Claridad con los costes de la jubilaci¨®n
Las nuevas propuestas para compatibilizar trabajo y pensi¨®n son positivas, pero deben estar acompa?adas de?cifras?cre¨ªbles
Apenas horas antes del plazo que el Gobierno se hab¨ªa autoimpuesto, los agentes sociales y el Ejecutivo anunciaron el mi¨¦rcoles un acuerdo para la reforma de las jubilaciones cuyo objetivo principal, seg¨²n sus promotores, es facilitar a¨²n m¨¢s la capacidad de los trabajadores de hacer compatible la actividad remunerada y la pensi¨®n que les corresponder¨ªa por edad o tiempo trabajado. El compromiso tambi¨¦n quiere resolver los problemas espec¨ªficos de algunas profesiones que, por su especial dureza, impiden una vida laboral prolongada, as¨ª como transferir algunas competencias a las mutuas de trabajo y accidentes sin perjudicar el derecho de los trabajadores a la salud. Siempre es de celebrar que el di¨¢logo social se mantenga en buena forma y capaz de sacar adelante soluciones, pese a las tensiones de los ¨²ltimos a?os.
El envejecimiento va a ser probablemente, junto al cambio clim¨¢tico, el principal desaf¨ªo de la econom¨ªa espa?ola durante las pr¨®ximas d¨¦cadas. Las proyecciones indican que en 2050 uno de cada tres espa?oles tendr¨¢ m¨¢s de 65 a?os. El sistema de pensiones tendr¨¢ que funcionar con una proporci¨®n entre jubilados y trabajadores muy por encima de la actual.
Para animar a los espa?oles a seguir trabajando despu¨¦s de la jubilaci¨®n, el Gobierno ha apostado por las f¨®rmulas del retiro parcial y activo, que permite cobrar, adem¨¢s del salario, la pensi¨®n que les corresponder¨ªa, a?adiendo incluso una cuant¨ªa extra. Aunque el n¨²mero de adheridos a estas f¨®rmulas sigue siendo muy modesto ¡ªseg¨²n las estad¨ªsticas de la EPA, en 2023 solo 184.900 jubilados mayores de 50 a?os, un 4,8% del total, segu¨ªa trabajando seis meses despu¨¦s de cobrar su primera pensi¨®n¡ª el Ejecutivo quiere insistir en ellas, en l¨ªnea con lo que ocurre en el resto de Europa.
El problema que tienen estas f¨®rmulas, especialmente la jubilaci¨®n parcial, es lo que cuestan. Y no hay ninguna se?al que indique que la soluci¨®n a la que han llegado los agentes sociales se ajuste a la rebaja en el gasto en pensiones en el futuro que Espa?a est¨¢ obligada a cumplir. Es m¨¢s, preocupa especialmente que en la presentaci¨®n del acuerdo el Gobierno haya remitido a otro momento las estimaciones del coste de las medidas. Es imperativo tener todos los datos lo antes posible para valorar el pacto en toda su complejidad.
Es indudable que el Estado hace bien en fomentar la actividad de los trabajadores mayores, no solo por los beneficios que aportan a la econom¨ªa espa?ola, sino tambi¨¦n para no desperdiciar un talento profesional deseoso de seguir contribuyendo. Sin embargo, no puede hacerlo agravando una situaci¨®n de gasto creciente. Si queremos evitar la sensaci¨®n de que Espa?a vuelve, una vez m¨¢s, a cargar la cuenta de las jubilaciones a las generaciones futuras, el Gobierno deber¨ªa aclararlo.
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