Los partidos pol¨ªticos mataron al Senado

El Senado posee caracter¨ªsticas que la opini¨®n p¨²blica desea para cualquier instituci¨®n democr¨¢tica. La mayor¨ªa de los miembros de esa C¨¢mara son elegidos en listas abiertas (208 electivos, 58 designados por los parlamentos auton¨®micos); los electores pueden optar hasta por tres candidatos, personalizados con nombres y apellidos; y, por lo tanto, los ciudadanos ejercen su derecho electoral sin las limitaciones que impone un m¨¦todo de elecci¨®n que en casi todos los casos obliga a optar por listas cerradas de partidos pol¨ªticos, con lo que quedan las personas, y lo que es m¨¢s importante, con lo que quedan los candidatos, sus ideas y personalidades, oscurecidos y sin ning¨²n valor electoral. Adem¨¢s, los miembros del Senado son el resultado de un sistema mayoritario, y visto que el sistema proporcional ha producido, en contra de lo que se pens¨® en su d¨ªa, inestabilidad e incomunicaci¨®n pol¨ªticas, al menos no es el escenario de unas minor¨ªas que dominan incomprensiblemente a las mayor¨ªas, con el efecto de desmoralizar a los votantes.

Es obvio que si el Senado aparece como una instituci¨®n in¨²til se debe a que sus poderes son poco m¨¢s que los que tiene una comisi¨®n del Congreso de los Diputados. Es la criatura peor dise?ada de la Constituci¨®n. El art¨ªculo 69 de nuestra Ley Fundamental declara el car¨¢cter de C¨¢mara de representaci¨®n territorial. No es cierto. Este Senado no representa a los territorios hoy dotados de poder pol¨ªtico, las comunidades aut¨®nomas. Las autonom¨ªas se relacionan con el Estado a trav¨¦s de los partidos pol¨ªticos, en vez de hacerlo a trav¨¦s del Senado, y esa anomal¨ªa explica en gran medida las graves tensiones que padece nuestro modelo auton¨®mico.

Como el Senado no se corresponde con el actual Estado descentralizado, la C¨¢mara de representaci¨®n territorial es el Congreso de los Diputados. Lo que sucede es que est¨¢ m¨¢s al alcance de aquellas comunidades gobernadas por partidos nacionalistas, o localistas, con grupo parlamentario propio (y que se arroga la representaci¨®n de todo el territorio) que por aquellas otras gobernadas por los grandes partidos nacionales. Nos encontramos hoy con diputados que act¨²an como senadores (en el Congreso no presentan candidato a la investidura, ni poseen un programa electoral para toda Espa?a), mientras los aut¨¦nticos senadores son diputados de segunda y de segunda lectura.

La ausencia de un Senado capaz de abrir un cauce de participaci¨®n permanente de las comunidades en las tareas estatales que llevan a cabo las Cortes Generales exige la reforma constitucional de nuestra C¨¢mara Alta.

Entre 1989 y 1998, el Senado avanz¨® en su reforma. En 1994, aprob¨® por unanimidad su nuevo Reglamento, que creaba la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas, la ¨²nica instituci¨®n en la que est¨¢n juntos el Gobierno de la naci¨®n y los gobiernos de las nacionalidades y regiones. Aunque los gobiernos auton¨®micos tienen en esa comisi¨®n las mismas potestades que los ministros, es evidente que s¨®lo reformando la Constituci¨®n podr¨¢ el Senado convertirse en la instituci¨®n que conecte las comunidades aut¨®nomas con el Estado.

El Senado puede justificarse como la C¨¢mara que logra acuerdos all¨ª donde el Congreso de los Diputados, por ser el escenario de la competici¨®n partidista, tiene dificultades para lograrlo. Desde la ley que cre¨® el Tribunal Constitucional, pasando por su Reglamento ¡ªel Congreso sigue con un Reglamento de la ¨¦poca de UCD, ?de febrero de 1982!¡ª o el primer debate auton¨®mico (septiembre de 1994), el Senado ha demostrado su utilidad como C¨¢mara de consenso.

En efecto, en ese primer debate de 1994, en el que participaron los presidentes del Gobierno y de las comunidades aut¨®nomas, se aprobaron una serie de mociones encaminadas a la consolidaci¨®n del Estado auton¨®mico. Entre ellas, y a iniciativa del portavoz del Grupo Popular, el entonces senador Alberto Ruiz-Gallard¨®n, destaca la que inici¨® la reforma constitucional del Senado.

Se cre¨® una ponencia, que se mantuvo activa en la siguiente legislatura ¡ªya con el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar¡ª, y que, adem¨¢s de conocer la opini¨®n de expertos en la materia, de los presidentes auton¨®micos y de todos los padres de la Constituci¨®n de 1978, los ponentes llegaron a un acuerdo sobre las funciones de la C¨¢mara reformada, pero no fue posible en lo referente al n¨²mero de miembros del nuevo Senado.

?C¨®mo ser¨ªa un Senado reformado? Resumidamente: ser¨ªa una C¨¢mara permanente; sus miembros ser¨ªan elegidos a la vez que los parlamentos auton¨®micos; el Senado efectuar¨ªa la primera lectura en una serie de leyes, desde los Estatutos de Autonom¨ªa, hasta los grandes planes de infraestructuras, y en todos estos supuestos de primera lectura ser¨ªa de aplicaci¨®n lo dispuesto en el art¨ªculo 74.2 de la Constituci¨®n, es decir, situar al Senado en una posici¨®n m¨¢s potente ante el Congreso de los Diputados. Adem¨¢s, tendr¨ªa plazos m¨¢s amplios para aprobar las leyes, y el veto senatorial actual ser¨ªa sustituido por una enmienda de totalidad con texto alternativo, que tendr¨ªa que ser aprobada por mayor¨ªa absoluta. En ese supuesto se volver¨ªa a lo previsto en la comisi¨®n paritaria de diputados y senadores, prevista en ese art¨ªculo 74.2, que es la clave de la reforma. Ese Senado tendr¨ªa la potestad de defender los hechos diferenciales, cuya concreci¨®n es competencia de las nacionalidades y regiones.

Pero, a partir de la segunda mitad de 1998, desapareci¨® cualquier posibilidad de acuerdo, y desde entonces la pol¨ªtica territorial se convirti¨® en el motivo esencial del enfrentamiento ideol¨®gico entre el PP y el PSOE. Sostengo que en 1998 comenz¨® la polarizaci¨®n pol¨ªtica. La secuencia de los acontecimientos de aquel a?o explica, en mi opini¨®n, el final de la ¨¦poca de los acuerdos.

Primero. En junio de dicho a?o, en una rueda de prensa en el Senado los presidentes auton¨®micos del PP manifestaron que no pod¨ªan participar m¨¢s en la ponencia, porque los socialistas y los nacionalistas catalanes y vascos iban a privilegiar a las comunidades con ¡°hechos diferenciales¡±. La ponencia no hab¨ªa abordado esa cuesti¨®n. S¨®lo se hab¨ªa hablado de que el Senado reformado deb¨ªa tener instrumentos de protecci¨®n de esos ¡°hechos diferenciales¡±, y que cada autonom¨ªa ten¨ªa la potestad de aprobar aquellos que consideraba propios. Fue una maniobra electoral, pero los partidos nacionalistas encontraron en ella el pretexto para desvincularse de cualquier proyecto de fortalecimiento del Estado de las autonom¨ªas.

Segundo. En julio, CiU, PNV y BNG suscribieron un documento, llamado Declaraci¨®n de Barcelona, en el que ped¨ªan un reconocimiento de sus respectivas ¡°naciones¡± e instaurar una confederaci¨®n, seg¨²n el precedente de Galeuzca, una f¨®rmula defendida por los nacionalistas entre 1923 y 1941 con resultados pol¨ªticos penosos.

Tercero. En septiembre, ETA acord¨® con el PNV y con otras formaciones pol¨ªticas y sindicales vascas el Pacto de Estella. Consist¨ªa en que ETA declaraba una llamada tregua de sus acciones terroristas y, en contrapartida, los otros firmantes iniciaban un proceso que conducir¨ªa a ejercer el ¡°derecho de autodeterminaci¨®n¡± en el Pa¨ªs Vasco y en Navarra.

Cuarto. En septiembre, interpel¨¦ a Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones P¨²blicas, ofreciendo, con el modelo del Senado de 1994, consenso frente al Pacto de Estella. El Diario de Sesiones refleja que Rajoy sufri¨® rechazando mi oferta. Un poco antes, el vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos hab¨ªa manifestado que el Gobierno de Aznar segu¨ªa contando con el apoyo de los nacionalistas.

Desde entonces hasta hoy, los partidos son prisioneros de su odio rec¨ªproco. Las necesarias reformas est¨¢n paralizadas desde hace m¨¢s de 25 a?os. El Senado es un sism¨®grafo que refleja nuestro particular terremoto pol¨ªtico, pero ¨¦l mismo provoca temblores. La crisis con Catalu?a fue ocasionada, entre otras causas, porque el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, acord¨® en privado en La Moncloa con el entonces l¨ªder de la oposici¨®n catalana, Artur Mas, unas enmiendas al proyecto de Estatuto de Catalu?a, con lo que su tramitaci¨®n despu¨¦s en el Senado fue una mera formalidad. El nuevo Estatuto sali¨® debilitado. Un ejemplo m¨¢s de que los partidos fracasan cuando suplantan a las instituciones representativas. La polarizaci¨®n y el populismo surgen cuando la pol¨ªtica se hace fuera de ellas.