Bildu delega en el mediador Currin la negociaci¨®n de los presos de ETA
El Gobierno reh¨²ye el contacto para que no se interprete que hay negociaci¨®n
Bildu resalt¨® en el mitin que protagoniz¨® el s¨¢bado en Barakaldo (Vizcaya) el papel del Grupo Internacional de Contacto (GIC), liderado por el abogado surafricano Brian Currin, en el fin de la violencia. Ciertamente, la izquierda abertzale ha delegado en este grupo internacional la cuesti¨®n de los presos de ETA. Ella se reserva la pol¨ªtica con la coalici¨®n electoral, Bildu, que comparte con Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y la reconstrucci¨®n de su propio partido, Sortu, si consigue su legalizaci¨®n. Conf¨ªa en que as¨ª sea, una vez que el Constitucional ha autorizado la presencia electoral de Bildu y los resultados que arrojan los sondeos.
Los dirigentes de la izquierda abertzale ya anunciaron, cuando ETA declar¨® el alto el fuego unilateral y verificable, el pasado 10 de enero, que la banda terrorista no se ocupar¨ªa de la pol¨ªtica y se limitar¨ªa a gestionar la soluci¨®n para sus presos y el ¡°desmantelamiento de sus estructuras militares¡± en el proceso abierto.
Buena parte del plan de Currin lo dirimir¨¢n pronto los tribunales
La izquierda abertzale se ha reservado la gesti¨®n de los asuntos de pol¨ªtica cotidiana, y en su intento de mostrar su alejamiento de la violencia separar¨¢ los dos mundos: el suyo y el de ETA. Es, por tanto, el Grupo Internacional de Contacto quien gestionar¨¢ la cuesti¨®n de los presos de ETA. Su planteamiento es que necesita una garant¨ªa gubernamental sobre los presos para que la banda anuncie el cese definitivo. Cuenta para ello con la experiencia de Currin, de la crimin¨®loga inglesa y exrepresentante de la ONU Silvia Cazale as¨ª como de Nuala O¡¯Loan, embajadora irlandesa para la resoluci¨®n de conflictos. Todos ellos jugaron un papel relevante en relaci¨®n con los presos de las organizaciones terroristas, durante el proceso de paz irland¨¦s.
Pero el problema que se plantea al Grupo Internacional de Contacto, que en los ¨²ltimos meses ha mantenido varias rondas de reuniones con los partidos vascos -excepci¨®n del PP, que se ha negado-, es que el Gobierno no quiere saber nada de ¨¦l.
El Ejecutivo rechaza abrir un di¨¢logo con dicho grupo porque se podr¨ªa interpretar como una negociaci¨®n con ETA, lo que implicar¨ªa, con toda probabilidad, la ruptura del pacto antiterrorista que mantiene con el PP.
Los dirigentes ¡®abertzales¡¯ se han reservado la gesti¨®n de la agenda pol¨ªtica
No obstante, el Grupo Internacional de Contacto est¨¢ haciendo un esfuerzo por facilitar el acercamiento al Gobierno. Su plan, recogido en la carta a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que hizo p¨²blica el mi¨¦rcoles, responde a lo que se denomina ¡°agenda abreviada¡± en la jerga de la resoluci¨®n de conflictos.
Plantea tres cuestiones: la legalizaci¨®n de Sortu, la cuesti¨®n de los presos de ETA y la verificaci¨®n internacional del alto el fuego de la banda para lograr su final. Nada que ver con los planteamientos de ETA y la izquierda abertzale en procesos anteriores. Ni siquiera con el anterior, de 2006, en el que, aunque con carriles separados, se abord¨® una negociaci¨®n pol¨ªtica entre partidos y otra entre el Gobierno y ETA sobre presos y el final de las armas. Lo que se llamaba ¡°agenda amplia¡±.
Pero, adem¨¢s, parte del plan de Currin tambi¨¦n lo dirimir¨¢n los tribunales. As¨ª, la legalizaci¨®n de Sortu depende del Tribunal Constitucional, una vez que la izquierda abertzale materialice su recurso, esta misma semana, ante el alto tribunal.
En cuanto a la cuesti¨®n de los presos de ETA, el grupo internacional matizaba en la carta a Zapatero su propuesta y se limitaba a pedir la ¡°flexibilizaci¨®n de las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno pol¨ªtico inclusivo en el Pa¨ªs Vasco¡±. Es una referencia, entre otras, a la doctrina Parot, que implica en la pr¨¢ctica un alargamiento de las penas por terrorismo. Pero esta cuesti¨®n tambi¨¦n se dirimir¨¢ en los tribunales. Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional que este decidir¨¢ en oto?o. Una calificaci¨®n de ¡°inconstitucional¡± pondr¨ªa en la calle a muchos presos de ETA.
?En cuanto a la verificaci¨®n de la tregua, el grupo internacional ha pedido al Gobierno que facilite con ella el desmantelamiento de armas de ETA. El Ejecutivo no responde, pero el grupo ha hecho investigaciones por su cuenta y ha confirmado, por ejemplo, el cese de la extorsi¨®n de ETA.
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