Catalu?a tomada en serio

La v¨ªspera de la ¨²ltima reuni¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, el presidente catal¨¢n, Artur Mas, entrevistado en la cadena 8tv, se mostr¨® convencido de que el Estado se opondr¨ªa a su demanda de pacto fiscal. Pero a?adi¨® que si fuera rechazada, ¡°no nos quedaremos con los brazos cruzados¡±: la alternativa ser¨ªa ¡°crear una Hacienda catalana¡±.

Es decir, lo mismo, pero por las malas. El pacto fiscal consiste en que la Agencia Tributaria catalana recaude y gestione todos los tributos generados en Catalu?a, y pague a la Hacienda central un ¡°cupo¡± anual como contribuci¨®n a los gastos del Estado en materias no asumidas por la comunidad, seg¨²n el modelo del Concierto vasco. As¨ª viene plante¨¢ndolo el catalanismo desde hace a?os, si bien formulado como un sistema ¡°similar al Concierto en sus resultados¡±: que garantice una capacidad de gasto parecida a la que disponen los vascos, superior hasta en un 60% a la media.

Esa ventaja no es un efecto del Concierto como tal, sino de la forma como ha venido calcul¨¢ndose el Cupo. Seg¨²n ?ngel de la Fuente, experto del Instituto de Estudios Financieros, a la hora de fijar la aportaci¨®n vasca no se toman en consideraci¨®n partidas del gasto estatal como las destinadas al fondo de solidaridad interterritorial y al pago de los intereses de la deuda. Ello supone pagar menos de lo que corresponder¨ªa, y por consiguiente retener una mayor parte de lo recaudado.

Tras la discusi¨®n sobre la financiaci¨®n de Catalu?a ha estado siempre el agravio comparativo con el Pa¨ªs Vasco. Pero lo que durante a?os se plante¨® como necesidad de eliminar gradualmente ese privilegio se transform¨® a partir del pacto del que naci¨® el Tripartito en demanda de ¡°equiparaci¨®n de los ingresos por habitante de Catalu?a con los de las comunidades forales¡±. Es decir, extensi¨®n del privilegio, de acuerdo con el criterio de que tan naci¨®n es Catalu?a como Euskadi y el no menos ideol¨®gico de que sus dificultades econ¨®micas eran consecuencia del exceso de solidaridad con el resto de Espa?a. No se trata, por tanto, de tener o no una agencia tributaria propia, sino de tenerla en condiciones que permitan reducir unilateralmente la aportaci¨®n catalana a los mecanismos de solidaridad.

La izquierda catalana ha abandonado el criterio de que esas transferencias son un factor de cohesi¨®n social y dinamizaci¨®n del mercado espa?ol, lo que a su vez beneficia a la econom¨ªa de Catalu?a, que es la comunidad que registra un mayor saldo favorable en la relaci¨®n comercial con el resto de Espa?a.

Si el Gobierno central aceptase el pacto que propone Artur Mas, ?c¨®mo podr¨ªa justificar que no se aplicase a las dem¨¢s autonom¨ªas? Pero la generalizaci¨®n del privilegio significar¨ªa la liquidaci¨®n (por quiebra) del Estado auton¨®mico. El Consejo Asesor para la Reactivaci¨®n Econ¨®mica ha remitido a Mas un informe sobre el pacto fiscal en el que le aconseja suscitar el m¨¢ximo consenso interno sobre ese objetivo, cuya constitucionalidad podr¨ªa defenderse, suger¨ªa, en base a la distinci¨®n entre nacionalidades y regiones.

La unanimidad catalana en torno a algo tan ventajoso podr¨ªa tal vez alcanzarse, pero pensar que un Gobierno espa?ol de cualquier signo pueda aceptar la idea de que esa distinci¨®n da por s¨ª misma derecho a una financiaci¨®n singular o a limitar la aportaci¨®n a las pol¨ªticas redistributivas del Estado, es una utop¨ªa. Especialmente cuando la oferta de pacto se acompa?a con la amenaza de ruptura, de acuerdo con el t¨®pico de que a los catalanes no se les toma en serio porque son poco en¨¦rgicos en la defensa de sus reclamaciones.

Un pacto que incluye la amenaza de aplicar de todas formas, de manera unilateral, lo que se reclama, rompe con la tradici¨®n pactista catalana. Adem¨¢s, ?c¨®mo se hace eso? Seguramente Artur Mas piensa en unas elecciones anticipadas, con el Pacto Fiscal como programa. Pero aunque ganase las elecciones, si intentara constituir esa Hacienda propia, el Gobierno central se ver¨ªa obligado a plantear un recurso de inconstitucionalidad.

Estar¨ªamos de nuevo ante un conflicto de legitimidades, como el planteado con el Estatut. ¡°Entraremos en terreno desconocido¡±, reconoci¨® Mas en la entrevista citada; pero a?adi¨®: ¡°Yo mismo me pregunto si nos podemos ahorrar ese camino, y la respuesta es no¡±. ?Es eso lo que CiU ofrece a los catalanes, un enfrentamiento entre el principio democr¨¢tico y el de legalidad? ?Renunciar al pactismo y convertir un problema dif¨ªcil en uno irresoluble?

Puede que no del todo. Un d¨ªa despu¨¦s, el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, mediaba entre la representaci¨®n andaluza y el ministro Montoro para evitar el rechazo del plan de ajuste presentado por esa comunidad. En la tradici¨®n de intervenci¨®n en la pol¨ªtica espa?ola en defensa de intereses compartidos con el resto de Espa?a, incluyendo Andaluc¨ªa, cuyo primer proveedor es Catalu?a.