Oriol Pujol ¡°impuls¨®¡± la trama corrupta

El secretario general de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, no solo ayud¨®, presuntamente, a una red de corrupci¨®n: particip¨® en ella con ¨¢nimo de lucro. Un reciente informe de la Agencia Tributaria se?ala que el hijo del expresidente catal¨¢n, Jordi Pujol, forma parte de una iniciativa empresarial que pretend¨ªa lograr, de forma fraudulenta, la adjudicaci¨®n de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energ¨¦tica gracias a sus contactos en la esfera pol¨ªtica. Pujol ¡°proporciona el impulso y el apoyo necesario¡± para que el proyecto ¡°llegue a buen fin¡± y, presuntamente, ¡°tendr¨ªa indirectamente participaci¨®n accionarial en Upprime Energy a trav¨¦s de Sergi Alsina¡±, se?ala el informe.

Upprime Energy es la empresa creada por dos de los empresarios imputados en la investigaci¨®n judicial ¡ªAlsina, amigo ¨ªntimo de Pujol, y Sergi Pastor¡ª y por responsables de Ficosa ¡ªmultinacional de componentes para el autom¨®vil¡ª para obtener adjudicaciones de ITV y promover cambios legislativos que hagan obligatorias las inspecciones sobre ahorro de energ¨ªa en los hogares. Uno de los implicados llega a proponer, en una conversaci¨®n que figura en el sumario, que el consumidor pague 50 euros por inspecci¨®n. Hacienda remarca que la participaci¨®n de Pujol es ¡°indirecta¡±, ya que su nombre no figura ni en Upprime ni en ninguna de las empresas interpuestas en torno a esta.

Los investigadores estiman que fij¨® los ¡°porcentajes¡± de cada uno en la operaci¨®n

Los funcionarios de Hacienda no aclaran cu¨¢l es la v¨ªa por la que se preve¨ªa que el dinero llegase a manos de Pujol. Pero subrayan que su papel en ese engranaje es clave y que es ¨¦l quien defini¨®, supuestamente, ¡°los porcentajes de participaci¨®n¡± de cada uno de ellos. ¡°Oriol le ha dicho a Alsina que apriete¡±, dice el empresario Pastor, en alusi¨®n a las negociaciones. Se da la circunstancia de que la esposa de Pujol, Anna Vidal, emite facturas de forma regular a trav¨¦s de su empresa (Avima) a una firma de Alsina. Una de ellas, del pasado octubre, asciende a 200.000 euros. Hacienda sospecha que se trata de facturas fraudulentas porque no se corresponden, en realidad, con ning¨²n trabajo realizado.

El proyecto empresarial viene de lejos, pero se concret¨® en 2011. Hace exactamente un a?o, Alsina envi¨® un revelador SMS a su amigo pol¨ªtico: ¡°Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Ser¨¢ un buen proyecto¡±. Esa misma noche, todos los implicados cenan en casa de Alsina, en Barcelona. La felicidad embarga al empresario a¨²n al d¨ªa siguiente, cuando vuelve a comunicarse por mensaje de texto con Xavier Pujol, de Ficosa: ¡°Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto juntos. Un abrazo¡±. Ese verano constan al menos tres encuentros entre Pujol y los imputados. Estos son conscientes de que las empresas deben crearse ¡°con la m¨¢xima opacidad¡±, dice Alsina, al que llegan a sugerirle incluso que no figure su nombre ¡°para que no le vinculen con Oriol¡±.

Las sospechas de la Agencia Tributaria sobre Pujol son compartidas, en parte, por la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, Silvia L¨®pez Mej¨ªa. En un auto dictado el mes pasado, la juez pide al organismo p¨²blico que elabore ¡°un informe recopilatorio de la intervenci¨®n en los hechos de Oriol Pujol Ferrusola¡±. La magistrada explicita que ¡°se hagan constar todas las referencias y conversaciones relativas al mismo con las correspondientes transcripciones, as¨ª como cualquier documental relacionado¡±. La decisi¨®n es significativa, ya que Pujol es diputado en el Parlamento catal¨¢n y, por su condici¨®n de aforado, si hay indicios de delito es el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a el que debe decidir sobre su imputaci¨®n. Y para ello necesita que la juez instructora le env¨ªe ese informe.

No es la primera vez que la juez alude al papel de Pujol en la trama. Lo hace tambi¨¦n en un auto del pasado marzo, cuando orden¨® la entrada y registro en los pisos de los detenidos: Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, del que depende el sector de las ITV; Josep Tous, el hombre de las ITV de Converg¨¨ncia que fue fichado como mediador con los operadores; y Ricard Puignou, empresario de las ITV, adem¨¢s de Alsina y Pastor. La trama es una derivada del caso Campe¨®n, de presunta corrupci¨®n. En el auto, L¨®pez se?ala que Alsina ¡°es el encargado de utilizar los contactos pol¨ªticos necesarios, que b¨¢sicamente se concretan en la figura de Pujol¡±. El empresario ¡°no duda en utilizar su amistad¡± con el secretario de CDC ante las ¡°dificultades¡± para conseguir los objetivos que persigue la trama: anular un concurso de ITV para crear otro a su medida e impulsar un proyecto de certificaciones energ¨¦ticas bajo la protecci¨®n del partido que comanda la Generalitat.

¡°Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto¡±, dice uno de los empresarios

Hay otra circunstancia que estrecha a¨²n m¨¢s el c¨ªrculo en torno a Pujol, al que algunos de los implicados se refieren con el apelativo de Zumosol. Modest Llopis, un abogado ¡°de su confianza¡± y que le lleva los asuntos personales, seg¨²n la juez, fue el encargado de constituir y asesorar a las dos empresas instrumentales que se crearon para que gestar Upprime. Aunque en sus conversaciones es prudente ¡ªapenas hay llamadas comprometedoras en el sumario¡ª, Oriol Pujol est¨¢ en boca de todos los implicados. Estos le mantienen informado puntualmente de todo. En especial, sus amigos Alsina y Tous. La carrera pol¨ªtica de este ¨²ltimo ha ido siempre ligada a la de Pujol. El l¨ªder de CDC, de hecho, le propuso como n¨²mero dos de la Diputaci¨®n de Barcelona ¡ªnombramiento que se frustr¨® por el esc¨¢ndalo¡ª y dio su nombre para ejercer de ¡°mediador¡± en las ITV. Tous, que cobraba al mismo tiempo de la Generalitat (mediante contratos a dedo) y de Alsina, fing¨ªa actuar ¡°por el inter¨¦s p¨²blico¡± cuando lo hac¨ªa, en realidad, ¡°representando intereses particulares¡±, remacha la juez.

En uno de los pinchazos, Pujol informa a Alsina de que el abogado, Llopis, est¨¢ ¡°ayudando a Tous¡± para mantener como obligatorias unas revisiones que el Gobierno catal¨¢n quiere suprimir. Pujol pregunta cu¨¢l ser¨ªa la ¡°remuneraci¨®n legal¡± para ello, y Alsina le responde que 2.500 euros al mes.