Fiscales al pie de la letra

La c¨²pula fiscal, integrada por 38 fiscales de sala y el fiscal general del Estado, celebr¨® ayer una reuni¨®n extraordinaria para dirimir una discrepancia sobre la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los condenados o investigados por malversaci¨®n ¡ªentre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras¡ª en la causa abierta al proceso independentista catal¨¢n. Esa cumbre lleg¨® forzada por los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del proc¨¦s y que informaron ¡ªutilizando, entre otros, argumentos pol¨ªticos sobre la ¡°desintegraci¨®n¡± de Espa?a o el riesgo de ¡°fractura territorial¡± de la UE¡ª contra la aplicaci¨®n de la ley a los citados l¨ªderes soberanistas.

El fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, les orden¨® lo contrario y la negativa a obedecer esa orden desemboc¨® en la convocatoria de ayer. Finalmente, por 19 votos a favor y 17 en contra ¡ªy una abstenci¨®n m¨¢s dos ausencias¡ª, la junta apoy¨® el criterio del fiscal general, favorable a aplicar la ley de amnist¨ªa. La votaci¨®n supone un bal¨®n de ox¨ªgeno para Garc¨ªa Ortiz, censurado por el Tribunal Supremo, amenazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atacado por las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y vapuleado por la derecha y la ultraderecha pol¨ªtica.

Fuera de toda consideraci¨®n pol¨ªtica, el debate jur¨ªdico de ayer deb¨ªa resolver si la redacci¨®n de la ley incluye o no dentro de los supuestos amnistiables la malversaci¨®n cometida por los independentistas. El texto de la norma publicada en el BOE se?ala que el delito de malversaci¨®n queda dentro del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la medida de gracia siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento. Las discrepancias entre los cuatro fiscales del juicio del proc¨¦s y el fiscal general del Estado versan, fundamentalmente, sobre ese concepto de enriquecimiento. Mientras el fiscal general apela al texto de la ley ¡ªque habla de un beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡ª, los cuatro fiscales del Supremo entend¨ªan que hubo ¨¢nimo de lucro y beneficio pol¨ªtico por parte de los independentistas en el uso de dinero p¨²blico para celebrar el refer¨¦ndum, y que eso equival¨ªa a obtener un beneficio personal de car¨¢cter patrimonial.

Independientemente de la opini¨®n que merezca la ley de amnist¨ªa y de si vulnera o no la Constituci¨®n espa?ola o el derecho comunitario, lo que se dirime ahora es si la redacci¨®n de la ley ampara o no a los independentistas condenados o investigados por malversaci¨®n. Y no parece que el perjuicio patrimonial para la Administraci¨®n que sin duda signific¨® el uso de dinero p¨²blico para celebrar un refer¨¦ndum ilegal en 2017 se pueda equiparar con un enriquecimiento personal de car¨¢cter patrimonial. El criterio del fiscal general parece coincidir con una interpretaci¨®n estricta de la letra de la ley y eso mismo han pensado, defendido y votado una mayor¨ªa de la Junta de Fiscales, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del ministerio p¨²blico.

No obstante, aunque el informe final enviado al Supremo ser¨¢ favorable a aplicar la amnist¨ªa, el juez Pablo Llarena, instructor de la causa abierta por el proceso independentista, es quien tiene la ¨²ltima palabra para decidir si levanta las medidas cautelares para que Carles Puigdemont pueda regresar a Espa?a sin temor a ser detenido. Si decide lo contrario e impone que la ley de amnist¨ªa no es aplicable a los condenados o investigados por malversaci¨®n, el choque entre instituciones estar¨¢ servido: por primera vez en democracia, el Poder Judicial impedir¨ªa ¡ªgracias a una interpretaci¨®n dudosa de la norma¡ª la aplicaci¨®n de una ley aprobada por mayor¨ªa absoluta en el Parlamento.