªa, un notable incremento de la desigualdad y la emergencia de las fuerzas de ultraderecha que hoy muestran su cara m¨¢s antieuropea. La segunda, la derivada del coste de no actuar. Seg¨²n un reciente informe de la Organizaci¨®n Meteorol¨®gica Mundial, por cada euro que destinemos a luchar contra el calentamiento global nos ahorraremos 66 euros en las pr¨®ximas d¨¦cadas.

En estas reglas fiscales est¨¢ en juego mucho m¨¢s que unos puntos de d¨¦ficit presupuestario y deuda p¨²blica. Lo que est¨¢ en cuesti¨®n es que Europa lidere el camino de una econom¨ªa modernizada dentro de un paradigma de sostenibilidad, o quede relegada a un papel secundario. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, que es la del planeta, y por tanto la de todos y todas, no hay duda. Pero incluso desde el enfoque m¨¢s pragm¨¢tico del an¨¢lisis econ¨®mico, si el horizonte es el de la autonom¨ªa estrat¨¦gica, la senda deber¨ªa estar clara.