La Ley de Transparencia incluye penas de c¨¢rcel para quien falsee las cuentas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia con una novedad, la inclusi¨®n de penas de c¨¢rcel para quienes falseen las cuentas, oculten datos o los divulgue siendo falsas y, con ello, generen un perjuicio econ¨®mico para la administraci¨®n. La modificaci¨®n del C¨®digo Penal se?alar¨¢ que las penas de prisi¨®n para quienes sean acusados de esta pr¨¢ctica oscilar¨¢ entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa ha explicado que esta modificaci¨®n se ha incluido siguiendo las sugerencias de los dict¨¢menes del Consejo General de Poder Judicial y del Consejo de Estado. Hasta ahora, la pena que se preve¨ªa incluir en el C¨®digo Penal por esta pr¨¢ctica era ¨²nicamente de inhabilitaci¨®n, por un total de hasta diez a?os. El proyecto incluye otro cambio, que es una modificaci¨®n de la Ley Electoral, por la que los gestores p¨²blicos que sean sancionados por la comisi¨®n de una infracci¨®n muy grave ser¨¢n "inelegibles", es decir, que se extender¨¢ la inhabilitaci¨®n de por vida.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que, sin embargo, suaviza otras medidas coercitivas anunciadas en un primer momento por la vicepresidenta del Gobierno en lo relativo a los malos gestores.

La redacci¨®n inicial del texto provoc¨® la advertencia de los expertos ya que esta pod¨ªa causar una cuesti¨®n de incostitucional por invadir competencias auton¨®micas. Por ello, el Gobierno realiz¨® un cambio en el anteproyecto antes de que este fuera remitido a los ¨®rganos consultivos.

Es un ¡°nueva filosof¨ªa de lo p¨²blico y pretendemos que de consenso¡±, ha se?alado S¨¢enz de Santamar¨ªa respecto a la ley.

En un principio, la ley arrogaba el poder para sancionar a altos cargos de las Administraciones auton¨®micas y locales al ministro de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, pero el anteproyecto finalmente se vari¨® para precisar que cuando los infractores no pertenezcan a la Administraci¨®n general del Estado, la competencia para la imposici¨®n de sanciones corresponder¨¢ a ¡°los ¨®rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario propio de las Administraciones en las que presten servicio¡±. De esta manera, el ministro no podr¨¢ sancionar o llegar a destituir, tal como se?al¨® Santamar¨ªa, a ning¨²n cargo auton¨®mico o local, sino que tendr¨¢ que ser cada Administraci¨®n la que castigue las infracciones.

Respecto a las penas que la futura ley explicita para los gestores, el Consejo General del Poder Judicial ya advirti¨® de que el texto no penaliza el hecho de gastar por encima de lo presupuestado, no penaliza al despilfarrador sino solo el falseamiento de las cuentas. En este caso, el Gobierno no ha admitido la sugerencia del Poder Judicial.

Seg¨²n el informe del CGPJ sobre los cambios normativos en el C¨®digo Penal, la figura delictiva que se ha introducido ¡°el bien jur¨ªdico que se pretende proteger es la autenticidad de la documentaci¨®n contable y financiera de la entidad, para evitar que de su falseamiento pueda derivar un perjuicio econ¨®mico, mas no, necesariamente, el hecho de originar gastos al margen de lo presupuestado o autorizado¡±.

As¨ª el Consejo recomend¨® tipificar dicha conducta, es decir, formular una sanci¨®n penal para el despilfarrador, ¡°sancionar la realizaci¨®n de gastos sin habilitaci¨®n presupuestaria o, en su caso, una vez agotado el cr¨¦dito disponible, en vez de extender a la entidades p¨²blicas el delito de falseamiento contable previsto en el art¨ªculo 290 del C¨®digo Penal¡±, tal como indica el informe del Consejo.

El apartado de Buen Gobierno ser¨¢ vigente en cuanto se apruebe la Ley y se publique en el BOE

As¨ª, el apartado del Buen Gobierno que, en principio, supon¨ªa una hilera de normas de obligado cumplimiento para todos los gestores tiene su capacidad sancionadora bastante mermada, aunque la Ley de Estabilidad presupuestaria marca una intervenci¨®n pol¨ªtica suficiente como para que autonom¨ªas y corporaciones locales se plieguen al mandato de cumplir lo establecido en ella.

El anteproyecto ha pasado tambi¨¦n por la Agencia de Protecci¨®n de Datos y el Consejo de Estado, que han remitido sus preceptivos y no vinculantes dict¨¢menes, antes de iniciar la tramitaci¨®n en el Congreso. Mientras el apartado del Buen Gobierno iniciar¨¢ su vigencia en cuanto la norma sea probada y publicada en el BOE, lo referente a la Transparencia tiene un per¨ªodo de cumplimiento de un a?o, a partir del momento de su publicaci¨®n.

Las organizaciones que trabajan en esta materia destacaron las m¨²ltiples excepciones del anteproyecto y el hecho de que no se considerara el acceso a la informaci¨®n como un derecho fundamental. Pese a ello, la satisfacci¨®n porque Espa?a comience a tener una Ley de Transparencia fue ampliamente se?alada.