Europa subcontrata el maltrato a los inmigrantes

La Uni¨®n Europea no puede ignorar por m¨¢s tiempo el uso que se hace de sus fondos como parte de los acuerdos migratorios que ha firmado con terceros pa¨ªses. Una investigaci¨®n de varios medios, entre ellos EL PA?S, revela que Turqu¨ªa ha creado una vasta red de centros de internamiento y deportaci¨®n financiados con dinero europeo. Son centros donde se violan sistem¨¢ticamente los derechos de los extranjeros, se somete a los detenidos a todo tipo de abusos y se les retiene hacinados en condiciones insalubres. Finalmente, se les expulsa a pa¨ªses como Afganist¨¢n y Siria, que no ofrecen las m¨ªnimas garant¨ªas de seguridad. Tambi¨¦n se han documentado y denunciado detenciones masivas y traslados forzosos desde Marruecos, Mauritania y T¨²nez, con los que la UE tiene convenios similares.

En lugar de asumir su responsabilidad sobre lo que sucede en Turqu¨ªa, Bruselas escurre el bulto esgrimiendo que la protecci¨®n de los derechos de los migrantes es competencia de Ankara. Tal actitud, de un cinismo indigno de la Uni¨®n Europea, resulta doblemente preocupante porque se refiere a un modelo que la Comisi¨®n quiere reforzar en el segundo mandato de Ursula von der Leyen. Por la v¨ªa colectiva o bendiciendo iniciativas individuales como la de Italia, que este lunes envi¨® a un campo de internamiento en Albania un primer barco militar con n¨¢ufragos rescatados en el Mediterr¨¢neo.

Desde 2016, cuando, en lo m¨¢s crudo de la guerra de Siria, Turqu¨ªa y la Uni¨®n firmaron su primer acuerdo para frenar la inmigraci¨®n, el Gobierno de Erdogan ha recibido m¨¢s de 11.500 millones de euros. En teor¨ªa, se trata de ayudas para atender las necesidades de los refugiados que llegan a suelo turco y favorecer su integraci¨®n mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. En la pr¨¢ctica, sin embargo, lo que se hace es externalizar la gesti¨®n migratoria en la frontera oriental de Europa, creando un dique de contenci¨®n en territorio no comunitario.

En estos ocho a?os, el n¨²mero de centros de detenci¨®n y deportaci¨®n se ha multiplicado en Turqu¨ªa, y aunque Bruselas solo reconoce que ha financiado una parte, el apoyo econ¨®mico de los Veintisiete llega a casi todas las instalaciones existentes mediante el pago de suministros o la contrataci¨®n de personal. Solo eso ser¨ªa suficiente para denunciar por qu¨¦ se emplea el dinero europeo en centros donde la violencia desempe?a un papel clave para quebrar la voluntad de los detenidos y cuyas condiciones de hacinamiento ¡ªla capacidad de la red no llega a 19.000 personas, pero cada mes son detenidos entre 15.000 y 25.000 extranjeros¡ª y de falta de higiene desata epidemias constantes, de sarna a tuberculosis.

Las instituciones europeas no pueden esgrimir desconocimiento de lo que pasa con los acuerdos que promueven y firman. Tampoco los gobiernos que las sustentan. Hay multitud de informes de organizaciones de derechos humanos ¡ªturcas y del resto del mundo¡ª, sentencias de los tribunales de Turqu¨ªa y Estrasburgo o informaciones como las publicadas por EL PA?S que no dejan lugar a dudas.

Bruselas debe garantizar que el trato a los migrantes cumple con las normas europeas sobre derechos humanos. Dentro de sus fronteras y fuera de ellas cuando se usen sus fondos. Ser¨ªa bueno que las audiencias al nuevo equipo de comisarios ¡ªque se celebrar¨¢n en noviembre¡ª sirvieran para exigir rigor y transparencia en el uso digno de los miles de millones de euros destinados a inmigraci¨®n. Subcontratar el horror no es compatible con los valores que Europa dice defender.