Cospedal denuncia a dos consejeras de Barreda por ¡°fraude funcionarial¡±

El Gobierno de Mar¨ªa Dolores de Cospedal se ha querellado contra la exvicepresidenta del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda --Mar¨ªa Luisa Ara¨²jo--, contra la exconsejera de Cultura --Soledad Herrero-- y contra el expresidente de la empresa p¨²blica Gicaman --Juan C¨¢mara Fern¨¢ndez de Sevilla-- por supuesto "fraude funcionarial" en relaci¨®n con la compraventa en 2008 de un inmueble de Ciudad Real.

La querella, presentada este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y a la que ha tenido acceso Europa Press, tambi¨¦n est¨¢ dirigida contra Manuel S¨¢nchez-Monta?¨¦s, administrador de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fern¨¢ndez SL, empresa a la que se compr¨® el inmueble.

En concreto, el escrito recoge que en octubre de 2008 la empresa p¨²blica de Gesti¨®n de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) --por mandato de la Junta-- adquiere de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fern¨¢ndez un inmueble de la calle Ronda de Ciruela n¨²mero 24 de Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando dicha sociedad compr¨® este inmueble en 2006 a la Cruz Roja por valor de 3.353.647 euros.

De este modo, la querella se?ala que se produjo "una elevaci¨®n injustificada en el precio de compra" del inmueble. "Esta diferencia de m¨¢s de un mill¨®n de euros carece de justificaci¨®n, trat¨¢ndose de un inmueble que es definido en m¨²ltiples ocasiones como objeto de rehabilitaci¨®n" y que a d¨ªa de hoy "contin¨²a estando en mal estado de conservaci¨®n y no est¨¢ incluido en el cat¨¢logo de bienes y espacios protegidos ni tampoco ocupado por oficinas p¨²blicas".

En el escrito se indica que en abril de 2007 el delegado provincial de la Junta en Ciudad Real, Jos¨¦ Fuentes Pastrana, propone a Ara¨²jo que Promociones y Construcciones Aldea Fern¨¢ndez permute dicho inmueble a la Junta a cambio de que ¨¦sta le entregue tres edificios, permuta que no lleg¨® a realizarse.

SEDE DE LA DELEGACI?N DE CULTURA

Fue finalmente Gicaman quien adquiri¨® el edificio despu¨¦s de que el Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2008 aprobara el Convenio de colaboraci¨®n entre la Vicepresidencia y Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda, la Consejer¨ªa de Cultura y Gicaman, para que se ubicara all¨ª la sede administrativa de la Delegaci¨®n provincial de esta ¨²ltima Consejer¨ªa en dicho municipio.

Dicho acuerdo del Consejo de Gobierno autoriza un gasto plurianual de 5.957.799 euros desde 2009 a 2016 a Gicaman por el pago de este inmueble, pero la querella resalta que esta aportaci¨®n no se justifica porque no responde a cuant¨ªas de la propia compraventa.

Estas cantidades responden a los intereses del pr¨¦stamo que Gicaman firma con un banco y al propio beneficio que obtiene esta empresa p¨²blica con esta operaci¨®n, agrega. "Estos gastos para la Junta de Comunidades podr¨ªan haberse evitado si ¨¦sta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contrataci¨®n que venimos describiendo", argumenta.

Adem¨¢s, se?ala que la Junta de Comunidades, despu¨¦s de haber concertado con los particulares ese precio superior al del tr¨¢fico normal, encarga a Gicaman la compra del inmueble cuando pod¨ªa haberlo realizado directamente evit¨¢ndose unos gastos injustificados de "beneficio" de esta empresa p¨²blica.

As¨ª, dice que no se justifica en ning¨²n documento la necesidad de la intervenci¨®n de Gicaman, ni tampoco se entiende que la Administraci¨®n auton¨®mica carezca de medios propios para articular una compraventa de un Inmueble.

De este modo, concluye que la Junta de Comunidades podr¨ªa haber adquirido directamente el Inmueble sin necesidad del artificio de sociedad interpuesta y sin necesidad del pago de las cuant¨ªas que no corresponden al precio de la compraventa (o a los intereses del pr¨¦stamo), puesto que cuenta con sus servicios de patrimonio.

DE UNO A TRES A?OS

La Junta considera as¨ª que se ha podido cometer un fraude funcionarial tipificado en el C¨®digo Penal, que se?ala que "la autoridad o funcionario p¨²blico que "se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente p¨²blico, incurrir¨¢ en las penas de prisi¨®n de uno a tres a?os e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis a diez a?os.

Por ello se suplica al Juzgado que admita este escrito y proceda de inmediato a la incoaci¨®n de diligencias previas para averiguar los hechos y determinar las personas criminalmente responsables.