Chile y la redacci¨®n de una Constituci¨®n feminista
La recuperaci¨®n pospandemia ser¨¢ verde y feminista o no ser¨¢, por eso urge construir econom¨ªas m¨¢s sustentables e inclusivas, que ayuden a las mujeres. Y tambi¨¦n pol¨ªticas. La nueva Carta Magna chilena puede ser ese modelo que aborde la desigualdad de g¨¦nero de manera integral
Lo digo con una sonrisa, porque es una frase que nunca pens¨¦ que pronunciar¨ªa, y que me da mucha satisfacci¨®n: en la semana del D¨ªa Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, miremos a Chile. En este pa¨ªs donde crec¨ª, notable por su conservadurismo y neoliberalismo extremo, soplan vientos de esperanza, en gran parte gracias al movimiento feminista.
Los s¨ªmbolos son evidentes, el 11 de marzo asume un nuevo gobierno en el que las mujeres son mayor¨ªa y estar¨¢n al frente de ministerios claves como el de Interior, Relaciones Exteriores y Justicia, algo nunca visto. Es un avance al que se llega despu¨¦s de una larga resistencia feminista, que tuvo como hitos la elecci¨®n de la primera presidenta mujer, Michelle Bachelet, en el 2006 y la articulaci¨®n de movimientos sociales en torno a derechos sociales como la educaci¨®n y la salud sexual y reproductiva, donde las mujeres j¨®venes jugaron un rol clave. Pero donde Chile puede realmente dar un paso adelante y dar ejemplo es en la redacci¨®n de su nueva Constituci¨®n.
Para dar respuesta a las grandes movilizaciones sociales, que emergieron en octubre 2019 como protesta a las desigualdades y en demanda de una vida digna para todos, los dirigentes pol¨ªticos aceptaron organizar un refer¨¦ndum que iniciara la creaci¨®n de una nueva Constituci¨®n. Se buscaba as¨ª poner fin el texto adoptado durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) que impuso un modelo econ¨®mico y social que ha beneficiado a una elite. Desde entonces, ha sido una vor¨¢gine: se eligi¨® una Convenci¨®n Constitucional con paridad de g¨¦nero, que refleja la diversidad del pa¨ªs y muestra un cambio profundo en los perfiles de quienes suelen tomar decisiones. Aunque su trabajo no ha estado exento de cr¨ªticas, se ha dado lugar a una participaci¨®n masiva de la sociedad civil, y en las normas que han sido discutidas hasta ahora, se aprecia que la Convenci¨®n Constitucional pareciera ir bien en el objetivo de dar a luz la primera Constituci¨®n verde y feminista del mundo.
?Qu¨¦ es una Constituci¨®n feminista? ?Qu¨¦ se necesita para ganarse esa etiqueta? ?Basta con incluir los principios de paridad y perspectiva de g¨¦nero? ?Consagrar los derechos sexuales y reproductivos? ?Incluir el derecho a una vida sin violencia? Todo lo anterior es sin duda necesario, pero no es suficiente para avanzar en la igualdad sustantiva. La nueva Carta Magna debe sentar las bases para abordar la desigualdad de g¨¦nero de manera integral, esto incluye garantizar un financiamiento adecuado de los servicios p¨²blicos, infraestructura y protecci¨®n social que tengan en cuenta las necesidades particulares de las mujeres. Asimismo, se requiere consagrar los principios para que los m¨¢s ricos y las multinacionales contribuyan de manera justa en el pago de impuestos.
La covid-19 ha hecho evidente que gran parte del trabajo que se dedica al mantenimiento de la salud y bienestar de los ni?os, las personas mayores y otros miembros de la familia se realiza por mujeres de manera no remunerada, incluso antes de la pandemia. Las mujeres dedican en promedio 3,2 veces m¨¢s tiempo que los hombres a la prestaci¨®n de cuidados no remunerada, es decir, cuatro horas y 25 minutos al d¨ªa frente a una hora y 23 minutos en el caso de los hombres. Cuando se ha tratado de medir el valor monetario de estas contribuciones no remuneradas de las mujeres, la suma equivale a 10.000 millones de euros al a?o, o el 9% del PIB mundial.
Las mujeres dedican en promedio 3,2 veces m¨¢s tiempo que los hombres a la prestaci¨®n de cuidados no remunerada
La crisis sanitaria no ha hecho m¨¢s que agravar las desigualdades de g¨¦nero. En los dos ¨²ltimos a?os, la p¨¦rdida de puestos de trabajo ha afectado especialmente a las mujeres, expuls¨¢ndolas a menudo del mercado laboral. Las que trabajan en el sector informal, desde las trabajadoras dom¨¦sticas hasta las jornaleras agr¨ªcolas, son las primeras afectadas. En Am¨¦rica Latina, el n¨²mero de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema aument¨® entre 2020 y 2021, pasando de 81 a 86 millones, la mayor¨ªa de las cuales son mujeres. Y no son solo las consecuencias econ¨®micas. En la regi¨®n, al menos 4.091 fueron v¨ªctimas de femicidio en 2020, mientras que el matrimonio y las uniones tempranas afectan ya a una de cada cuatro adolescentes menores de 18 a?os.
Despu¨¦s de dos a?os de una pandemia que a¨²n no ha llegado a su fin, no se trata de volver a la ¡°normalidad¡± que ha producido tanta desigualdad y pobreza. Urge ahora construir econom¨ªas m¨¢s sustentables, m¨¢s inclusivas y verdes. Econom¨ªas que ayuden a las mujeres y que priorice las inversiones en cuidados.
Estos esfuerzos tienen un coste. Los Estados, que han gastado mucho en respuesta a la pandemia, no solo deben recuperar sus recursos, sino aumentarlos para financiar este cambio de rumbo. Una de las v¨ªas fundamentales es plantear una tributaci¨®n justa sobre las grandes fortunas y las rentas del capital y atacar la evasi¨®n fiscal y las pr¨¢cticas de optimizaci¨®n impositiva de las multinacionales y los m¨¢s ricos, que nunca han sido tan ricos como ahora. La riqueza combinada de todos los multimillonarios, estimada en m¨¢s de 4.500 millones de euros en v¨ªsperas de la pandemia, est¨¢ ahora en su nivel m¨¢s alto, 12.650 millones de euros. Y es crucial poner fin a la carrera a la baja de los tipos impositivos nominales de las empresas, que han ca¨ªdo desde una media del 40% en los a?os 80 hasta el 23% en 2018.
Est¨¢ claro que hay que introducir una mayor progresividad en los sistemas fiscales de todo el mundo, lo que significa defender que la recaudaci¨®n dependa en mayor medida de impuestos directos con mayor capacidad para reducir las desigualdades, y que los tipos impositivos deber¨ªan depender del nivel de renta o riqueza.
En esencia, que los ciudadanos y las empresas m¨¢s ricas contribuyan m¨¢s, porque tienen mayor capacidad. Y tambi¨¦n, en este caso, Chile puede mostrarnos el camino, ya que una parte de la sociedad civil movilizada en la Red Ciudadana de Justicia Fiscal para Chile pide que la nueva Constituci¨®n recoja este principio de progresividad de los impuestos y sea una fuerza transformadora para redistribuir la riqueza, romper con la cultura de privilegios, garantizar la transparencia y, por primera vez, incluso considerar la responsabilidad de solidaridad en la fiscalidad internacional.
Por supuesto, la adopci¨®n de una nueva Constituci¨®n no es suficiente. Sus principios deben traducirse en leyes y pol¨ªticas p¨²blicas, que cuenten con el apoyo del gobierno y del Congreso. Pero un texto constitucional define los cimientos de la sociedad. En Chile, como en otros lugares, las desigualdades y las tensiones sociales se han vuelto insoportables, y se ven exacerbadas por la emergencia clim¨¢tica. Es urgente cambiar el modelo de desarrollo para avanzar hacia una sociedad solidaria e inclusiva, que sit¨²e a la igualdad de g¨¦nero en el centro y reconozca la interdependencia entre las personas y el medio ambiente. La recuperaci¨®n pospandemia ser¨¢ verde y feminista, o no ser¨¢.
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